La intención de modificar la Ley de Matrimonio Civil estuvo a un paso de obtener dictamen de comisiones ayer mismo. Sólo la coincidencia de que durante la mañana y el mediodía otras comisiones tuvieran agendadas reuniones a la vez, y el hecho de que la sesión del miércoles hubiera terminado a las 4 de la madrugada demoraron la llegada de los proyectos al recinto. A lo largo de casi cuatro horas, hablaron diez expositores invitados, intervinieron legisladoras y legisladores que –a excepción de un solo caso explícito, el puntano Mario Merlo– adelantaron su apoyo al dictamen y al tratamiento en recinto. Ambas instancias son, según indicaron las diputadas que presiden las comisiones, Vilma Ibarra y Claudia Rucci, inminentes: en la próxima reunión de comisiones se votará por dictaminar positivo o negativo; en caso positivo, los proyectos pasarán a ser tratados en el recinto durante la sesión siguiente al dictamen. Los pronósticos afirman que pasará esto último. También dice lo mismo la imagen que sintetizó el espíritu de la mañana: sentado entre Ibarra y Rucci, de frente a legisladoras y legisladores, el vicepresidente de la Corporación de Abogados Católicos, Eduardo Sambrizzi, peroraba con gesto adusto acerca de que “denominar matrimonio a la unión de personas de igual sexo es querer asimilar lo que es inasimilable”, mientras detrás de su silla José María Di Bello daba un beso a su marido, Alex Freyre.

La mañana fue larga y siguió a una sesión que había terminado entrada la madrugada, tanto que los rostros de legisladoras y legisladores difícilmente lo disimulaban. Ibarra fue de las primerísimas en llegar, al igual que la ex presidenta del Inadi María José Lubertino, y el abogado Sambrizzi, quien arribó con puntualidad impecable y en compañía del secretario académico de la UCA Nicolás Lafferriere. A la hora y media de convocada la sesión de comisiones, Ibarra decidió comenzarla, con una asistencia mayor a la que auguraba el inicio de la mañana, y a muy pocos presentes de lograr el quórum, que finalmente se alcanzó durante el encuentro. “Sabemos que aquí hay personas con miradas muy diferentes”, advirtió Rucci al comenzar, “pero no vamos a permitir ningún tipo de chicana ni falta de respeto” en los argumentos de expositores y las preguntas posteriores.

“¿Cuándo en el Código Civil se incorpora la obligación de la diversidad de los sexos para poder acceder al matrimonio? Porque éste no era el texto en el año 1888, cuando se sanciona la primera Ley de Matrimonio Civil”, señaló al comenzar la diputada (MC) Silvia Augsburger, autora de uno de los proyectos evaluados en comisión. La indicación de varón y mujer vino luego, mucho más cerca en el tiempo. “A fines del siglo XIX, el único matrimonio posible, imaginable, era aquel constituido por un varón y una mujer, pero en 1987, en momentos en que el Congreso de la Nación debate el divorcio vincular, que fue una iniciativa discutida casi un año en el Parlamento, se incorpora esta obligación de varón y mujer sin ningún tipo de debate”, al menos según lo que puede verificarse en las versiones taquigráficas de entonces, agregó. Eso “no fue ingenuo sino intencional para evitar taxativamente que las parejas de personas del mismo sexo pudieran acceder al matrimonio”, por lo que la modificación del Código en estos momentos es una “asignatura pendiente de nuestra democracia, porque fue en democracia cuando limitamos ese derecho”.

La intervención del director del Inadi, Claudio Morgado, diferenció, más temprano que tarde, que el centro de la cuestión era la reforma del “matrimonio civil (porque) no estamos debatiendo sobre el canónico”. El debate es “sobre derechos civiles”, en momentos en que la tarea legislativa llega tarde a lo que es una realidad, porque “las transformaciones de la sociedad son indetenibles”. El matrimonio “nunca fue natural”, sino una construcción, como cualquier concepto de normalidad, agregó, sirviéndose en sus argumentos de Judith Buttler y Michel Foucault. En ese momento, podía notarse la incomodidad creciente de quienes, sólo minutos después, comenzarían a desarrollar argumentos sustentados en la naturaleza, la inminente desintegración de la sociedad y otras amenazas.

Para entonces, la sala del anexo de Diputados hervía de políticos, público y una multitud de dirigentes y militantes de la Federación Argentina LGBT, a los que se sumaron los dirigentes de la CHA César Cigliutti y Marcelo Suntheim.

