Diputados nacionales realizaron ayer una conferencia de prensa en el salón José Luis Cabezas del Congreso de la Nación para manifestar su apoyo ante la situación que atraviesa Nancy Miño Velázquez, ex agente de la policía, que la semana pasada denunció en la Justicia la complicidad de la División de Trata de la Policía Federal con el negocio de la trata y sus presuntos vínculos con los dueños de los prostíbulos. El objetivo de este acto fue “ayudar a Nancy a preservar su vida, porque la denuncia que involucra a la Federal es gravísima. Por eso, todo el arco político tiene que estar presente para defender la vida y repudiar estos hechos”, dijo la diputada Fernanda Gil Lozano.

Tal como lo publicó este diario la semana pasada, Nancy Graciela Miño Velázquez, de 38 años, integró desde 2008 la División de Trata de Personas de la Policía Federal como personal administrativo. Ella contó que como parte de esa área realizó “tareas de inteligencia dentro y fuera de prostíbulos” y acusó al titular de esa división, el comisario Jorge Omar Fernández, de recaudar dinero de acusados por el delito de trata de mujeres para la prostitución. El 13 de mayo último reveló su vivencia y declaró ante el juez federal Ariel Lijo.

Ayer, Miño Velázquez hizo “responsable” de su seguridad y la de su hijo al jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, y solicitó al Estado que se hiciera “cargo de esta denuncia y de la problemática que involucra a las comisarías, a la División de Salud, la de Trata y a los inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que habilitan fradulentamente los prostíbulos”. Desde que realizó la denuncia, la mujer se aloja con protección de Gendarmería. Según informaron desde la organización La Alameda, “el domingo pasado Nancy recibió una amenaza telefónica que le decía que se dejara de joder con la Federal. También enviaron dos patrulleros a su casa de Monte Grande donde vive su hijo”.