En marzo de 1982 J. Q. Wilson y G. L. Keling publicaban un trabajo titulado “Ventanas rotas. La policía y la seguridad en los barrios”, que se convertiría en aquellos años en uno de los emblemas de las campañas de “Ley y Orden” que se implementarían en los Estados Unidos tras el declive del estado de bienestar, el consecuente recorte del gasto social y la escalada de un proceso masivo de pauperización. La “teoría de las ventanas rotas” fue soporte teórico esencial en la adopción de las llamadas políticas de tolerancia cero.

La idea general del texto era que, controlando “incivilidades” –encerrando indeseables– se lograría poner coto a la ola de criminalidad, lo cual proponían alcanzar mediante una presencia policial masiva en las calles. Muy lejos de haber incidido en las cifras de delito, la implementación de tales políticas convirtió a Estados Unidos –por lejos– en el país más encarcelador del planeta.

En declaraciones que parecieran ser citas textuales del referido trabajo, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a su fiscal-ministro Carlos Stornelli y a un trío de megaestrellas televisivas autoproclamadas portavoces del sentir popular, impulsa su “nuevo” Código Contravencional queriendo inculcar al electorado que se trata de una propuesta innovadora que será la panacea para la delincuencia.

Proyecto que, tras resolver (sin discusión mediante) el “problema” de la edad de imputabilidad, penaliza severamente conductas –o más bien estados– tales como el merodeo, la prostitución “escandalosa” o el cuidar coches en la vía pública sin autorización, así como la protesta social al criminalizar –eufemismo mediante– a quienes circularen por la vía pública con atuendos que oculten el rostro, binomio que permite sospechar que se piensa más bien en reprimir a organizaciones de piqueteros que a los cortes de la abundancia en rutas nacionales protagonizadas por tractores y camionetas cuatro por cuatro.

Estas figuras –que no son patrimonio de este proyecto sino que han regido en la provincia durante muchos años como herramientas de jardinería social– se pretende sean aplicadas gracias a una recuperación de la calle (así reza el slogan del proyecto Stornelli-Scioli) por parte de la Policía Bonaerense, habilitando además la detención en comisarías, continuando así con el incumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema en “Verbitsky” (2005) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio” (2003).

Si bien no es esperable –por sencillas razones materiales y financieras– que lleguemos a los niveles de encarcelamiento de los Estados Unidos, no debemos confiarnos: el proyecto en cuestión es un cheque en blanco no sólo para que la policía siga encarcelando pobres por su mera condición de tales, sino además para exacerbar el incremento de la población carcelaria, empeorando la grave situación de hacinamiento y malos tratos en el interior de las prisiones.

Quizá el poner al descubierto las racionalidades que nutren estas propuestas, así como la demostración de los catastróficos efectos que ellas han tenido en otros ámbitos en que ya han sido aplicadas, nos permitan tomar conciencia de que no nos encontramos más que frente a otra manifestación de las pulsiones punitivistas e intolerantes de los gobernantes que en nada solucionarán los reclamos legítimos de la población por mayor seguridad ciudadana sino que, muy por el contrario, seguirán siendo una huida frente a una deuda eternamente pendiente para con la comunidad: acabar con la inseguridad social.

* Abogado. Master en Sistema Penal y Problemas Sociales, Universidad de Barcelona. Profesor de posgrado en Política Criminal y Criminología (Universidad de Palermo).