“A pesar de que se avanzó con nueva legislación en materia de salud sexual y reproductiva, no ha cambiado la falta de posibilidades de las mujeres de controlar su fertilidad: el 40 por ciento de los embarazos en la Argentina terminan en abortos”, advirtió la danesa Marianne Mollman, directora de Incidencia Política de la División Derechos de la Mujer, de Human Rights Watch, una de las principales organizaciones internacionales dedicadas a la defensa y la protección de los derechos humanos. Mollman estuvo dos semanas en Buenos Aires para realizar una investigación de campo sobre el funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva. En una entrevista de Página/12, adelantó sus conclusiones. Se fue decepcionada. Persisten –señaló– trabas institucionales para acceder a contraceptivos en hospitales públicos, incluida la ligadura tubaria. “Hablé con usuarias en áreas carenciadas y no les llegan los servicios. Es decir, me cuentan exactamente lo mismo que me contaron hace cinco años”, describió Mollman antes de subirse al avión con destino a Nueva York, donde vive desde hace siete años.

Mollman vino al país para ver si había mejorado el panorama que había observado cinco años atrás, cuando llevó adelante una investigación de campo similar, aunque más abarcativa. Esta vez se limitó a la ciudad de Buenos Aires: entrevistó a medio centenar de personas, entre usuarias, médicos, responsables de servicios de salud sexual y reproductiva y funcionarios del Ministerio de Salud tanto de la Nación como de la ciudad de Buenos Aires. En 2005, el relevamiento incluyó entrevistas a más de cuarenta mujeres de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán y a más de setenta funcionarios públicos de distintas jurisdicciones del país, representantes de ONG y autoridades hospitalarias y religiosas. Ese primer estudio quedó plasmado en el informe “Decisión Prohibida. Acceso de las mujeres a los anticonceptivos y al aborto en Argentina”.

–¿Qué impresiones se lleva?

–A pesar de la Ley de Educación Sexual, no se dan las charlas en las escuelas; y a las adolescentes cuando tienen más de 14 años no las quieren atender en las salitas. Las mujeres van a los centros de salud y les dicen que no tienen píldoras pero sí, inyecciones, y al mes siguiente que no tienen inyecciones. Y ésas son las dos opciones y no hay DIU y si hay DIU tienen que pagarse su ecografía y son 50 pesos y no los tienen. Hay toda una serie de obstáculos para las mujeres que van a las salitas. No hablamos ni siquiera de las que no saben que pueden ir a las salitas a buscar anticonceptivos gratis.

–¿Todavía hay muchas mujeres que no saben?

–Sí, que no saben o que tienen todas estas trabas que también documentamos la última vez, entre las cuales también figura la violencia.

–¿Violencia de qué tipo?

–Violencia doméstica dentro del hogar. Un aspecto que no vimos tanto la última vez pero que sí estaba en el discurso de las mujeres es la desigualdad al interior de la pareja, aunque no se traduzca en violencia física. Las mujeres se ven como para servir a los hombres y los hombres las ven para que los sirvan, y eso también se traslada al dormitorio. Entonces las mujeres no pueden negociar una relación sexual como ellas quieren. Lo hablaba con un médico súper liberal y él me decía: “Pero qué tiene que ver eso con el aborto”. Y es cierto, son puntos que están muy alejados en la mentalidad de las personas que dan los servicios, pero que tienen mucho que ver, porque cuando le preguntan a una usuaria por qué llega a practicarse un aborto, es lo que cuenta: el contexto de desigualdad, obstáculos que no son tan concretos, es decir, no solamente que no hubo insumos, también que no pudo llegar a la salita, que no pudo pagar la ecografía. Tiene que ver con la desigualdad.

–¿Qué observó en relación con la práctica de ligaduras de trompas de Falopio, un método contraceptivo legal desde el 2006 en el país?

–Los médicos que antes hacían ligadura tubaria con muchas trabas, y mucho de firmar por aquí y por allá, ahora las hacen con más tranquilidad porque se sienten amparados en la ley. Los que no las hacían antes, siguen sin hacerlas porque aplican su propio criterio y se niegan si la mujer no tiene suficientes niños. Esa mentalidad todavía existe. Y como no hay rendición de cuentas, no pasa nada.

–¿Y con respecto al problema de criminalización del aborto?

–El discurso público sobre la problemática del aborto creo que ha cambiado. Se habla con más empatía, más compasión, más entendimiento. Se tiene un discurso más comprensivo en los medios. Eso es bueno. Esperemos que debatan los proyectos de despenalización y legalización en el Congreso. Mirando las cifras oficiales del Ministerio de Salud, a pesar de que se avanzó con nueva legislación en materia de salud sexual y reproductiva, no ha cambiado la falta de posibilidades de las mujeres de controlar su fertilidad: 40 por ciento de los embarazos terminan en abortos. La cifra sigue siendo la misma que hace cinco años.

