El desembarco de la Policía Metropolitana en Puerto Pibes –el predio de Costanera Norte destinado a actividades de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social– se convirtió en un símbolo de las políticas del gobierno de Mauricio Macri en materia de seguridad y de niñez. Ocurrió a fines de marzo –tal como publicó en ese momento Página/12– y durante siete meses alteró un espacio donde hasta ese momento habían convivido los chicos con sus docentes. Después de una serie de reclamos de la comunidad de la escuela que funciona en ese predio, apoyado por gremios, organizaciones sociales, legisladores y de un duro dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ayer se escribió el último capítulo de esta historia: los efectivos de la Metropolitana vaciaron las dos oficinas que ocupaban y desalojaron definitivamente el lugar. Voceros del Ministerio de Seguridad confirmaron a este diario que se mudarán a Parque Sarmiento, donde ya está prácticamente terminada la construcción de un destacamento.

La policía de Macri llegó a Puerto Pibes el 30 de marzo de este año, sin previo aviso, para sorpresa de la gente que trabaja en el lugar: los maestros de la Escuela Nº 11 Indira Gandhi y el jardín de infantes anexo a los que concurren 200 chicos, en su mayoría habitantes de las villas 31 y 31 bis; y los trabajadores de Puerto Pibes, un espacio que depende de la Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social porteño.

Los efectivos habían ocupado dos “oficinas”, que hasta ese momento habían funcionado como habitaciones para alojar a chicos provenientes del interior, que viajaban a Buenos Aires como parte de programas de intercambio, o como salones de usos múltiples para actividades de pibes de distintos barrios porteños en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Las denuncias dieron pie a la intervención del Area de Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo, a cargo de Gustavo Lesbegueris, quien inició un expediente, y de la legisladora Liliana Parada (Proyecto Sur), quien presentó un recurso de amparo contra la intención del gobierno porteño de construir un muro que separe el destacamento policial del establecimiento escolar.

La presencia de personal que podría estar armado generó inquietud entre los padres y los docentes de los niños que concurren a la escuela y al jardín. Pero el mayor malestar se originó en la “carga simbólica” que representaba la presencia de un organismo represivo en un espacio destinado a los chicos con mayores problemas sociales. Lo expresó Lesbegueris en el dictamen de la Defensoría: “Si la impronta es la marca que, en el orden moral, deja una cosa en otra, las autoridades deberían reflexionar acerca de la carga simbólica que importa esta opaca cesión en ciernes en términos de rasgo de identidad de la naciente Policía Metropolitana”.

La policía porteña apareció en Puerto Pibes a partir de un convenio entre los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social, por el cual se cedía parte del predio, un codiciado espacio verde junto al río. La medida no parecía provisoria: se le ofreció a Puerto Pibes, a cambio, un espacio en Parque Roca, en el sur de la ciudad, donde sólo había unos baños y una construcción precaria y había que edificar el resto.

La presencia policial resultaba de esa manera una herida mortal para un programa que ya venía en proceso de vaciamiento. Creado en 1989, Puerto Pibes cuenta con espacio para 120 camas y lugares para esparcimiento. Allí se llevaban a cabo programas de turismo social y recreativo para adolescentes. Durante este año, el único programa que sobrevivió fue el curso de líderes recreativos.

Primero, la jueza porteña Andrea Dana hizo lugar al amparo presentado por la legisladora Parada y prohibió la construcción del muro con el que el Ministerio de Seguridad pretendía separar las instalaciones policiales de la escuela. El argumento: cualquier nueva construcción en ese parque debía contar con una modificación al Código de Planeamiento Urbano.

Luego, la resolución de la Defensoría recomendó al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que “disponga las medidas necesarias para evitar la instalación de oficinas de la Policía Metropolitana en el predio que ocupa Puerto Pibes”, al considerar “la posible afectación de los derechos de los niños que concurren a la Escuela Nº 11”.

Ayer, los efectivos de la Metropolitana se fueron como habían llegado: sin dar explicaciones ni argumentos. Voceros de la cartera de Justicia y Seguridad confirmaron que irán a Parque Sarmiento, donde se les construyó un destacamento.

“Todo el mundo está preocupado por la seguridad, pero la primera seguridad tiene que ver con no abandonar a los chicos, con atender a una comunidad que la está pasando mal”, dijo a Página/12 Edelina Zeballos, la directora de la escuela.

Para Lesbegueris, la revisión de la medida “muestra la contundencia de los argumentos esgrimidos por los sectores sociales, trabajadores e instituciones que se opusieron a la cesión, preocupados por mejorar las políticas públicas de inclusión para la niñez y la adolescencia”.

“Este es el resultado del compromiso de familias, docentes e integrantes de programas sociales que peticionaron y se movilizaron por la educación pública”, destacó Alejandro Demichelis, secretario general adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

“Ahora hay que lograr que Puerto Pibes retome los programas que habían sido desarticulados”, agregó la legisladora Liliana Parada.