Durante buena parte de sus 14 años de vida, para el Estado fue un arreglate-como-puedas. Pero en menos de veinte días, con una ayudita mediática y con información surgida del inefable olfato policial, parece como si hubiera pasado a cargar todas las responsabilidades incumplidas del mundo adulto. Lo llaman el Angel, aunque nadie sabe quién le puso el apodo, sin tomar en cuenta que en la misma jurisdicción al menos hay otro chico apodado del mismo modo. Lo que sí se sabe es quién le cargó encima el impresionante raíd de 60 “causas delictivas”, cuando en realidad sólo existen once denuncias ante la Justicia: las fuentes policiales, alentadas por las señales de mano dura que desde el gobierno bonaerense van arrojando a los repetidores de gacetillas. Ayer, un tribunal de familia platense analizaba el pedido de la Subsecretaría de la Niñez provincial para que el Angel fuera internado compulsivamente en un centro terapéutico, lo que no significa detención ni instituto, porque el tribunal de familia es del fuero civil, y la internación compulsiva es semejante a cualquier internación pedida por un familiar a la Justicia civil en un caso límite.

La medida solicitada, que no es restrictiva de la libertad porque no hay una orden judicial que ordene su detención, intenta ubicar al chico en un centro terapéutico como una medida sanitaria y no punitiva, como lo indican una larga enumeración de leyes provinciales, nacionales, tratados y convenciones y las constituciones provincial y nacional. El chico había abandonado (no fugado, ya que no estaba detenido) el anterior centro terapéutico, lo que revela, según señalan fuentes judiciales, que “hubo una errónea interpretación de la situación real para, sin detenerlo, evitar facilitarle el abandono de una casa con sólo levantar la tranquera”.

La lógica que indica que si hay o hubiera un problema de adicciones y marginalidad en un chico de 14 años, pretender resolver su problema (no el de los políticos) marginándolo en una celda, más que cura suena a castigo.

La pregunta es castigo de qué. Entonces surgen las 60 entradas en comisarías, que lo transforman en un “peligroso delincuente” y que a la larga, si sigue primando la información policial, lo será efectivamente por aquello de la profecía autocumplida, con lo que las fuentes policiales podrán jactarse de que estaban en lo cierto.

El Angel, pese a tener 14 años, no está lejos de esta situación. De hecho, su irrupción en los medios (o la irrupción de los medios sobre él) tuvo lugar con el intento de robo de una moto, en la que podría haber muerto o matado como suele ocurrir en la ley de la calle.

En todo este tránsito de peligrosidades, la sociedad está tan alterada por fuentes/medios/gobernantes que pierde la posibilidad de preguntarse lo que ocurre. Si hay 60 “causas en comisarías”, y a la Justicia sólo llegaron once, el problema no es el Angel sino el demonio que se lo transfiere. El Angel es a esta altura un instrumento para declamar por la baja de edad de imputabilidad, el regreso de los retrógrados e inservibles edictos policiales, y la mano dura contra todo lo que no sea una 4x4.

¿Por qué las comisarías no revelan las 60 “causas delictivas en comisarías” a la Justicia y sin embargo las susurran a los medios? Porque es ilegal la detención policial. Las detenciones por averiguación de antecedentes fueron derogadas por inconstitucionales. El lobby policial de todos modos obtuvo el DAI, demora por averiguación de antecedentes, pero que tiene un límite de 12 horas. Un chico o adolescente, menor a los 18 años, no puede ser mantenido en una comisaría por más de medio día sin informar a los padres y a la Justicia. En ese marco, el proyecto de ley de la senadora oficialista Edda Acuña, con media sanción en el Senado y al borde de su aprobación en Diputados, es uno de los reclamos del lobby policial que permitiría retener en una celda a un chico por infinidad de motivos que no se compadecen con la averiguación de identidad, tecnología informática mediante. En todo caso, de ser cierta la dificultad, el Angel estaría cargando otra culpa y castigo, esta vez por la ineficiente burocracia estatal que puede digitalizar las huellas dactilares pero es incapaz de averiguar la identidad de un chico que supuestamente ingresó en la comisaría sesenta veces.

Como demostración de políticas, el Angel no está encarnando por sí solo sino que es el visible de turno. En septiembre pasado, el defensor del fuero juvenil platense, Julián Axat, presentó una denuncia para investigar a la comisaría 1ª de La Plata, citando notas periodísticas en las que se mencionaba que “Josecito tendría ‘43 ingresos en la comisaría’ producto de una larga secuencia de ‘caídas’ desde el año pasado a la fecha”. Axat señaló en su denuncia que la cifra no se condice con los trámites judiciales reales iniciados. Y que la diferencia, grosera, casi 40, son intervenciones policiales no informadas a la Justicia por averiguación de identidad y lo que la jerga policial denomina como “entrega menor”, que consiste en llevarlo a su casa.

La peligrosidad adolescente no es propiedad de la Bonaerense. En la Capital, el caso de Piki reveló en julio pasado, que la práctica es en toda jurisdicción y que la peligrosidad se construye con palabras, sigilosamente, hasta que la víctima está en condiciones de creerse victimario y justificar su castigo.

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