“Quién es esa jueza para obligar a mi hija a tener un hijo que es producto de una violación, de un embarazo no querido. Se toma atribuciones que no le corresponden. Yo soy la madre. Y mi hija tiene derecho a abortar. Lo dice el Código Penal. Estoy segura de que si hubiera sido su hija la decisión hubiera sido otra.” La que habla es Aurora Luisa Fuentes, la madre de la adolescente de 15 años, de Comodoro Rivadavia, que reclama un aborto no punible. Se refirió así, en diálogo con Página/12, a la magistrada de Familia Verónica Daniela Robert, quien le negó el permiso para llevar adelante la práctica médica. Hoy, Fuentes, en representación de su hija, apelará la sentencia con el respaldo del equipo legal del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Es llamativo que la jueza Robert utilizara los mismos argumentos para obstruir la interrupción del embarazo que usó una jueza de Menores platense, en 2006, en el caso de LMR, una adolescente con discapacidad mental que había sido abusada sexualmente por un tío: por las trabas que puso la Justicia en aquel caso, la Argentina enfrenta una demanda en el Comité de Derechos Humanos de la ONU y probablemente sea condenada.

“El aborto lo podría haber hecho en forma particular. Si hubiera sabido que íbamos a tener tantas trabas y demoras, no hubiera recurrido a la Justicia. Pero yo quiero que se lo haga en un hospital público para resguardar material genético que permita probar la violación”, explicó Fuentes a este diario. Está indignada y “desilusionada con la Justicia”. Cuenta que la violación fue denunciada el 3 de diciembre en la Agencia de Delitos contra la Integridad Sexual y las Relaciones Familiares de Comodoro Rivadavia. El pedido del aborto no punible lo presentaron en los primeros días de enero en el fuero civil. La jueza Robert se tomó más de un mes en pronunciarse, en un caso en el que la premura es fundamental.

El acusado de la violación es quien era desde hacía trece años pareja de Fuentes. “Para mi hija era su padre, la crió desde que tenía dos años. La destruyó. A ella y a toda la familia. A mí también, como mujer, como madre, como esposa”, dice Fuentes. La violación, según le contó su hija, ocurrió cuando ella había viajado a la ciudad de Buenos Aires con otro de sus hijos para realizarle un control médico.

Fuentes tiene diez hijos: dos parejas de mellizos, de 10 y 4 años, la adolescente que fue víctima de la violación y otra niña de 13 viven con ella. Los otros cuatro, mayores de edad, ya se han casado.

“Somos católicos. Mi hija tiene el bautismo, la comunión y la confirmación. El aborto no es un capricho. Si el embarazo hubiese sido de un noviecito, no estaríamos pidiéndolo, seguramente. Ella quiera abortar porque se está produciendo un daño en su salud. Psíquicamente está corriendo riesgos, llora, no quiere ver a sus amigas y amigos. No quiere empezar la escuela, siente vergüenza”, cuenta Fuentes. La adolescente, que reclama su derecho a un aborto no punible, contemplado en el artículo 86 del Código Penal, pasó a primer año de Polimodal en una escuela de Comodoro Rivadavia. “Era una nena alegre y ahora está encerrada. No sé qué espera la jueza (Robert). Mi hija ha amenazado con quitarse la vida si no la dejan abortar”, advierte Fuentes.

Además de ese drama, Fuentes atraviesa por otro conflicto: tras la denuncia de violación, su marido no le pasa dinero para mantener a los niños. “Tengo casa propia, pero económicamente no tengo nada. Nos están ayudando vecinos. Estamos viviendo un tormento”, describió. Fuentes iniciará una demanda por una cuota alimentaria contra su ex pareja.

La gestación rondaría la semana 16. Uno de los argumentos que suscribió la jueza para negar el permiso fue que el embarazo estaba muy avanzado y sería riesgoso interrumpirlo. Es lo que alegó el Comité de Bioética del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para pronunciarse en contra de intervención. “Me dicen que mi hija correría riesgos con un aborto a esta altura del embarazo, pero es mentira, si hasta la 26 semanas se pueden hacer. Cuántas madres pierden a sus hijos a los cuatro o cinco meses y no les pasa nada y cuántas mujeres se hacen abortos clandestinos y tampoco les pasa nada. Si a mi hija el aborto se lo hace un médico especialista ¿cómo va a correr riesgo su vida?”, dice Fuentes.

La jueza Robert utilizó en su fallo argumentos tomados de la sentencia de la jueza de Menores de La Plata, Inés Siro, con el cual le negó un aborto no punible a LMR, una joven de 19 años, pero con una edad mental de una niña, que fue abusada sexualmente en 2006 y debió enfrentar un cúmulo de obstáculos para interrumpir la gestación producto del ataque sexual. El fallo de Siro fue ratificado en segunda instancia. Pero luego, la Suprema Corte bonaerense le dio el aval a LMR para abortar. Finalmente, la chica tuvo que recurrir a una clínica privada, con el apoyo de organizaciones integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, porque ningún hospital público aceptaba realizarle la práctica. El embarazo rondaba las 16 semanas. Se hizo sin ningún inconveniente. Pero por las trabas que enfrentó, denunció al Estado argentino ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con el acompañamiento de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), entre otras entidades. En el marco de esa demanda, el Estado argentino reconoció en setiembre de 2008 que negar el acceso al aborto no punible es una violación de los derechos humanos de las mujeres.

Hoy, con el patrocinio legal de la abogada Sandra Grilli y el respaldo del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Fuentes presentará la apelación. Pero los días siguen corriendo y el embarazo avanza. La adolescente, mientras tanto, sufre ensimismada. Y desde el Estado nadie le da la respuesta que está esperando.