El abogado de los familiares de las víctimas del accidente del vuelo 3142 de LAPA, que provocó la muerte de 65 personas y dejó 36 heridos de gravedad en agosto de 1999, pidió ayer penas mayores a diez años por “estrago doloso” y “prisión efectiva” para todos los integrantes de la empresa implicados como responsables del accidente. La pena máxima, de 15 años, recaería sobre el ex presidente y el ex vice de la aerolínea. En cuanto a los dos integrantes de la Fuerza Aérea acusados por ser los encargados de habilitar a los pilotos, las penas solicitados fueron de dos y tres años. La defensa presentó un pedido de nulidad del alegato argumentando que la querella presentó calificaciones y hechos que no estuvieron presentes durante el juicio. La semana próxima llegará el turno del alegato de los fiscales. La sentencia podría llegar a fin de mes o en febrero, cuando se cumplan dos años del inicio del juicio.

Las distintas responsabilidades, seleccionar el personal, capacitarlo, otorgar los descansos necesarios, fueron los aditamentos a la hora de diferenciar las escalas en las condenas pedidas por la querella. El abogado representante de las víctimas solicitó ayer 15 años de prisión para el ex presidente de LAPA Andrés Deutsch y para el ex vicepresidente Ronaldo Boyd, mientras que para los gerentes de operaciones de la compañía Fabián Mario Chionetti y Valerio Francisco Diehlse se solicitó una pena de 13 años. Las penas más bajas, acordes con la responsabilidad operativa, fueron de 12 años para el ex jefe de la línea 737 Gabriel María Borsani y de 10 para la ex la gerente de Recursos Humanos Nora Arzeno. Para todos los acusados se pidió “prisión efectiva”.

En el caso de los ex oficiales de la Fuerza Aérea Damián Peterson y Diego Lentino, encargados de habilitar a los pilotos, el pedido de penas fue de tres y dos años, respectivamente. “También están acusados por estrago doloso, pero no tienen el agravante de la responsabilidad por la muerte de los pasajeros”, explicó Wortman en diálogo con Página/12.

La defensa de los empresarios respondió al alegato de Wortman pidiendo la nulidad por considerar que se estaban presentando calificaciones y hechos que no estuvieron presentes durante el juicio. Wortman, que rechazó el pedido de nulidad, indicó que “lo que los sorprendió (a los abogados defensores) fue que pidiéramos penas tan altas y prisión efectiva, por eso recurrieron a la nulidad. Pero demostramos a los jueces que todos los temas se habían discutido durante el período de juicio. Además, el cambio de calificación no afecta el principio de connivencia en la medida que la plataforma fáctica es la misma. Y no cabe duda de que lo que investigamos son las responsabilidades de la empresa”.

El proceso –que mantiene a la jueza María Cristina Sanmartino, después de su pedido de pase a jubilación denegado– continuará el miércoles y jueves próximo con la presentación del alegato de los fiscales Carlos Rívolo y Guillermo Friele. Luego quedará la presentación de todas las defensas para esperar un receso hasta el fallo del tribunal encabezado por Leopoldo Bruglia, que podría darse en febrero, a dos años del inicio del juicio.