SOCIEDAD › UN INFORME REVISA LA PARTICIPACIóN ESTATAL EN ESCUELAS DE CHILE, BRASIL Y MéXICO
El trabajo fue presentado en el marco de un seminario sobre Educación y Pobreza organizado por el CEPP. Analiza las estrategias gubernamentales en escuelas de Chile tras el terremoto, de las favelas de Brasil y en la violencia de Ciudad Juárez.
¿Cómo se comporta el Estado ante la emergencia educativa? Mediante tres ejemplos contundentes –el terremoto en Chile, la violencia de Ciudad Juárez y el fenómeno del Plan Bolsa Familia en Brasil–, Daniel Santa Cruz y Gustavo Iaies analizaron las distintas estrategias gubernamentales para implementar la políticas compensatorias. “Vemos una nueva tendencia latinoamericana que no se limita a distribuir insumos, sino que involucra acciones conexas para retener y contener a los chicos en la escuela”, explicó a este diario Santa Cruz, que presentó el informe en la sede del Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP).
El origen de este trabajo fue el encuentro de responsables de equidad de las carteras de Educación de países latinoamericanos, organizado por el CEPP, en el marco de la Escuela Iberoamericana de Gestión Educativa. Los funcionarios asistieron entre los días 14 y 16 de abril al Seminario “Educación y pobreza: nuevas estrategias para la equidad educativa” realizado en Buenos Aires. Allí surgieron historias audaces y nuevas experiencias, fruto de emergencias particulares.
“A diferencia de los programas implementados en la década de 1990, que se basaban en la transferencia indirecta de recursos mediante la provisión de insumos (libros, computadoras, materiales educativos), la estrategia actual pareciera ser transferir directamente los recursos a los chicos y a las escuelas, tejiendo una eficiente red de protección social y responsabilidad de los actores asociada a resultados”, apunta el informe. Se trata de proyectos integrales, que revalorizan a la escuela como institución desde la que se pueden aplicar políticas socioeducativas sobre poblaciones vulnerables y marginalizadas.
El caso chileno se distingue por la dimensión de la emergencia que debieron enfrentar las autoridades locales, luego de que el 27 de febrero un terremoto impidió que más del 50 por ciento de los alumnos puedan comenzar el ciclo lectivo, tal como estaba previsto.
Más allá de las estrategias implementadas por el gobierno chileno, el rol de la educación fue revalorizado por las organizaciones de la sociedad civil, como Un Techo para Chile, El Hogar de Cristo, Cáritas Chile, la Cruz Roja. Se estima, en el informe, que sin el trabajo voluntario de estas y otras asociaciones y las donaciones privadas, “el Estado no hubiera podido alcanzar el 50 por ciento de los objetivos hoy cumplidos”.
En medio de la violencia creciente que se vive en el norte mexicano, cerca de la frontera con Estados Unidos, donde los narcos y sus peleas territoriales dejan miles de muertos, el gobierno local implementó un programa llamado “Todos Somos Juárez, Recuperemos la Ciudad”.
Esta iniciativa, comentó al respecto Santa Cruz, apunta a “identificar la cultura con la escuela antes que con las pandillas de narcotraficantes”, en un claro contexto de fuerte deserción escolar, contexto que es aprovechado por los distintos carteles dedicados al tráfico de drogas ilegales.
El caso brasileño podría servir, en un futuro, para analizar el impacto positivo en la inserción de los planes de la Asignación Universal por Hijo que acaba de implementar el gobierno nacional. En el país vecino se brinda una ayuda similar desde 2004, que va desde los 50 a los 114 dólares mensuales. Se pide a los padres que el niño tenga las vacunas al día y esté escolarizado.
“Y tienen un mecanismo de seguimiento muy interesante, porque no basta con anotar a los hijos en el colegio para cobrar la asignación. Los chicos tienen que tener un 85 por ciento de asistencia comprobado. Y además, abrieron la escuela durante los fines de semana, con la idea de generar actividades con chicos y adultos”, resaltó Santa Cruz.
Los tres casos y las estrategias involucradas, más allá de las particularidades regionales, son aplicables en la Argentina para resolver antiguas y nuevas emergencias.
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