El gobernador de Mendoza, Celso Jaque, admitió ayer que analiza la posibilidad de aplicar en la provincia una solución penal farmacológica para los violadores reincidentes. Como ocurre en Alemania, Dinamarca, Polonia y en los estados norteamericanos de Texas, California y Montana, el gobernador mendocino convocó a un “comité de expertos” (científicos y abogados) para que analice la posible implementación de la castración química en violadores reincidentes. Después del polémico anuncio, algunos especialistas expresaron sus críticas al proyecto.

“En primer lugar, estamos partiendo de un diagnóstico equivocado: históricamente, el discurso justificador era que las violaciones se producían por impulsos irrefrenables y viles, como si el victimario estuviera descontrolado. Cuando entendemos que no es una cuestión física, de erección, sino de abuso de poder, la resolución social de esa problemática nunca puede ser química”, afirmó Marcela Rodríguez, abogada feminista y directora del grupo Justicia y Género del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp). La legisladora explicó además que “en términos de derechos humanos, es una pena contraria a nuestro Código Penal y a los pactos internacionales”.

Con un origen que se remonta a las campos de concentración nazi, la castración química es un método que se utiliza desde 1946 para impedir la reproducción del cáncer de próstata mediante la supresión de la testosterona. El objetivo judicial: mezclar dos fármacos para inhibir el deseo sexual en convictos que hayan recuperado su libertad. Ayer, en una conferencia de prensa, el gobernador Jaque explicó que evalúa implementar la medida porque, según estadísticas provinciales, en Mendoza “una persona cada tres días” es víctima de violación y los atacantes, en su mayoría reincidentes, son calificados como “enfermos graves” por los especialistas.

En diálogo con Página/12, la abogada Zulita Fellini –ex jueza y actual titular de la materia Delitos contra la Integridad Sexual del posgrado de Derecho Penal de la UBA– también sostuvo que en algunos casos el abusador es un enfermo. “Aunque mi posición es que en determinadas situaciones los violadores deben ser curados y los delitos de abuso deben estar fuera del Código Penal y legislados de otra manera, la castración química es una intromisión demasiado severa en el cuerpo” de la persona. Además, según la jurista, la disminución farmacológica del deseo sexual “es una forma de pena y como jueza no me hubiese aventurado a aplicar un castigo semejante”. La negativa de Fellini es primero humanitaria (“soy partidaria en cualquier tipo de delitos de usar penas menos gravosas, menos extremas”, pero también legal. Porque, “el Código Penal es de carácter federal y las provincias no pueden aplicar medidas antojadizas: ni pena de muerte ni castración química”, admitió Fellini.

Para Rodríguez, “no existen estudios serios en Argentina que determinen si el violador sufre una patología o si debe ser sujeto de derecho”. Sin embargo, “lo que es seguro es que si partimos de una premisa equivocada, la solución nunca va a ser adecuada –afirmó Rodríguez–. La violación o el abuso son formas en su máxima expresión de la violencia de género”. Es decir, son manifestaciones del abuso de poder “que si se suprime la erección se pueden realizar con cualquier otro medio”, explicó Rodríguez.

Después de que el gobernador anunciara la polémica medida, el ministro de Salud mendocino, Sergio Saracco, remarcó que “se deberá hacer un diagnóstico de la situación ya que no todos los abusadores poseen el trastorno psicológico que lleva generalmente a cometer una violación”. De todas maneras y sin esperar la evaluación del “comité de expertos”, los funcionarios están trabajando en el futuro tratamiento para los condenados por abuso: “Al igual de como se realiza en otros países, comienza una vez que el delincuente cumplió la condena y se hace en forma periódica, con la obligación de concurrir a un centro hospitalario cercano a su domicilio”, explicó Saracco.

El producto químico, que “puede suministrarse a través de comprimidos diarios o bien de manera inyectable en forma periódica”, se aplicará de manera voluntaria u obligatoria, según el ministro de Salud. En este último caso, “sería necesaria una orden judicial o una ley que respalde su aplicación de manera compulsiva, a fin de evitar o disminuir la reincidencia en este tipo de hechos”.

Para Rodríguez, “básicamente la castración química es contraria a los derechos humanos resaltados por los pactos internacionales a los que adherimos en nuestra Constitución”.

Informe: Mariana Seghezzo.