“La casa se reserva el derecho de admisión.” Un cartel que se puede ver en un restaurant, en un boliche, pero que resultaría extraño en una plaza pública. Pero nada es imposible con la gestión PRO, que contrató una empresa de seguridad privada para los partidos del mundial que se pasan en pantalla gigante en plaza San Martín. El Observatorio de Derechos Humanos porteño denunció que esa compañía estableció un perímetro y les niega la entrada a cartoneros e indigentes. Además, cachea y revisa los bolsos de las personas que logran pasar. La empresa que hace las requisas es MCM Global Security, que ya recibió más de 800 mil pesos por distintos servicios al gobierno porteño. El Observatorio presentó dos denuncias concretas ante la Defensoría del Pueblo por violar de la Constitución nacional, que establece el derecho a la intimidad y a transitar libremente.

El uso que hace Macri de las pantallas gigantes como parte de su precampaña presidencial no ha sido menor: tanto el jefe de Gobierno como diversos dirigentes PRO se mostraron en los partidos de Argentina viendo el Mundial con la gente. Pero no con toda: el Observatorio señaló que “se radicó una denuncia porque no se permite el ingreso a personas indigentes a la plaza, que estaba totalmente delimitada por un laberinto de vallas de contención”. Además, denunció que “varias personas fueron palpadas de armas por personal de seguridad de una empresa privada y se les revisó mochilas y carteras”. La misma agencia también hace un control similar en el Parque Centenario.

El Observatorio describió “un cordón de la empresa de seguridad privada que obligaba a la gente a armar una fila, separada por género, para después requisarla. En caso de que alguna persona se negase a que le revisaran sus ropas o pertenencias, no podían pasar hacia la barranca de césped”. La entidad recordó que la Constitución nacional garantiza en su artículo 14 el libre tránsito, mientras que el 19 protege la privacidad de las personas. “El personal de una empresa privada carece de las facultades para limitar tanto la circulación como el ámbito de privacidad de las personas en una plaza, en el marco de un evento público”, interpretaron.

Las dos denuncias que presentaron, una de un hombre y otra de una mujer, registran los cacheos y que se impedía el ingreso a indigentes. “Las personas de seguridad le indagaban al público que abriera los cierres de sus carteras, bolsas y mochilas. Además los palpaban. Ante mi negativa, me dijeron que no podía seguir avanzando. Es decir, por no haberle mostrado el contenido de mi cartera a una persona de una empresa de seguridad privada no pude seguir circulando”, explica la vecina, que denunció una “clara violación de mi intimidad”.

En tanto, otro denunciante describe las entradas “como las de las canchas o los estadios”. Arriba, decían: “puerta 1”, “puerta 2”. “En esas entradas, personal de seguridad de ambos sexos, perteneciente a MCM Global Security, cacheaba de ‘armas’ a los ingresantes y revisaba mochilas y bolsos. Hasta llegué a ver a un indigente que tenía una gran bolsa con sus pertenencias y al que no dejaron entrar”, afirma. Igualmente, se pregunta: “¿Por qué tengo que mostrarles el contenido de mi mochila a personas de seguridad que son empleadas de empresas privadas?”.

En la gestión PRO, advirtieron que los operativos “son de carácter estrictamente preventivo y de control, centrados en evitar el ingreso de drogas, alcohol y armas. El objetivo es cuidar a las familias”. El legislador Juan Cabandié presentó un pedido de informes por la contratación de la empresa privada, cuando se podría haber utilizado a la Policía Metropolitana con los mismos fines.

La empresa MCM Global Security tiene domicilio en el tercer piso de Maipú 746; su director técnico es Rodolfo Pedro Demattei, y en 2008 su jefe de Seguridad era el mayor de Artillería retirado del Ejército Dardo Washington Herrera. Fue habilitada por el gobierno porteño en 2005 y la gestión PRO le renovó la licencia en agosto de 2009. Según figura en el Boletín Oficial, MCM prestó servicios a la Jefatura de Gabinete y a los ministerios de Cultura, Desarrollo Social y Educación a comienzos de este año. Por los servicios, recibió un total de 824.223 pesos desde octubre del año pasado. El monto que cobrará por custodiar la plaza San Martín no fue difundido por el gobierno de Macri.