Primero preguntó por ella. Y como no estaba, una voz masculina le dejó un mensaje: “Decile que le vamos a cortar el cogote y lo vamos a colgar en el mástil para que flamee junto con la bandera frente al municipio...”. Esa fue la amenaza anónima dirigida a la subdirectora de Políticas de Género de Santa Rosa, Mónica Molina, que recibió el miércoles una telefonista de esa comuna de La Pampa. Molina la relacionó con el reciente allanamiento a un pub de la ciudad en el que fue rescatada una adolescente de 17 años, que era explotada sexualmente, y detenida su regenta. “Ante este amedrentamiento, lo mejor que hay que hacer es sostener con firmeza lo que hemos implementado. No hay que desviar el eje, el problema es la existencia de este delito en la ciudad y en la provincia, y desde el municipio no vamos a dejar de actuar”, aseguró la funcionaria en diálogo con Página/12.

Desde que llegó al municipio de Santa Rosa, Molina ubicó el drama de la trata de mujeres para explotación sexual entre los temas prioritarios de la agenda política local. En pocos meses logró que el Concejo Deliberante prohibiera la habilitación de locales nocturnos que funcionan como pantallas de prostíbulos. Y consiguió que otras intendencias pampeanas siguieran el mismo camino. Molina es periodista, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, directora de la publicación Uban@s en Red, y tiene una larga militancia gremial y en la defensa de los derechos humanos. “Al estar frente a una víctima de trata, escuchar el relato de su vida, el dolor que expresa con su cuerpo, con sus palabras, es imposible no comprometerse”, dijo, luego de las amenazas, que llevaron al gobierno provincial a brindarle su respaldo y custodia policial.

Molina está convencida de que hay “una pata importante que falta” para combatir la trata y es “la investigación de la ruta del dinero” de quienes regentean los burdeles. “La AFIP tiene que involucrarse, al menos investigando el enriquecimiento que algunos/as tratantes hacen a costillas del sometimiento del cuerpo de las mujeres”, desafió esta mujer que no les tiene miedo a las mafias que hace años se aprovechan de la pobreza de muchas jóvenes para convertirlas en esclavas sexuales.

–¿Cómo analiza el movimiento que se está dando en La Pampa a partir de la sanción de la ordenanza que prohibió las whiskerías en Santa Rosa?

–Es un proceso muy interesante. La clave ha sido la fuerte decisión política y la convicción ideológica acerca del lugar que tenemos que tener las mujeres en la sociedad. Primero se instaló en la opinión pública en Santa Rosa. Luego tres diputados y una diputada elaboraron proyectos de ley para seguir el mismo camino, que fueron presentados en la Legislatura provincial. También la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia tomó la iniciativa y está promoviendo la aprobación de ordenanzas similares. Paralelamente, hubo en la Justicia cambios positivos. Se rompió el mito de que con “esta gente” –los regenteadores de prostíbulos y tratantes– no hay que meterse.

–¿Cómo tomó esta política del municipio la ciudadanía en Santa Rosa?

–Hay ciudadanos que respaldan la política del municipio de decirle “No a la trata”, que saludan esta iniciativa, y también hay otros que creen que las mujeres que están en las whiskerías están “bien cuidadas”, y dicen que se va a generar un problema de salud pública, porque ya no se exige una libreta sanitaria con controles de enfermedades de transmisión sexual a las “coperas”. Por otro lado, está el impacto que generó en el movimiento de organizaciones no gubernamentales que se sumaron con un amplio respaldo.

–¿Los medios de comunicación locales los están acompañando?

–Fue notable el cambio en el discurso en los medios provinciales favorables a la comprensión de que no hay libre elección de las mujeres, sino que es una dolorosa opción cuando no hay qué comer, o cuando las condiciones del contexto familiar son difíciles para sobrellevar la vida.

–¿Cree que hay una voluntad política real de combatir la trata para explotación sexual en los concejales e intendentes que impulsaron ordenanzas similares en otras localidades pampeanas o es una forma de decir que hacen algo, pero en el fondo prefieren que nada cambie?

–Por ahora se observa una buena intención. No me atrevo a asegurar que falte compromiso, tal vez falte más información, más sensibilización a través de capacitaciones en los propios niveles de decisión para que conozcan la problemática de la trata. Es fundamental además la implementación de los contenidos de la Educación Sexual Integral en las escuelas. Hubo gente que se comprometió mucho, como el caso de Cleotilde Fuentes, que estaba en el área de la Mujer del municipio de General Acha, y luchó prácticamente sola. Actualmente hasta eliminaron esa dependencia en una localidad como Acha, que es una de las más importantes de la provincia. Hay que tener en cuenta que la Ley de Profilaxis tiene 70 años y muchos no sabían que los prostíbulos no estaban permitidos en el país y a otros muchos les convenía que nadie pateara el tablero, y a partir de ese marco se avanzó con la vertiente reglamentarista de la prostitución, cuando la Argentina tiene tradición abolicionista.

–¿Cuál es la posición del gobierno provincial al respecto?

–Ni. Creo que el gobierno provincial tiene menos compromiso que los intendentes/as, concejales/as que se atrevieron a poner en discusión en sus ámbitos este tema. Salvo la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, no hubo una definición política de las máximas autoridades del gobierno provincial. Ni siquiera el lógico respaldo a esta política pública que hubiéramos esperado del Consejo Provincial de la Mujer, que no dijo una sola palabra al respecto. Una muestra de ello es que en febrero las autoridades policiales decían que no había trata de personas en La Pampa, y hoy, a nueve meses de esos dichos, integrantes de la policía pampeana se han visto involucrados en el delito de trata, con connivencia. Un ejemplo es el caso del subcomisario de Lonquimay, el ex jefe de la Unidad regional, Hugo Benvenuto, que se manifestó contrario al cierre de los cabarets en un lugar emblemático como Macachín, con los burdeles que hay en el lugar, y luego se pidió el retiro y se conoció que su cuñada regenteaba un cabaret en General Acha.