Pasaron seis años y un mes del secuestro de Pablo Belluscio y ayer el delito, que incluyó el corte de un dedo de la víctima, quedó impune, en un final que se veía venir. Los jueces absolvieron a los cuatro imputados y virtualmente denunciaron a la fiscal federal Rita Molina, la preferida del otrora ingeniero Juan Carlos Blumberg, por haber realizado una investigación que no aportó ni las mínimas pruebas para sostener la acusación. Por ejemplo, los magistrados revelaron en su fallo que la causa contó con trece testigos de identidad reservada de los cuales cinco tuvieron que ser desistidos porque no se pudieron encontrar ni siquiera los sobres en los que constaban sus nombres y sus datos personales. “La evidencia se presentó dispersa, desprolija; han aparecido datos cuyas concordancias se ignoran en lo absoluto y hasta para qué, con qué finalidad, se han recolectado”, cuestionan los jueces. “Estamos aquí –dice el fallo– para decidir ante una actuación en la que no se ha señalado una llamada, una grabación, un secuestro, un entrecruzamiento de datos, un testigo que, por sí y dando razón de sus conocimientos, permita arrojar luz al margen de toda duda sobre la autoría de los hechos.”

Los integrantes del Tribunal Oral Criminal (TOC) 2 de San Isidro, Clarisa Moris, Oscar Zapata y Lino Mirabelli, ordenaron que se investigue por falso testimonio a varios policías, entre ellos, a un integrante de la Departamental de Investigaciones de San Isidro, Pablo Machicote. En su momento, Página/12 siguió de cerca otro caso de secuestro en el que la investigación también estuvo en manos de la fiscal federal Rita Molina y el policía Machicote. En aquella oportunidad se trató de tres humildes trabajadores, sin antecedentes penales, Darío Neves, Diego Frías y Martín Seviranes, quienes estuvieron treinta meses presos después de la instrucción del expediente por Molina y el aporte de elementos –todos falsos– del policía Machicote. Igual que los imputados por el secuestro de Belluscio, a Neves, Frías y Seviranes no se les detectó ni una llamada que los vinculara con un delito, no se encontró nada en ningún allanamiento y podían probar dónde estaban en el momento en que se produjeron los hechos. Neves, Frías y Seviranes fueron absueltos por el tribunal oral.

Ayer, los jueces trazaron un cuadro idéntico. De los testigos de identidad reservada, la mayoría no apareció. Ni siquiera se los pudo localizar, algo que es de responsabilidad de quien eleva la causa a juicio oral –la fiscal Rita Molina–, ya que los testigos son fundamentales para la acusación. Los magistrados dijeron en su fallo que “en la instrucción del caso aparecieron declaraciones que no se pueden tomar por ciertas y concluyentes, ya que eran comentarios que se colectaron en el barrio y provienen de personas que no se identificaron”.

Rita Molina, tantas veces elogiada por Blumberg por su supuesta dureza, instruyó la causa desde el principio. Luego hubo un breve período de cuatro meses que estuvo en manos de Jorge Sica y finalmente pasó otra vez a Molina, quien se ocupó de la parte decisiva, la elevación a juicio. Es que en esa instancia se juntan todas las pruebas y se fundamenta la acusación. En verdad, lo que sucedió fue que se trataba de la época en que los secuestros extorsivos eran un delito con enorme repercusión mediática y lo que se hizo en estas causas fue creer todo lo que decían los policías, aun cuando tuviera un fuerte olor a armado falso. En el caso Belluscio, por ejemplo, se detuvo a los que supuestamente eran los cuatro responsables, pero nunca se pudieron encontrar los 148.000 dólares que se pagaron como rescate al cabo de los 43 días de cautiverio que sufrió el muchacho. Lo peor de la situación es que tal vez alguno de los imputados sí tuvieron que ver con ese delito –Horacio “Lala” López, uno de los imputados, ya fue condenado por el secuestro de Ernesto Rodríguez, padre del productor Jorge “Corcho” Rodríguez–, pero la instrucción deficitaria impidió la condena.

Juan Carlos Planes, abogado defensor de Manuel Valenzuela, alias “El Chileno Manolo”, y Horacio “Lala” López, se mostró satisfecho por la absolución de sus defendidos, pero reveló un dato de importancia: “A Belluscio ni siquiera lo llevaron a reconocer el lugar donde supuestamente estuvo secuestrado. Además, los testigos que se presentaron dijeron cosas totalmente distintas a lo que figuraba en el expediente y terminaron denunciando a la fiscal y a los policías”.

Incluso, el ex policía Juan Carlos Gómez, condenado por el secuestro de Mirta González –a quien también le amputaron un dedo–, quien había acusado a toda la banda por el secuestro de Belluscio, se desdijo ahora de su primera declaración, argumentando que había sido torturado.

Según el fallo, “lo cierto es, definitivamente, que la información que dijeron tener fue imposible de corroborar y no solamente por lo dicho respecto de los testigos, sino porque ellos mismos, los funcionarios, no pudieron aportar datos relevantes y precisos en cuanto a la determinación del origen y la veracidad de aquellas afirmaciones que llevaron a imputar a los acusados”.

Los magistrados señalaron que tal vez la fiscalía y los investigadores estaban desbordados, pero lo cierto es que “no se puede dictar una condena infundada, sostenida en virtuales meros comentarios barriales”. La óptica del abogado Planes pareció más tajante: “En aquella época había muchas presiones y la fiscalía y la policía trataron de exhibir, de cualquier manera, resultados”. Planes recordó que Rita Molina convocó a una conferencia de prensa –apadrinada por Blumberg– y remató en aquella oportunidad con una frase: “San Isidro puede dormir tranquila”.