–¿Cómo llega a esa cifra?

–El Ministerio de Salud dice que hay medio millón de abortos al año y que hay alrededor de 700 mil nacimientos. Bajó la mortalidad materna por abortos inseguros, pero las mujeres siguen abortando. Sucede que ahora se utiliza el misoprostol para interrumpir voluntariamente un embarazo, entonces lo hacen en mejores condiciones: tienen hemorragias pero no ya infecciones, es decir, ya no se mueren. La pregunta que me hago es por qué siguen teniendo embarazos no planificados. ¿Qué es lo que no funciona en la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable? La última vez llevaba como tres años de funcionamiento, hoy ya casi ocho años y mucho más en la Ciudad de Buenos Aires (donde los servicios son previos a la ley nacional). Lo que percibo es que no hay voluntad política. ¿Dónde está la rendición de cuentas? Tanto la Legislatura como el Poder Ejecutivo tienen vías de supervisión y monitoreo de las leyes y deberían mirar si se están cumpliendo. Hay maneras de hacerlo. Este informe va a analizar cómo se puede fortalecer el uso y la implementación de esos mecanismos de supervisión.

–¿Por qué cree que cuesta tanto la implementación de una política de salud sexual y reproductiva en este país?

–Un factor importante es que hay todo un grupo de personas que piensa que este tipo de programas no debería existir. Esto no ocurre sólo en la Argentina. Me sigo preguntando, igual que hace cinco años, por qué esa resistencia es tan extrema en la Argentina. ¿Por qué el 40 por ciento de los embarazos terminan en aborto, cuando en otros países igualmente católicos, también con diferencias de clase y de poder económico, son 25 por ciento? ¿Por qué es tan difícil aquí? ¿Será por toda esta historia vieja de que poblar es gobernar? Hablé con un director de un hospital, aquí, en Buenos Aires, que me dijo: “Aquí tenemos áreas muy despobladas que podrían perfectamente ser pobladas. Y por eso la planificación familiar tiene mal nombre”.

–¿Qué comentarios recogió de las usuarias?

–Me plantearon por qué no se ponían carteles en las salitas avisando con anticipación qué días se colocan los DIU igual que se hace con las campañas de vacunación. Así para esa fecha se van a sacar una ecografía. Recibí quejas de que las mandan de un hospital a otro para hacerse una ecografía o para conseguir un DIU. Dicen que cuando reciben pastillas tienen que mirar las fechas de vencimiento porque algunas están caducas.

–¿Qué otras cosas le contaron que le llamaron la atención?

–El problema es que ya no me llaman la atención los abusos que enfrentan. Eso es lo horrible. Lo que me ha llamado la atención es cómo los médicos toman las decisiones de las mujeres. Por un lado, porque no tienen insumos, por ejemplo, no tienen más que pastillas anticonceptivas y ése es el único método que les dan. Pero por otra parte, el médico tiene el concepto de que él sabe. Un médico me dijo: “Aunque venga una mujer joven a hacerse una ligadura tubaria y esté amparada en la ley, yo no se la voy a hacer porque pienso que tendría que tener 35 años, y varios hijos”. Es decir, implementan su propio criterio. Llama la atención porque también refleja esa relación de desigualdad que vive la mujer en su casa. Y es por eso que las mujeres viven con naturalidad que el médico las trate así.

–En la ciudad de Buenos Aires hay un protocolo de atención de los abortos no punibles. ¿Se cumple?

–A veces. Lo que hace falta, igual que con las ligaduras, es una reglamentación bien hecha. Como no está reglamentado, cada médico tiene su concepto. Hablé con mujeres a las que les negaron abortos no punibles pero no lo denuncian porque lo resuelven por su parte y no quieren decir nada. Por eso me parece tan importante que haya rendición de cuentas institucional por parte del mismo Estado. Así como se dice que se echarán de las Fuerzas Armadas a todos los que violen los derechos humanos, se debería decir lo mismo de todos los servicios públicos: vamos a echar a todas las personas que por omisión violan los derechos humanos. Debería de ser así. Muchos dicen que se debería concientizar a las usuarias para que denuncien los atropellos. Pero se sigue recargando toda la responsabilidad sobre ellas: se pretende que demande en su barrio, donde de repente ese médico que la atiende es el único que hay. No se la puede cargar con todo. No es su trabajo. El programa de Salud Sexual y Procreación Responsable viene siendo una distribuidora en lugar de ir a las salitas a monitorear si se trabaja bien. El objetivo político debe ser que se reduzcan los embarazos no deseados y los abortos inseguros. La televisión es lo que ve la gente. ¿Por qué no destinan el mismo dinero que gastan en publicidad para difundir obras de gobierno en decir: “es tu derecho acceder a un anticonceptivo”?