La promoción en todo el país de servicios de asistencia integral gratuita para las mujeres que padecen violencia de género y la extensión de la figura de protección contra la violencia familiar a nuevas figuras que contemplan la violencia en cualquier ámbito donde la mujer desarrolle sus relaciones interpersonales. Esos son dos de los ejes fundamentales de la ley 26.485 contra la violencia de género, que ayer se puso en plena vigencia con la firma del decreto reglamentario por parte de la presidenta Cristina Fernández. “Hemos dado un paso más en las garantías y restitución de derechos”, consideró la Presidenta ayer en el acto realizado en Casa de Gobierno y agregó que “la violencia contra la mujer es una batalla que hay que dar desde lo cultural”. Las referentes consultadas por Página/12 coincidieron en la necesidad de un cambio cultural, resaltaron la importancia de que el Gobierno incluya la violencia de género en la agenda pública y adelantaron los pasos a seguir respecto de la asignación de presupuesto y la puesta en práctica de la nueva norma.

“Lo único que he hecho hoy (por ayer) es firmar la reglamentación de un decreto que ha sido una profunda construcción social participativa y que ha llegado a todos los estamentos de la sociedad y del Estado”, apuntó Cristina Fernández en el Salón de las Mujeres antes de felicitar a las militantes femeninas por “encender luces en la oscuridad”. El proceso de reglamentación de los 45 artículos de la ley 26.485, sancionada en 2009, contó con la participación de tres comisiones consultivas integradas por organizaciones sociales y sindicales, académicos, funcionarios judiciales, periodistas e integrantes de los ministerios y secretarias que actúan en el área de la violencia de género.

Perla Prigoshin, representante del Consejo Nacional de la Mujer (CNM) en el proceso de reglamentación, señaló que “no hubo modificaciones estructurales” a la ley sancionada en 2009. La legislación reglamentada avanza sobre la anterior ley a nivel nacional y provincial que protegía a las mujeres de la violencia doméstica y avanza sobre la violencia física, psicológica, sexual, simbólica y económica y patrimonial, que le pone letra al reclamo de igual salario por igual tarea.

Dentro de la violencia simbólica, Prigoshin destacó la reglamentación sobre “violencia mediática”, al considerarla “una área inexplorada en Latinoamérica, en la que se puntualiza qué se entiende por imágenes y contenidos que vulneran la dignidad de las mujeres e incurren en violencia”. La integrante del CNM adelantó que las sanciones frente a ese tipo de violencia serán coordinadas con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por la nueva ley de medios.

A nivel judicial, Prigoshin consideró relevante la inclusión de la posibilidad de realizar denuncias anónimas “para proteger a los funcionarios públicos y especialistas” y la condición de que una causa no sea archivada a la espera de la ratificación de la denuncia por parte de la víctima, para evitar la revictimización o el condicionamiento por temor.

La ley reglamentada debe ser aplicada en todo el país, a excepción de las medidas de procedimiento de la Justicia que podrán ser ajustadas por las provincias a medida que se adhieran a la ley. Sin embargo, algunas condiciones procedimentales como el acceso gratuito a la asesoría legal para todas las mujeres que padezcan violencia serán obligatorias. “Es fundamental y urgente que se ejecuten medidas de este tipo y es un excelente paso que figure en la ley. Pero será un gran desafío de coordinación y recursos llevarlo a la práctica”, advirtió Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

El presupuesto es una de las preocupaciones de las organizaciones que combaten la violencia de género ante la adecuada aplicación de la ley. Fabiana Tuñez, coordinadora de la Asociación Civil Casa del Encuentro, resaltó que “será necesario mayor presupuesto para los ministerios y secretarías que aborden la temática de violencia, como para campañas que permitan generar conciencia y prevención para erradicar la violencia”, y consideró que la reglamentación de la ley “es una herramienta para reclamar nuevos fondos en el presupuesto del próximo año”.

Informe: Nahuel Lag.