El gobierno porteño aseguró, apenas ocurrió el derrumbe en el boliche Beara Lounge Club que provocó dos muertes, que el local estaba correctamente habilitado. Pero en un nuevo informe que dieron los funcionarios a cargo de la habilitación y control de locales y comercios quedó en claro que el local, al momento de tramitarse su permiso para funcionar, tenía vencida la autorización de localización que otorga la Dirección de Interpretación Urbanística, un requisito imprescindible para autorizar su funcionamiento. Ese permiso, con el que deben contar no sólo las discotecas, sino también las “casas de fiestas privadas”, como Beara, fue concedido en octubre de 2007, pero venció seis meses después, pese a lo cual en agosto de 2009 se le otorgó la habilitación. Del estudio de la documentación aportada, además, se concluye que no fue la Justicia la que levantó dos veces la clausura del boliche, como intentaron convencer los funcionarios desde el primer día después de la tragedia, sino el propio gobierno porteño a través de sus controladores. Por el contrario, un juez en lo Contravencional había confirmado una clausura por sesenta días y una multa de más de 20 mil pesos que el Estado porteño nunca se encargó de ejecutar.

Estas nuevas irregularidades fueron puestas de manifiesto el miércoles por el legislador porteño Raúl Fernández, del bloque Encuentro Progresista, durante la tercera exposición del titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibáñez, y la segunda del cuestionado director de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrell, en la Legislatura.

Los dos funcionarios fueron convocados por los diputados para dar explicaciones sobre los controles realizados al Beara Lounge Club, el local donde el viernes a la madrugada se derrumbó un entrepiso, hecho que provocó la muerte de dos chicas de 20 y 21 años y heridas a otras 33 personas que estaban en la planta baja del salón.

Ese mismo día se supo que Beara estaba habilitado como “casa de fiestas privadas” –una figura que no existe en el Código de Habilitaciones, pero bajo la cual funcionan 111 locales–, pero que en realidad allí funcionaba en forma encubierta un boliche, ya que se promocionaban las fiestas por Internet y se vendían entradas bajo la forma de consumisiones.

En la exposición del miércoles, los funcionarios aportaron copias del expediente de habilitación de Beara. Allí, el diputado Fernández detectó una cédula de notificación por la que se intimaba a los dueños de Beara a presentar “la correspondiente autorización de emplazamiento para la actividad Casa de Fiestas Privadas, extendido por la Dirección General de Interpretación Urbanística, y el Certificado de Aptitud Ambiental”. Y observó que el primero de esos documentos no aparecía en el legajo. Recién ante el reclamo, Farrell le hizo llegar a cada uno una copia de la autorización de emplazamiento.

Lo curioso es que ese permiso tiene fecha del 24 de octubre de 2007, y en su artículo segundo se aclara que tiene una vigencia de 180 días, por lo cual venció el 24 de abril de 2008. Sin embargo, la habilitación se otorgó más de un año después, el 24 de agosto de 2009.

“No fue ésa la única foja faltante en el expediente que nos entregaron, faltaban otras nueve, que nos fueron entregando después”, advirtió Fernández.

El legislador explicó que la zona donde funcionaba Beara, Scalabrini Ortiz al 1600, está catalogada como C3 (comercios) en el Código de Planeamiento Urbano. Allí, para habilitar cafés-concert, bôites y casas de fiestas privadas se requiere una evaluación del Consejo de Planeamiento Urbano, que debe determinar “la conveniencia de la localización propuesta”. A partir de ese dictamen, la Dirección de Interpretación Urbanística autoriza o no la actividad. “Esto se hace para evitar una saturación de locales en una zona donde además de comercios hay numerosas viviendas”, argumentó Fernández. Por esa razón, añadió, las autorizaciones tienen vigencia por seis meses: en ese lapso pueden instalarse nuevos locales, lo que modificaría la situación.

La irregularidad se suma a otra que había sido detectada el lunes: la habilitación se concedió el 24 de agosto de 2009, pese a que 21 días antes la directora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski, había recomendado denegar la habilitación a Beara como casa de fiestas privadas. El motivo: se le habían aplicado dos clausuras por desvirtuar el rubro; estaba habilitado hasta entonces como bar, pero funcionaba como discoteca.

Ni en esa ocasión ni ahora, Farrell pudo dar explicaciones por esas irregularidades. “Esto demuestra que existen al menos desprolijidades administrativas en la Agencia Gubernamental de Control. Porque más allá de que no existe la figura de Casas de Fiestas Privadas en el Código de Habilitaciones, el gobierno tiene elementos para generar medidas de seguridad”, advirtió Fernández.

Otro capítulo oscuro de las explicaciones oficiales es el de las clausuras. Beara no fue clausurado dos veces, como aseguraron los funcionarios macristas, sino tres: el 22 de abril de 2008, por obstrucción al procedimiento inspectivo; el 2 de junio de 2009, por “funcionar como local de baile clase C sin contar con la correspondiente habilitación”, y el 3 de agosto de 2009, por la misma infracción.

Las tres clausuras preventivas fueron levantadas casi de inmediato por los controladores administrativos de faltas especiales, dependientes de la propia Agencia Gubernamental de Control, con un argumento casi pueril: la infracción había cesado puesto que, sencillamente, la fiesta irregular había terminado.

En principio, la falta no quedó impune. El mismo controlador le aplicó a Beara una dura sanción: 60 días de clausura y una multa de 20 mil unidades. Esa sanción fue apelada a la Justicia Contravencional, que la confirmó. “Sin embargo, nunca se cumplió, porque la empresa apeló a una instancia superior, aunque no correspondía. La apelación, además, no suspende la pena y sin embargo no se cumplió”, sostuvo Fernández.