Un decreto del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, dispone que los docentes que tengan pendiente “un proceso criminal” no tienen que ser separados de su cargo, como ocurría hasta ahora. La norma, el decreto 625/10 publicado el viernes en el Boletín Oficial, modifica la reglamentación del Estatuto del Docente de la Ciudad. Para el diputado porteño Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), “Macri dictó una norma a la medida de su situación personal: como cualquier empleado municipal, debería ser separado de su cargo con un procesamiento firme”.

Nenna, que fue titular de UTE-Ctera, uno de los gremios docentes porteños, aseguró que la resolución del jefe de Gobierno no responde a un reclamo de los docentes porteños. “Por el contrario, cuando un docentes es procesado por cualquier delito, y está siendo investigado, lo más sensato es que no participe de la función educativa.”

El decreto, que también firman el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros de Educación, Esteban Bullrich, y de Hacienda, Néstor Grindetti, modifica un artículo del Estatuto del Docente en el que se establece que no es compatible con la función educativa “haber sido condenado con sentencia firme por hechos dolosos” o “haber sido declarado cesante o exonerado de la administración pública”. Pero se excluye como causal el “tener pendiente un proceso criminal”.

El argumento: separar del cargo a alguien que tiene pendiente un proceso criminal es “contrario al principio de inocencia”.

“Desde que Macri tiene procesamiento firme, insistimos en que tiene que hacer uso de licencia para garantizar la transparencia de la investigación, como cualquier empleado municipal. Con los docentes ocurría lo mismo: finalizado el proceso judicial, si es declarado inocente se lo repone en su cargo, y si es considerado culpable se lo cesantea”, explicó Nenna. “Con este decreto –añadió– pone en juego un instrumento a la medida de lo que le está pasando a él, que puede contribuir a resolver su situación personal.”