“No a la baja de la edad de imputabilidad” fue la consigna unánime entre referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos, especialistas en infancia y diputados que expusieron sus reparos a la ley de régimen penal juvenil aprobada en noviembre en el Senado. “¿Cuándo van a preguntarles a los chicos cuál es su seguridad?”, reclamó el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, durante la audiencia. Los expositores solicitaron que la baja de edad “no se esconda detrás de los derechos”, en referencia a los avances que contiene la norma, como las garantías procesales a los menores de edad, reconocidas por la legislación nacional e internacional en infancia. “Hay que adecuar la ley a las normativas de la protección integral (ley 26.061) para salir del paradigma tutelar, pero no tiene que ser por el camino de los institutos de menores. Estamos atrasados en todos los derechos de los niños y no podemos exigir que sólo se cumpla el derecho penal”, resumió la diputada Liliana Parada, vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, donde el proyecto sería tratado a mediados de junio.

“El hambre es un crimen” y “Ningún pibe nace chorro” eran las frases inscriptas en las pecheras que llevaban puestas los niños, niñas y adolescentes que circulaban por la sala 1 del anexo de Diputados, minutos antes de que las cien personas atendieran a los oradores. Se encendieron los micrófonos y la palabra la tuvieron ellos: Yésica, Joaquín, Caty, Gabriela y Axel se turnaron para leer su “Carta abierta a los legisladores argentinos”.

“Nos resulta extraño y preocupante que nuestros legisladores se predispongan a discutir que es necesario meter presos a niños cada vez más chiquitos en vez de dar una respuesta amplia y definitiva para que todos los pibes de nuestro país tengan sus derechos garantizados”, leyó su párrafo Yésica.

Tras la palabra de apertura de los niños, el titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Pérez Esquivel, señaló que “no puede penalizarse a los chicos cuando son víctimas de una sociedad injusta. Bajar la edad de imputabilidad significaría condenar la pobreza”. Además, el Premio Nobel se adelantó al tratamiento en comisión y solicitó una reunión con los diputados para que “escuchen la voz de los chicos”.

Ayer, en la sala de audiencias, los chicos presentes eran parte de decenas de organizaciones sociales con el respaldo de las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Madres de Plaza de Mayo, el Foro por los Derechos de la Niñez de Buenos Aires, Casacidn, la CTA y la presencia de las legisladoras Margarita Stolbizer (Gen) y Graciela Iturraspe (Unidad Popular).

Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga (desaparecido el 31 de enero de 2009), puso como paradigma de la situación de los adolescentes con la ley penal a su hermano y recordó que “mucha gente justificó la desaparición de Luciano (la hipótesis de la responsabilidad policial es la más firme en la causa) porque tenía causas, pero nunca preguntó en qué condiciones vivía”.

Para entonces, los chicos ya se habían hecho cargo de la audiencia y eran ellos los que marcaban los tiempos de las intervenciones y pasaban el micrófono. El “no a la baja de la edad de imputabilidad” resonaba en cada intervención, por lo que el secretario de Derechos Humanos de la CTA, Ricardo Peidro, llamó a los diputados a “tomar conciencia” para “no hacerle el juego al altar de la derecha, que es la ‘mano dura’. Los chicos no están detrás de ningún de-sarmadero ni de ninguna red de narcotráfico”, ironizó Peidro.

El proyecto girado desde Senadores contempla como penalmente responsables a las personas de 14 o 15 años de edad que cometan un delito doloso con pena mínima de tres años y a los de 16 o 17 años que cometan delitos con pena mínima de dos años.

Entre los proyectos que a mediados de junio se tratarían en Diputados la regla general es el respeto a las garantías procesales y las medidas alternativas y ponen a la privación de la libertad como último recurso. Las diferencias están marcadas por las penas máximas consideradas y por la contemplación o no de la distinción de edad. Los proyectos firmados por Patricia Bullrich (Coalición Cívica) y Francisco de Narváez (Peronismo Federal) ponen las penas más altas de 15 y 9 años, respectivamente. Mientras que el presentado por Horacio Alcuaz (Gen) y Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica) no considera penalmente responsables a los menores de 16 años. Consultada por Página/12, Vilma Ibarra –firmante de otro de los proyectos en Diputados– indicó que en la actualidad “la edad mínima de imputabilidad es un eufemismo. La continuidad del paradigma tutelar (con la ley 22.278) permite que los jueces pongan presos a los chicos a cualquier edad, sin garantía de proceso, y hasta los pueden encerrar por su ‘condición material’, por ser pobres”.

Informe: Nahuel Lag.