El secretario general de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Mas Vélez, defendió ayer el posicionamiento del Consejo Superior a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria de un embarazo y destacó que apunta a “atender una demanda social” para lograr “un sistema que tenga por regla la legalidad del aborto”. En el mismo sentido se pronunció la Asociación de Abogados de Buenos Aires (ver aparte).

El órgano máximo de la UBA aprobó el miércoles una resolución con el voto de 23 de sus 25 miembros presentes, por la cual reclamó al Congreso un cambio en la legislación vigente y se manifestó a favor “del derecho al aborto legal, seguro y gratuito”. Al mismo tiempo consideró de “interés institucional” las actividades que se realicen en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un colectivo de más de doscientas organizaciones que vienen impulsando un cambio normativo desde hace cinco años. El rector de la UBA, Rubén Hallú, encabezó la reunión, pero no participó de la decisión final porque sólo puede hacerlo en caso de empate. El apoyo fue abrumador. Todos los decanos, con excepción del de Medicina, Alfredo Buzzi, que se abstuvo, votaron a favor. La propuesta fue presentada por una representante de los alumnos, María Laura Casal. El único que votó en contra fue un profesor de la Facultad de Medicina, Rodolfo Pedro Rothlin. En el momento de la votación, hubo tres integrantes del Consejo Superior ausentes circunstancialmente, pero no por una decisión política de evitar pronunciarse.

“El derecho a decidir no sólo se circunscribe al derecho a la interrupción de un embarazo, sino que incluye también la posibilidad de decidir la maternidad. Es reconocer a las mujeres como sujetos sociales, como ciudadanas y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres, el número de hijos/as que desean tener y el espacio temporal entre nacimientos”, dice uno de los fundamentos del pronunciamiento del Consejo Superior. El documento fue el resultado de un mes de debate en comisiones. Se tomaron como antecedentes una resolución de la Universidad Nacional de Córdoba a favor de los proyectos de despenalización y otra votada por la Facultad de Ciencias Sociales.

“Una de las funciones de la universidad es atender las demandas sociales, y un problema grave de la sociedad para nosotros es la muerte materna cuya principal causa son los abortos inseguros”, explicó Mas Vélez. El secretario aseguró que el objetivo es “aportar a las políticas públicas desde la mirada crítica que debe tener la universidad de la sociedad”.

“Hay situaciones en las que el aborto es aceptado por nuestras normas, pero a veces la autorización judicial no llega a tiempo. Por eso nos pronunciamos a favor de un sistema en el que la despenalización sea una regla en el contexto donde se garantice el derecho de todos”, remarcó el dirigente.