La Justicia de Chubut le negó a una adolescente de 15 años su derecho a interrumpir un embarazo producto de una violación, cuya continuación podría poner en riesgo su salud psíquica. En un fallo que se conoció ayer, la jueza de Familia N° 3 de Comodoro Rivadavia, Verónica Daniela Robert, rechazó el pedido que había hecho la jovencita en los tribunales. La sentencia cayó muy mal en el Ministerio de Salud de la Nación. La titular del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), Paula Ferro, cuestionó la decisión: “Es un caso que encuadra en los permisos para abortar previstos en el Código Penal. Es importante no judicializar estas situaciones, que se deben resolver en el ámbito de la salud pública. Hay que garantizar el derecho de la niña a un aborto no punible”, señaló Ferro, en diálogo con este diario. Según trascendió, la madre de la adolescente apelará la resolución judicial. Ferro adelantó que desde el PNSSyPR la acompañarán en su reclamo. El gobierno de Mario Das Neves guardó silencio sobre el caso.

“Hay riesgo de vida y para la salud de la niña. Su pedido encuadra en los casos de abortos no punibles previstos por la ley”, coincidió Mabel Bianco, presidenta de FEIM e integrante del Comité Coordinador del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales, que integran un abanico de ONG de todo el país.

El embarazo tendría ya más de tres meses. Tal como informó ayer este diario, la adolescente amenaza con suicidarse si no la dejan interrumpirlo. Según denunció ante la Agencia de Delitos contra la Integridad Sexual y las Relaciones Familiares de Comodoro Rivadavia, el ataque sexual fue perpetrado por su padrastro, que es agente de la policía provincial y convivía con ella y su madre desde hacía ya tiempo. El relato de la violación fue validado por peritos del organismo, a cargo de la fiscal Liliana Ferrari. El acusado permanece en libertad. La fiscal pidió su prisión preventiva, pero la jueza Margarita Psister, que interviene en la causa penal, la denegó.

El caso no debió judicializarse. El Código Penal no establece que debe pedirse autorización cuando se trata de abortos no punibles. La práctica se debe realizar en el marco de la intimidad de la atención de cualquier intervención médica y posteriormente, si llegara a haber una denuncia, la Justicia evaluaría si encuadraba en los permisos previstos. “Muchos médicos y la población en general manejan información errónea y piensan que todos los abortos están penados por la ley, pero esto no es cierto. El Código Penal Argentino reconoce desde su sanción dos excepciones en las que el aborto no es un delito: 1) cuando está en riesgo la vida o la salud de la madre y 2) cuando el embarazo es producto de una violación”, aclaró Bianco. Para el equipo legal del PNSSyPR, el caso encuadra en los dos supuestos, dado que está en riesgo su salud psíquica y además la gestación es producto de una violación.

“Es necesario –expresó Bianco– que tengamos normas claras que regulen la práctica de los abortos no punibles en todos los hospitales del país, porque las excepciones que prevé la ley no se aplican, muchas veces por ignorancia de los médicos y de la población y otras veces por temor a una sanción moral. Pero los responsables de los hospitales deben saber que hay sentencias y juicios en marcha por mal desempeño de funcionarios públicos por negar a niñas y mujeres que pidieron interrumpir sus embarazos dentro de la ley y al negársele tuvieron graves complicaciones o murieron.” Algunas jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Rosario, entre otras, han avanzado con la implementación de protocolos de atención de los abortos no punibles, que establecen el procedimiento que deben seguir los hospitales públicos a fin de evitar que los casos se judicialicen y, en ese proceso, se dilaten las decisiones y finalmente sea cada vez más complicado realizar la interrupción del embarazo requerida.

Bianco denunció que este caso además es una muestra más de la injusticia social porque “las niñas que padecen esto son las pobres, mientras que las que tienen dinero lo hacen de manera privada y segura sin que nadie se entere. Hay un derecho a la salud y a la vida para las que tienen plata y otro para las que no la tienen”.

Antes de firmar la polémica sentencia, la jueza de Familia de Comodoro Rivadavia pidió su opinión al Hospital Regional de la ciudad chubutense y a un equipo técnico del tribunal integrado por psicólogas y una asistente social. Un comité de bioética conformado ad hoc en el centro médico por los jefes de los servicios de Ginecología y Obstetricia, Juan Pires, y de Salud Mental, Susana Martining, y la abogada María Inés Cosentino, rechazó el pedido, tal como informó ayer este diario: evaluaron, entre otros aspectos, que sería más riesgoso para la adolescente interrumpir la gestación que el hecho de que lleve a término un embarazo producto de una violación de parte de su padrastro. En este argumento, según trascendió, se habría apoyado la magistrada para negarle el derecho a la adolescente. En cambio, las psicólogas y la asistente social del Juzgado de Familia avalaron el pedido de la jovencita: ante ellas, y también en el hospital, la adolescente afirmó: “Si no me dejan abortar, me mato”.

Tres años atrás, la jueza de menores de Mar del Plata Silvia Darmandrail se enfrentó a un caso muy parecido: una niña de 14 años, abusada sexualmente por su padrastro, reclamaba un aborto no punible. A diferencia de la magistrada de Comodoro Rivadavia, Darmandrail autorizó la interrupción del embarazo: consideró que se trataba de un aborto terapéutico. Finalmente el caso llegó a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, pero como la niña abortó espontáneamente se dio por cerrado. El de Comodoro Rivadavia, en cambio, por ahora está abierto: con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, la madre apelará el fallo de la jueza Robert.