De repente, la reforma de la política de drogas se transformó en una carrera. Ayer, un proyecto de ley para despenalizar la tenencia de drogas ilegales para consumo personal fue presentada en el Congreso por el diputado del GEN Fabián Peralta, presidente de una de las comisiones que tratarán el tema: Prevención de las adicciones y lucha contra el narcotráfico. El bloque Proyecto Sur ya estaba ideando una iniciativa similar. El oficialismo lo tiene redactado por un comité de expertos que viene trabajando desde hace más de dos años e inspiró el proyecto del GEN. El apoyo de la reforma es amplio. Algunos diputados de la Coalición Cívica como de la UCR ya adelantaron públicamente el voto favorable. Para los bloques de centroizquierda, como el socialista, el tema ya era una bandera política.

“Hay una opinión favorable generalizada, que se consolidó con el fallo Arriola de la Corte Suprema, que declara inconstitucional penar la tenencia para consumo. Ahora queremos poner el tema en el cronograma para que sea discutido y acelerar las reuniones de asesores. Nuestra idea no es presentar este proyecto y no militarlo. Vamos a militarlo porque ésta es una deuda del Poder Legislativo, tenemos que admitir el fracaso de la legislación anterior, este cambio va a ayudar a combatir el narcotráfico”, dijo anoche el santafesino Peralta, autor del proyecto, que entrará a la Dirección de Comisiones como “D 4346”.

El artículo primero de su propuesta es sustituir el penúltimo y último párrafo del artículo 5 ley 23.737, que establece penas de un mes a dos años de prisión por la tenencia de drogas para consumo personal. “No será punible cuando por la escasa cantidad sembrada, cultivada o guardada y demás circunstancias –dice el proyecto de Peralta– surja inequívocamente que está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal.” El segundo es bajar la pena actual (de tres a doce años de prisión) a entre seis meses y tres años “cuando la entrega, suministro o facilitación (de drogas) fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad”.

Las modificaciones incluyen el último párrafo del artículo 14, que también pena la tenencia para uso personal, y el 16, por el que a un adicto condenado por un delito se le impone “una medida de seguridad curativa”. Sobre este punto, el proyecto enfatiza que el tratamiento se hará “siempre que (el condenado) prestare consentimiento” y deberá ser reconocido y evaluado periódicamente por la autoridad sanitaria nacional o provincial. También se propone derogar del artículo 17 al 22, incluso porque en ellos “no se toma en cuenta la decisión personal de comenzar o no un tratamiento, cuestión esencial para la implicación y posterior desarrollo del tratamiento”.

El abogado Luis Osler, asesor legal de THC, una revista de cultura canábica, consideró ayer que el proyecto tiene puntos difusos. “Dejar a criterio del juez si la tenencia es para consumo personal y que sea el usuario el que demuestre ‘inequívocamente’ el fin de la tenencia vulnera el principio de inocencia”, dijo Osler. Además, señaló que no se deroga la tenencia simple, reprimida con prisión de uno a seis años: “Si no existe la tenencia simple, la policía tiene que tener un indicio de tráfico, no sólo un indicio de que alguien tiene droga. Hay que hacer inteligencia previa, porque el juez no debería determinar si la droga es para tráfico después de ordenar un arresto o un allanamiento, tiene que hacerlo antes”.

Por otra parte, la figura de suministro gratuito, cuyas penas son disminuidas en el proyecto, también se presta a cierta confusión. Si dos personas fuman un porro, la policía los arresta y uno de ellos dice que el porro es suyo, debería ser penado por suministro... Al escuchar estas observaciones, Peralta reconoce que el proyecto es perfectible. “Lo importante es la intención política, poner el tema sobre la mesa y discutirlo. Nosotros estamos abiertos a hacer los cambios necesarios para actualizar la ley”, señaló el legislador, de 44 años y aliado del socialista Hermes Binner.

“Yo visité cárceles y vi quién está preso por esto, gente pobre, ningún narcotraficante de peso. Además hablé con jueces federales de Santa Fe y me dijeron que el 90 por ciento de las causas son por consumo personal y el resto por venta minorista”, aseguró Peralta, de pasado radical y larga trayectoria en la militancia social. “En la juventud me sentía un marginal porque cada vez que planteaba el tema –recordó–, los referentes del partido siempre nos decían ‘dejá, no te metás’. Creo que voy a terminar mi mandato tranquilo y conforme si despenalizamos.”

Según Peralta, hay quórum en su comisión para avanzar con la reforma de la política de drogas, propuesta en 2007 por el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, actual jefe de Gabinete. De hecho, el 27 de mayo pasado fueron a la Cámara de Diputados los integrantes de la Comisión de Políticas Públicas de Drogas que asesora al gobierno nacional, el ex comité cuyos trabajos son citados en los fundamentos del proyecto. En esa reunión, varios diputados de las comisiones de Legislación Penal y Prevención de Adicciones apoyaron las iniciativas de los expertos sobre lavado, atención integral de los usuarios problemáticos y descriminalización del consumo.

Pese a que el puntapié inicial fue del oficialismo, tal como se publicó en la edición de ayer de este diario, faltaba el impulso de la oposición para que la reforma prospere, ya que el kirchnerismo dejó de ser mayoría en las comisiones que lo tratarían. Esta semana hubo dos apariciones del jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, en charlas coordinadas por la Comisión de Políticas Públicas de Drogas. En una de ellas habló de un cambio de escenario. “Si el Estado y la dirigencia política principalmente no se comprometen con la problemática y la abordan integralmente, este tema le va a costar mucho a la sociedad”, dijo.