Las familias de las tres personas que fueron asesinadas en Bariloche durante la jornada del 17 de junio pasado recibieron ayer un fuerte respaldo institucional de parte de todos los bloques que integran las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. En una reunión que se hizo en el segundo piso del edificio anexo al Congreso nacional, los legisladores de todos los bloques resolvieron que el 17 de agosto, una vez finalizada la feria judicial de invierno, se constituirán en Bariloche, junto con representantes de organismos de derechos humanos y el defensor del Pueblo de la Nación, para respaldar la investigación y el juicio a los responsables de los asesinatos de Diego Bonnefoi (15), Nicolás Carrasco (16) y Sergio Cárdenas (29). Al mismo tiempo, luego de escuchar durísimas críticas al gobernador de Río Negro, el radical Miguel Saiz, los diputados resolvieron impulsar un proyecto de resolución para pedirle al mandatario provincial que aparte de sus cargos a todos los funcionarios del área de seguridad hasta tanto se establezca quiénes fueron los responsables de lo ocurrido.

El abogado Gastón Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presente en el encuentro, sostuvo que los sucesos de Bariloche “no deben ser analizados como casos aislados y excepcionales, sino como hechos que se entroncan con una serie de antecedentes graves que deben ser tomados en cuenta”. En un informe, el CELS señaló que la violencia policial tiene relación “con una delegación de la seguridad en la policía, que en este caso es explícita: el actual secretario de Seguridad del Ministerio de Gobierno (a cargo de Diego Larreguy) es el comisario Víctor Cufré, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe de la Policía de Río Negro, sobre quien pesan denuncias por corrupción y trata de personas”.

En la reunión hicieron un resumen de lo sucedido Carmen y Juan Carlos Curaqueo, madre y tío de Nicolás Carrasco, y Karina Riquelme, esposa de Cárdenas, quien viajó a Buenos Aires con sus dos hijos, Agustín y Mía, de 5 y 1 año. Los familiares fueron acompañados por sus abogados, Lucrecia Ranzini, de ATE Bariloche, y Rubén Marigo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). También habló ante los legisladores el joven Mario Cayún, a quien la policía golpeó hasta quebrarle el brazo izquierdo. Cayún relató su odisea –ya publicada por Página/12– y le agregó un detalle: “Soy hijo de policía”, dijo. Además de la golpiza recibida, en la comisaría segunda del Centro Cívico amenazaban con matarlo y tirar su cuerpo en algún lugar apartado. “Los policías se reían todo el tiempo y uno de ellos me ‘defendió’ diciéndoles a sus colegas: ‘¿A vos te gustaría, como policía, que otro policía mate a tu hijo?’”.

La audiencia fue presidida por las legisladoras Victoria Donda y Griselda Baldata, titulares de las comisiones de DD.HH. y Seguridad Interior, respectivamente. Estuvieron presentes los diputados Felipe Solá, Claudio Lozano, Ricardo Gil Lavedra, Ricardo Alfonsín, Juan Carlos Dante Gullo, Fernanda Gil Lozano y Jorge Daniel Cardelli, entre otros. También asistieron el pastor Aldo Etchegoyen, de la APDH; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella; el jurista y ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian; la psicóloga Karina Dolores Almirón, de la Conis (Comisión Nacional contra la Impunidad), y Diana Kordon, del Eatip (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial).

Además de los familiares de los casos de Bariloche, hablaron parientes de jóvenes asesinados en la provincia de Buenos Aires, cuyos casos todavía no han sido llevados a juicio. Hubo duras críticas al gobierno bonaerense actual y a los anteriores. El ex mandatario provincial Felipe Solá intentó una defensa de su gestión y debió soportar, como la mayoría de los presentes, reproches por “la falta de compromiso de los funcionarios con los problemas que afrontan los pobres para que se haga justicia cuando le matan a un ser querido”. Donda y Baldata dijeron a los familiares que las dos comisiones “están abiertas a llevar adelante sus reclamos”.