Llegó el día. Después de un año y medio de profunda discusión, y tras sortear las vallas y las dudas de los legisladores en cuatro comisiones, la ley de unión civil para gays, lesbianas y heterosexuales será votada en la ciudad de Buenos Aires. Tanto la Comunidad Homosexual Argentina como los diputados que –desde los liberales a la izquierda, pasando por el Frepaso, la mayoría de los radicales, el ARI y algunos peronistas– apoyan el proyecto, hicieron ayer las últimas cuentas para determinar cuál sería el resultado de la votación de esta tarde: los números alcanzan, dicen. De los 60 legisladores, alrededor de 34 ya habrían dado el sí a la norma. Sólo podría haber una diferencia de resultados si los legisladores del PJ que se oponen a que los heterosexuales también puedan registrar su unión ante el Estado local consiguen sumar voluntades. Acotando la ley sólo a homosexuales estarían tratando de conformar a la Iglesia católica que, “en último caso, si se legisla”, prefiere no darles a los homosexuales el mismo status que a las parejas hetero. “Hay que tratar diferente lo que es diferente”, es la máxima católica que se intentaría cumplir.
Pero sin embargo los diagnósticos casi en todos los sectores políticos son optimistas. Casi tanto como los de la propia CHA, la organización que presentó el proyecto redactado por la camarista civil Graciela Medina ante la Comisión de Derechos Humanos, en agosto de 2001. “Hemos tenido diálogo casi con todos los diputados y diputadas que están de acuerdo con lo que se ha consensuado durante este tiempo y estamos convencidos de que su voluntad es que la ley sea sancionada”, le dijo a Página/12 ayer César Cigliutti, presidente de la CHA. Los sondeos no solo lo realizaron los militantes de la CHA y este diario, que confirmó en los diferentes bloques la situación descrita por la ONG, sino los propios políticos que hoy se verán ante el dilema. A pesar de que, se supone, prima la libertad de conciencia, en cada bloque los porotos para la unión civil se han contado con el cuidado con que se cuentan las gemas. Y ayer un radical consultado por este diario se arriesgaba con un nueve a los apoyos de sus correligionarios en el recinto, incluido el presidente del bloque, Antonio Campos. Los únicos que estarían en contra serían Enrique Rodríguez y el diputado Caeiro.
En el orden de preferencia de los últimos temas que este período legislativo llevará a votación, el proyecto de unión civil está cuarto. Los diputados consultados ayer temían que se alargara demasiado el debate de los puntos anteriores: en principio, la ley para regular la actividad de los cartoneros –reservada en secretaría y ya votada en general– y la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura de la ciudad. De todas maneras, ayer surtió efecto la iniciativa de varios legisladores que solicitaron que la sesión comenzara hoy más temprano que de costumbre para garantizar el tratamiento de todos los temas, de manera que no haya excusas de último momento para evadir la unión civil.
La norma que en el camino de la Legislatura se fue adaptando a los consensos que se plantearon en las comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto, inauguraría en Latinoamérica la posibilidad de que gays y lesbianas legalicen sus vínculos con independencia de su sexo, orientación sexual e identidad de género. Son dos los despachos que llegan a la Cámara: uno es el de mayoría, que es el consensuado a partir de la propuesta de la CHA, y el otro, el presentado por Juliana Marino, que acota la unión civil a parejas de homosexuales. “Nosotros no vamos a negociar la idea de un registro de uniones rosa con una libreta rosa que intentan imponer algunos para conformar a la Iglesia. No queremos certificados para homosexuales”, planteó Marcelo Suntheim, de la CHA.