Desde Corrientes

“¡Fue la sociedad la que se encargó de ir limpiando esas lacras!”, gritó al borde de la ronquera un señor que poco antes había aclarado que “el Estado, a través de la historia, solucionó” (sic) cierta herencia de “la famosa Roma, que tantos malos ejemplos nos ha dejado” y también de Grecia, que “tenía esas malas costumbres con los chicos”. No era un varón religioso, sino, dijo, un “ingeniero, y los ingenieros solucionamos problemas”. Quizás envalentonado porque nadie lo reprendió, siguió camino en su diatriba, y no se limitó a criticar “las atrocidades que han cometido los diputados” al dar media sanción al proyecto de ampliación del matrimonio civil: también tronó el escarmiento verbal contra quienes “nos quitan las armas para que después nos caguen a tiros los delincuentes”. Fue en la Legislatura de Corrientes, en la segunda audiencia pública que la Comisión de Legislación General del Senado realiza en las provincias para recabar opiniones sobre el proyecto de ampliación del matrimonio civil.

Unas horas antes, los policías que velaban por el ingreso al edificio de la Legislatura habían marcado con claridad el territorio. “No van a pasar porque no hay más lugar”, señalaron a este diario en referencia a los escasos activistas de la diversidad sexual correntinos que pretendían hacerlo, en compañía del delegado local del Inadi y los referentes de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT) llegados desde Resistencia. A menos de un metro, mostrar credenciales con insignias religiosas franqueaba automáticamente la entrada a por lo menos una decena de personas que se dirigían, raudas, hacia el recinto, donde poco menos de cinco horas alcanzaron para escuchar una seguidilla de 34 exposiciones. Durante la audiencia se repitieron argumentos, tanto en contra (23) como a favor (11) de la ampliación del matrimonio civil: el “orden natural”, la “defensa de la familia”, “el niño en riesgo de ser abusado por su padre homosexual”, la “necesidad de salvar a nuestro querido país de esta desgracia” y no aceptar “esta porquería”, por un lado; la urgencia por contar con la protección del Estado, el deseo de dejar de “ser ciudadanos y ciudadanas de segunda”, la voluntad de incluir y el ejemplo de cómo tras el debate por la ley de divorcio “el mundo no se desintegró”.

En la plaza 25 de Mayo la música acompañaba al puñado de fieles que se había congregado por pedido del arzobispo local, Andrés Stavnovik, para rezar ante la Legislatura, ubicada en diagonal a la Catedral. El jerarca religioso, además de alentar una convocatoria casa por casa los días previos, había dado a conocer un comunicado en el cual afirmaba que “sería una discriminación injusta contra el matrimonio y la familia otorgar al hecho privado de la unión entre personas del mismo sexo un estatuto de derecho público”. Quizá para contarle sus motivos en persona fue que, al dar las diez, llegó manejando su auto y mantuvo un encuentro con la presidenta de la comisión, Liliana Negre de Alonso.

Al mismo tiempo, en la puerta de la Legislatura el clima se enrareció. Restaban minutos para la reunión de la comisión (de la que participó también “la senadora Josefina”, como todos se referían a Josefina Meabe, del Partido Liberal), cuando el delegado del Inadi local, Hugo Midón; la presidenta de la Falgbt, María Rachid; el activista Martín Canevaro, la abogada del Inadi Analía Más y algunos referentes locales se dirigían a la Legislatura. “¡Andáte a Buenos Aires!”, gritó un hombre, sin explicitar a quién se refería. Sobre un escenario, una señora indicaba que era hora de “pedir al espíritu santo”, contraseña suficiente para llamar la atención a las personas cuyos carteles rezaban “movimiento provida” o “la familia patrimonio de la humanidad”.

En el recinto, el sector destinado a la prensa estaba ocupado por público; el sector del público, en el primer piso, estaba desierto. En compañía del vicegobernador Eduardo Galantini, Negre izó la bandera argentina y “la senadora Josefina” hizo lo propio con la insignia provincial. “Qué es esto de andar pretendiendo todo o nada”, se inquietó el diputado provincial Carlos Gustavo Rubín, antes de reclamar “consulta popular” porque “sabemos que hoy es otro el foco” detrás de la propuesta de ampliación del matrimonio civil. El director del Hospital Escuela de Corrientes, Diocles Alfredo Reviatti, afirmó que un niño de familia fundada por una pareja no heterosexual está “en riesgo de ser abusado por su padre”, y que tiene una alta tasa de incidencia de enfermedades, al igual que los hijos de familias fundadas por lesbianas. Al cierre de su intervención, no escatimó el énfasis para solicitar “que se defienda el matrimonio entre hombre y mujer, es decir la familia”. Reviatti aseguró que eran “40 mil firmas” las que habían recolectado “desde Corpus Christi, el 6 de junio” hasta ayer. “¡Sí, pidieron firmas por los colegios, es muy poco ético!”, gritó alguien desde un pasillo.

Sin ser las únicas, un par de voces rompieron la monotonía del mar de pastores y fieles abrazados al fundamentalismo y las citas de las escrituras. Una fue la del escritor Francisco González Cabañas, hijo de José Armando, el diputado nacional que en 1987 presidía la Comisión de Legislación General y se oponía a la ley de divorcio. Otra, “como padre de familia y abuelo que soy”, señaló que “pareciera que no queremos ver la realidad”, que “acá hay cobardía, no hay que ser hipócritas” sino “evitar dolores” aprobando el proyecto de ampliación del matrimonio civil. Era la voz del pai Rogelio Benítez, de la Religión Tradicional Yoruba, quien aclaró que había discriminado “durante años”, pero que había cambiado de idea tras haber visto morir solo y desamparado por gay y portador de vih a un sobrino. “Merecemos la igualdad como sociedad”, remató. Hacía sólo unos minutos que los activistas LGBT habían logrado ingresar en el recinto.