El caso García Belsunce II, el que se desató a partir de la investigación sobre el certificado de defunción trucho, ya provocó casi tantos sobresaltos como el Belsunce original. Ayer, el juez porteño Julio Lucini dispuso las libertades de siete de los diez detenidos, todos empleados administrativos de Casa Sierra, y mantuvo en prisión al médico Juan Carlos March y a los encargados de la Casa Sierra, Oscar Sierco y Marcelo Ferrín. La calificación provisoria es falsedad ideológica en concurso con asociación ilícita sobre cuatro certificados de defunción. Por otro lado, el juez recibió casi una veintena de certificados expedidos por el mismo defuntólogo, que serán analizados en los próximos días. Es lógico que la resolución sobre las prisiones haya generado incomodidades en los detenidos, pero es evidente que la investigación provocó otras molestias: en dos ocasiones, el director general del Registro Civil porteño, Félix Pelliza, recibió amenazas telefónicas. En la última le anunciaron a su secretaria: “Decile a ese hijo de puta de Pelliza que la corte con los certificados o es boleta”. Las llamadas coincidieron con el momento en que Pelliza ordenó custodiar en otro recinto los libros originales donde constan las defunciones naturales que ahora se investigan.
Para resolver la trama de su investigación, Julio Lucini, titular del juzgado porteño de instrucción 8, decidió separar en tres áreas a los nueve empleados de Casa Sierra, quienes, junto con Guillermo Bártoli -cuñado de María Marta García Belsunce– y Juan Carlos March –el médico que firmó la muerte “natural” de la mujer– eran inquilinos de la Federal desde el viernes pasado. Bártoli fue liberado el sábado pasado, tras una extensa indagatoria tomada por Lucini en persona y la secretaria del juzgado, Yamile Bernan. “A Bártoli se lo detuvo porque se estaba yendo a Uruguay y era imprescindible su declaración –reveló a Página/12 una fuente judicial–, pero no está vinculado a la asociación ilícita, sino solamente con el certificado de defunción de su cuñada. Como el delito que se le imputa es excarcelable, después de la declaración se lo liberó, pero sigue en la causa”.
Lucini consideró que entre sus detenidos había “empleados administrativos –explicó la misma fuente–, empleados operativos que se encargaban de vender servicios, y los directivos formales como los hermanos Sierra, que no hacían el manejo operativo”. Tanto los administrativos como los directivos formales fueron dejados en libertad, aunque nuevas pruebas pueden modificar la situación. Quedaron detenidos Sierco, a cargo de las operaciones de la sucursal de Casa Sierra en Riobamba 126, y Marcelo Ferrín, con la misma función en la sucursal de Federico Lacroze 4168. A ellos se agregó el médico Juan Carlos March, firmante del certificado de defunción de María Marta.
Según consideró el juez, en ése y en otros tres certificados se repitió el mismo delito de falsedad ideológica de documento público, como sustento de la asociación ilícita que exige para que se cumpla, entre otras cuestiones, que más de tres personas estén organizadas para realizar delitos en forma repetida. Uno de esos certificados es el que corresponde a una persona fallecida el mismo día que María Marta, en Haedo, firmado diez minutos antes que el de García Belsunce, fallecida en Pilar.
Los otros dos corresponden a una pareja de ancianos fallecidos el mismo día, con horas de diferencia. Según el certificado, la mujer murió a las 13.30 y su marido a las 8 de la mañana del mismo día. En la justicia analizan si esas dos muertes fueron cambiadas de horario. Sospechan algún problemita hereditario, si es que había algo que heredar. “Depende de quien falleció primero –confió un investigador–, para que en la sucesión intervengan familiares de uno o de otro.” Por el momento, la sospecha es sólo eso.
Además de estos cuatro casos, Lucini recibió alrededor de una veintena de certificados de defunción firmados por March y vinculados con los mismos funebreros. “En algunos la cosa es tan grosera –reveló a estediario otro investigador empapado en el caso– que se repetía la fecha y hora de muerte. Puede ser que el médico haya estado viendo en la empresa fúnebre de un tirón varios finados, pero es sugerente.”
El movimiento que trajo aparejada la investigación por el caso García Belsunce II sorprendió, inquietó y trajo molestias varias y todas parecen ser sufridas por un mismo sector. El viernes pasado, el director general del Registro Civil, Félix Pelliza, decidió que no se repitiera el robo de varios folios arrancados de un original, y ordenó retirar del archivo y resguardar en otro sector los libros en los que constan los certificados y las actas de defunción vinculadas con el caso. Unos días antes, había presentado la denuncia contra el defuntólogo que recayó en el juzgado de Lucini y que desató la investigación.
Un día después de la denuncia, Pelliza recibió un llamado en el que se le sugería que abandonara su peregrina idea de avanzar en el caso. El viernes, después de retirar los originales y ponerlos a salvo de las fieras, recibió otro llamado, no él sino su secretaria, y ya perdiendo el tono amigable de la sugerencia anterior: “Decile a ese hijo de puta de Pelliza que la corte con los certificados o es boleta”, dijeron antes de cortar. La denuncia fue presentada ante la comisaría 3ª.
Ayer, fuentes del gobierno porteño aclaraban: César Caputo, el funcionario de Sierra que firmó el certificado de María Marta, “falleció de metástasis el 26 de noviembre pasado después de su internación en el Hospital Naval desde el 7 de ese mes. No fue cremado. Sus restos descansan en el nicho 721 de la Chacarita”.