El Consejo de la Magistratura de Río Negro dejó a un paso del jury al juez y el fiscal que llevaron adelante el juicio por el crimen de las hermanas María Emilia y Paula González, y su amiga Verónica Villar, cometido en Cipolletti en noviembre de 1997. “Es una decisión que estábamos esperando hace muchos años, porque nosotros supimos desde un principio que la causa estuvo mal conducida”, aseguró Ulises González, padre de las hermanas. El caso llegó a juicio oral en 2001 y Claudio Kielmasz fue el único condenado en la causa. La condena fue de prisión perpetua como “partícipe necesario”; en las últimas semanas de mayo, Kielmasz pidió el beneficio de “salidas transitorias” por buena conducta, lo que generó malestar entre los familiares de las víctimas.

Las jóvenes María Emilia González, de 24 años, su hermana Paula, de 17, y la amiga de ambas, Verónica Villar, de 22, fueron vistas con vida por última vez el atardecer del 9 de noviembre de 1997, cuando salieron a caminar por los alrededores de Cipolletti. Sus cuerpos sin vida aparecieron en la mañana del día 11.

Los peritajes determinaron que el escenario del hallazgo de los cuerpos no se correspondía con el lugar de los homicidios y tras una prolongada investigación, el caso llegó a juicio oral en 2001, en el que fue condenado Kielmasz a prisión perpetua como “partícipe necesario”. La investigación concluyó que el imputado era el dueño del revólver usado para matar a dos de las chicas, pero no se pudo probar su autoría material.

La causa fue encabezada por el juez Pablo Irribarren y el ex fiscal Alvaro Meynet, de la circunscripción judicial de General Roca. El viernes, en una reunión del Consejo de la Magistratura, se escuchó el informe del sumariante Carlos Vila, quien detectó una lista de irregularidades reprochables a Iribarren y a Meynet. El Consejo, encabezado por el titular del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Víctor Sodero Nievas, resolvió el paso previo al jury por amplia mayoría, con la única disidencia del representante del Colegio de Abogados de Roca.

El secretario del Consejo de la Magistratura, José Manuel Montoto, explicó que “si hay acusación, el Consejo procederá al enjuiciamiento, pero no podemos aún establecer posibles imputaciones”. En 2003, la Legislatura de Río Negro ya había pedido a las máximas autoridades de la Justicia provincial que investigue al juez y el fiscal de la causa.

Tras conocer la decisión del Consejo provincial, el padre de las chicas González enumeró la pérdida de “valiosas pruebas”, la ausencia de aclaraciones sobre las imputaciones iniciales y la “inexplicable” demora en llamar a declarar a los padres.