La Legislatura porteña aprobó ayer la rezonificación definitiva de la cárcel de Caseros, lo que permitirá por fin la demolición de las torres de la ex unidad penal, la venta de esas tierras por parte del Estado nacional para la construcción de un complejo de viviendas y un centro comercial, y el reciclado de las instalaciones más antiguas para convertirlas en un centro cultural. La aprobación de la norma es una vieja aspiración de los vecinos de Parque de los Patricios, que lucharon durante años para sacar la cárcel del barrio y se encuentran hasta ahora con un edificio vacío y un proyecto de urbanización –elaborado por ellos mismos– que avanza a paso de hormiga.
Según la ley, aprobada ayer por 39 votos a favor y una sola oposición, la ex Unidad 16, ubicada sobre la avenida Caseros, entre Pichincha y Pasco, deberá ser reciclada en parte, conservando las torretas de las esquinas y un sector de los muros, junto con otros “elementos arquitectónicos que den testimonio de la memoria del sitio”.
La norma –sancionada a instancias de un proyecto del diputado Jorge Giorno– contempla también la edificación de una escuela pública, que se costeará con los fondos recaudados por la venta de los terrenos del predio donde está el edificio “nuevo”, a demoler, área que será destinada a la inversión privada. El proyecto también incluye la apertura de la calle Rondeau, entre Pichincha y Pasco y la construcción de un centro cívico cultural de 500 metros cuadrados a cargo de los futuros compradores privados.
Giorno aseguró que tras aprobarse la ley y luego de realizarse una audiencia pública sobre el tema “hemos logrado tomar medidas que equilibren el funcionamiento de lo público con lo privado, incentivando todas las actividades que promuevan el desarrollo de la ciudad, la generación de empleo, la calidad urbana y el mejoramiento integral de la zona de Parque Patricios”.
Para concretar el proyecto, el edificio nuevo debe ser demolido, pero aún no se saldó el debate sobre si se utilizarán métodos tradicionales –pico y topadoras– o el más expeditivo de implosión, mediante el uso de explosivos.
Al respecto, Giorno anunció que reclamará que la demolición no se realice mediante cargas explosivas ya que, de acuerdo con algunos estudios, la implosión podría provocar el desajuste de los equipos electrónicos de los hospitales cercanos, una propagación de partículas de polvo provenientes del derrumbe y podría poner en riesgo un acueducto subterráneo.