Como era esperable, Sambrizzi manifestó su oposición a los proyectos de ampliación del matrimonio. El vicepresidente de la Corporación de Abogados Católicos, quien poco antes había exhibido civilidad en sus saludos con la jueza Seijas, los abogados de la Falgbt y hasta legisladoras que impulsan el cambio del Código Civil, dijo que la idea resulta “inconveniente para el bien común”. En tanto “institución del orden natural que es propia de la naturaleza humana”, el matrimonio tiene por objetivo “la procreación de los hijos” y la “perpetuación de la especie”. Habilitar bodas a parejas no heterosexuales “supone introducir un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial”.

Curiosamente, Sambrizzi también sostuvo que negar la igualdad de derechos y no admitir la posibilidad de que la idea de familia tenga muchas acepciones no implica discriminación. Concedió, sin embargo, que “los homosexuales tienen exactamente la misma dignidad que las personas heterosexuales”. Prácticamente los mismos términos orientaron las palabras del secretario académico de la UCA y laico consagrado al servicio de la Conferencia Episcopal, Nicolás Lafferriere. El abogado, sin embargo, cargó tanto las tintas al insistir en que la vocación del matrimonio es “transmitir la vida” que Ibarra advirtió que, luego, ella misma haría uso de la palabra “después de ver la visión de mujer que tenemos que enfrentar”. Elevando cada vez más la voz, acelerando cada vez más el ritmo, y con el pin de la cruz firme en la solapa, Lafferriere vaticinó que está “en juego la convivencia social”.

El jurista Gil Domínguez, con precisión quirúrgica, explicó las bondades que la “amplitud e indeterminación” de los límites de los derechos pueden tener para las decisiones individuales y las intimidades. Es preciso, razonó, “ponerle distancia al monismo de la moralidad”, para que no haya una moral que establezca “a priori que una vida vale más que la otra”. El otro, en tanto “prójimo y no como semejante”, y la posibilidad de formar una familia en igualdad de condiciones “no viola el bien común”, sostuvo, señalando a la vez que eran diferencias con Sambrizzi. “La legalidad es hacer posible el estado de derecho.”

A último momento, la lista de expositores sumó a la abogada y docente de la UCA Ursula Basset, quien refrescó las notables estadísticas que había aportado el año pasado. Insistió en que el matrimonio heterosexual “sano” (“estable y duradero”, definió a pedido de Ibarra) es una suerte de remedio social: produce menos violencia doméstica, garantiza más escolaridad, menos estadísticas criminales, “menos emigración, menor necesidad de servicios sociales y públicos” y la moderación de otros males. “Los beneficios del matrimonio se extienden a los pobres y a las comunidades minoritarias”, agregó. Luisa Storani (UCR) y Cecilia Merchán (NE), conocidas por sus adscripciones feministas, se vieron tentadas de retrucarle en plena intervención. Sólo la voluntad férrea de Ibarra por mantener la reunión en paz pudo detenerlas.

“No he podido llegar antes por razones de sueño”, se apresuró a aclarar el diputado Alejandro Rossi (FpV) antes del inicio de la exposición de la jueza Gabriela Seijas (ver aparte) y entre risas de la concurrencia. Aseguró, luego, que aunque el bloque había dado libertad de conciencia, las y el integrante del grupo allí presentes (Juliana Di Tulio y Adela Segarra) estaban en condiciones de firmar despacho para que el proyecto llegara al recinto. Le siguieron los aplausos y la intervención de la sindicalista y miembro fundadora de la CHA Teresa de Rito, antes de la exposición de la última invitada, la presidenta de la Falgbt, María Rachid, quien agradeció a las y los militantes que “soporten en silencio expresiones discriminatorias y violentas”. En su vida, dijo, la modificación de la ley de matrimonio no cambiará demasiadas cosas. Pero arriesgó que tal vez sí podría tener efectos sobre gente como su propio padre, quien no le habla desde hace más de diez años, pero quizá al ver la ley “no pensaría que soy tan diferente”. “Si el Estado dijera que somos iguales ante la ley”, dijo, la violencia en las escuelas, en los hogares, en los trabajos, en la calle y en las familias cedería, y un padre no hubiera asesinado a la novia de su hija. A la “clase política”, Rachid pidió “valentía”, y la firma del dictamen ayer mismo. En eso último la acompañaron Ibarra, Merchán, Diana Conti, Rossi, Di Tulio, Mónica Fein y Fernanda Gil Lozano, entre otros. Luego de la exposición tardía del biofísico protestante Fernando Saravi (el avión que lo traía de Mendoza se había demorado), Ibarra aseguró que eso sucederá en la próxima reunión.

Militantes y autoridades de la Federación apostaban dos fechas: el martes 6 de abril para decidir el dictamen; el miércoles 7 para llegar al debate legislativo propiamente dicho. Para ello faltan sólo dos semanas.