“Frente a delincuentes que están dispuestos a todo, nosotros también tenemos que estar dispuestos a todo como sociedad”, afirmó Daniel Scioli durante una conferencia de prensa en la que, junto con sus ministros de Seguridad, Carlos Stornelli, y de Justicia, Ricardo Casal, procuró dar señales de fortaleza tras los episodios de Derqui y de Wilde. El gobernador bonaerense también advirtió que, el lunes, insistirá para que se reforme del Código de Contravenciones, de manera que la policía cuente con más poder, algo que, aseguró, ayudará a tomar medidas “ante estos asesinatos a mansalva con irracionalidad”. Y anunció la instalación del Grupo Halcón en el norte del conurbano. Casal anunció que la Cámara de Casación Penal duplicará la cantidad de salas (de 3 a 6), de manera que sea posible lograr sentencias definitivas en seis meses, en lugar de los doce actuales. “Me hago eco del clamor popular, entiendo el enojo de la gente y la bronca de los vecinos”, señaló Scioli, quien también dijo sentirse ante una misión: “Estoy ante el principal desafío de mi vida: defender la vida de 16 millones de habitantes, proteger, cuidar a la provincia”.

La conferencia de prensa, que se realizó en la sede que la provincia tiene en la ciudad de Buenos Aires, no escatimó definiciones y arengas. “Hay que avanzar en cercar, en acorralar a estos delincuentes, en llevarles adelante la mayor presión por parte del Estado y darles también herramientas a nuestra Policía”, afirmó Scioli, quien no dudó en subrayar la necesidad de transformar el marco legal vigente. “Entendemos que dada la característica de los delitos que estamos enfrentando, es necesario seguir avanzando sobre más cambios en las leyes que nos permiten abordar esta nueva realidad, en lo que pueden parecer infracciones menores, contravenciones, pero que después se convierten en desenlaces de delitos mayores”.

Con el transcurso de los años y el agravamiento de los delitos, afirmó, “quedaron algunas figuras obsoletas con respecto a la realidad”, por lo que “son necesarias leyes más rigurosas que se encuadren directamente en estas conductas que estamos viendo sin precedentes en función de la irracionalidad que vemos entre la causa de movilidad de llevar adelante un robo y la manera brutal en que atacan a las víctimas”.

Las reformas, insistió, deben alcanzar también al ámbito nacional, en especial en lo que al proyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil respecta, una iniciativa que tiene media sanción. “Esperemos que haya sanción definitiva para que quede claro que no es que un menor puede matar y no va a pasar nada. Porque si bien desde el Estado invertimos en educación, y tratamos de generar las condiciones para que esto no ocurra, cuando ocurra tiene que haber una respuesta del Estado.”

En la mañana del lunes, Scioli y Balestrini tendrán una reunión con el presidente y la vicepresidenta de la Corte Suprema provincial, Luis Genoud e Hilda Kogan, a quienes expondrán las reformas que, por la tarde, volverán a impulsar en la Legislatura bonaerense. Las reformas al Código Procesal Penal proponen, explicó el ministro Casal, que el uso de armas de fuego o menores de edad en la comisión de un delito se consideren “una condición negativa” a la hora de pedir la excarcelación. La modificación avalada por Scioli, amplió Casal, incluye “como factor determinante en el régimen excarcelatorio la reiterancia o multireiterancia de delitos, situación que hoy se analiza individualmente por causa y no por totalidad de causas, lo cual implica una facilidad extrema en la concesión de la excarcelación”.

El Grupo Especial de Operaciones Halcón, anunció por su parte el ministro Stornelli, en diciembre se instalará en Vicente López, una mudanza que, según explicó, facilitará la movilidad ante emergencias. El grupo, dijo, funciona en la Escuela de Policía Juan Vucetich, ubicada en Berazategui. En su nuevo lugar, donde contará con helipuerto, “va a servir a todos los distritos del Gran Buenos Aires”, y también tendrá tareas de “prevención”, como el patrullaje aéreo en horas pico y “operativos sorpresivos sobre asentamientos o lugares donde se presume que puede haber más conflicto con el delito o refugio de delincuentes”.