Aunque una ley nacional lo vede, el gobernador de Mendoza, Celso Jaque, dio vía libre para que los funcionarios de su provincia decidan si quieren o no aplicar la ley de matrimonio civil aprobada por el Congreso. “Le he pedido al ministro de Gobierno que, si hay funcionarios del Registro Civil que por la circunstancia que fuere quieren hacer uso de la objeción de conciencia, lo den a conocer” para que otro funcionario cumpla con su deber, dijo el mismo día en que el Boletín Oficial publicó la promulgación del matrimonio igualitario (ver aparte). Aunque la ley “no incorporó la objeción de conciencia, en lo personal estoy totalmente convencido de que desde el punto de vista de la Constitución, existe”, agregó el gobernador. Los activistas de la diversidad discreparon. La decisión de Jaque “es un mensaje clarísimo de discriminación”, señaló el secretario general de la Federación Argentina LGBT (Falgbt), Esteban Paulón. “Está diciendo que en su provincia se admite discriminar a las personas por su orientación sexual. Ese derecho a la objeción de conciencia sería el derecho a la discriminación: es ilegal, hay una ley que contempla la posibilidad de impulsar acciones penales en casos así”, agregó, en referencia a la ley Anti Discriminatoria (la 23.592). “La Federación va a promover todas las acciones penales necesarias y pedimos a la gente que haga lo propio o que nos informe para que podamos hacerlo en su nombre.”

Jaque aclaró que la indicación acerca de qué funcionarios presenten “objeción de conciencia” no servirá para aplicarles amonestaciones, sino más bien para no acosarlos con algo que les disgusta. Para algunos funcionarios, la nueva ley impondría una disyuntiva similar a la que sucede “en el caso del aborto” no punible: es decir, una instancia que evidencia que “nadie puede ser obligado a realizar algo que está en contra de su propia libertad de elegir”. Por ello el recuento no servirá “para poner un listado, sino para prever quién debe brindar lo que la ley dicta y así cumplir con las dos partes”: “la posibilidad de que quien quiera tener objeción de conciencia en un determinado tema lo diga, y hay que conocerlo con tiempo, no para publicarlo sino para evitar inconvenientes”, porque a fin de cuentas existe la “obligación que tiene el Estado, que es la de brindar el acceso a eso” garantizado por la ley.

El gobernador mendocino delegó la confección del listado a su ministro de Gobierno, Mario Adaro, el mismo funcionario que, un día antes de la sanción de la ley en el Senado, encabezó una marcha contra el matrimonio igualitario convocada por la jerarquía de la Iglesia Católica y grupos evangélicos. Hasta anoche, indicó la directora del Registro Civil Olga Videla, ningún funcionario había indicado “su negativa a casar parejas homosexuales pero ellos tienen libertad para tomar esa eventual decisión”.

Pocas horas antes del anuncio de Jaque, una pareja de chilenos residentes hace años en Mendoza conseguía turno para casarse el 31 de agosto.