SOCIEDAD › ENTRE AMENAZAS DE JURY Y APOYOS A LOS JUECES DEL CASO URBANI
El reclamo de juicio político a los integrantes del tribunal que condenó a los dos adolescentes del caso Urbani. Casal ofrece y aumenta recompensa para encontrar al prófugo. Desde la Justicia, un amplio y contundente apoyo a los tres magistrados.
› Por Horacio Cecchi
Bajo presión, podría describirse el fallo del Tribunal 3 que resolvió por unanimidad en el caso Urbani, un fallo duramente criticado por los familiares de la víctima, pero muy especialmente por sus abogados, el ex ministro Jorge Casanovas, y el consecuente fiscal de menores Andrés Zárate, además de los anuncios de juicio político a que se comprometió el intendente de Tigre, Sergio Massa. El mismo término habían utilizado diez días antes tres camaristas de Quilmes para dar vuelta el caso de gatillo fácil de Carla Lacorte y liberar al policía José Salmo, sosteniendo que los familiares habían manifestado presionando a los jueces del Tribunal 5 y que el fallo de éstos había sido bajo presión. La diferencia es notoria: no hubo intendentes, ni abogados ex ministros, ni ministros que intervinieran; y el policía quedó libre. En el caso Urbani, los dos adolescentes fueron, como señaló el Tribunal 3 de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro con mayúsculas, considerados culpables, sentenciados y continuarán detenidos. La sentencia desató polémica, pero un amplio abanico de personalidades de la Justicia apoyó la labor del tribunal. La pena que se cuestiona y por la que Massa y Casanovas muerden nudillos y prometen el jury es de entre 10 y 25 años. Aportando su granito de arena, el superministro Casal ofreció una recompensa de entre 70 y 100 mil pesos para quien proporcione datos del prófugo reclutador de menores, de 43 años. La contracara de la oferta reluce: la Bonaerense no busca porque tiene sus manos ocupadas sosteniendo el paraguas.
El eje de la polémica sobre la sentencia pareció más centrado en que el fallo no resultó tal como lo pretendían, que en cuestiones procesales pasibles de ser analizadas. Una fuente muy cercana al tribunal confió a este cronista que “piden en público, pero en el juicio no pudieron demostrar lo que ahora reclaman con la amenaza del jury, el homicidio criminis causae (para ocultar otro delito). No tenían necesidad de matarlo para entrar, ni para robar, ni para escaparse, no le hicieron nada a los otros testigos, el chico no tenía marcas de haber peleado, y fue en un cuarto donde no hubo testigos. Los jueces tenían específicamente probado un robo y un homicidio agravado por el uso de arma de guerra en el marco de dicho robo”. De todos modos, Casanovas alienta a la familia al reclamo del jury y se mostró sorprendido por el cambio de calificación de homicidio criminis causae a homicidio agravado en ocasión de robo.
“Estoy de acuerdo con la sentencia, me pareció correcto que no declararan inconstitucional la 22.278 porque es la única que hay y hubiera dejado un vacío legal por detrás –sostuvo Julián Axat, de la defensoría 16 de Responsabilidad Penal Juvenil platense–. Podrían haber avanzado más dando certeza sobre la pena aunque la aplicaran después y habrá que ver cómo queda el año tutelar que no es de mero encierro, sino de tareas que los reintegre a la sociedad. Igual es llamativo, en la provincia te amenazan con juicio político por hacer lo que tenés que hacer.”
“Es bastante común que ciertos actores políticos traten de conseguir réditos gobernando a través del delito –sostuvo el defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganón–. Colocan a los jueces contra la pared. No puede haber un juez que no falle como ellos quieren que haga. Hay otros casos de pedidos de jury en la provincia sin otro fundamento que el que el juez no sentenció como esperaban.”
“No conozco el contenido del fallo, pero sí me parece correcta la posición del tribunal –dijo Mario Juliano, juez del Tribunal Criminal 1 de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal–. Uno puede comprender a los familiares, no habrá sentencia que les pueda devolver la paz. Lo que no es comprensible son los energúmenos jurídicos. O vivimos en la ley de la selva y la venganza o vivimos en un Estado de derecho. El tribunal no sostuvo ninguna impunidad, muy por el contrario. El hecho es grave y fueron condenados. Lo que no quita que se haga una segunda lectura, que son jóvenes destruidos por la marginación de la que somos responsables toda la sociedad.”
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