El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, vetó la ley que catalogaba al Hospital Muñiz como edificio protegido por su valor patrimonial y con esa medida no hizo más que alimentar las sospechas que desde hace tiempo sobrevuelan el futuro de ese centro asistencial y del predio que lo rodea, unas cinco hectáreas en el barrio de Parque de los Patricios. La norma vetada protegía al centenario edificio con sus pabellones, emplazados en un amplio terreno arbolado. Había sido aprobada por la Legislatura el 12 de agosto último. Una semana antes, Macri había anunciado la construcción, en ese predio, del Complejo Hospitalario del Sur, que incluía, además del Muñiz, al de Gastroenterología, Bonorino Udaondo y al de Rehabilitación Respiratoria, María Ferrer.

El Muñiz, dedicado a la atención de enfermedades infecciosas, está ubicado en el predio delimitado por las avenidas Vélez Sarsfield y Amancio Alcorta y las calles Uspallata, Monasterio y Los Patos. Su emplazamiento en ese lugar fue decidido en 1883, como “casa de aislamiento” para pacientes con enfermedades infecciosas, en aquel entonces incurables, pero el edificio principal fue inaugurado en 1904.

El proyecto aprobado por la Legislatura protegía no sólo la construcción principal, sino los pabellones vinculados con ella. Los legisladores resolvieron proteger el conjunto edilicio por entender que fue concebido bajo “el pensamiento higienista inspirado en las ideas reformistas de la Europa del siglo XIX”, en el que se destaca “un sistema de pabellones distanciados y vinculados entre sí por senderos y jardines circundantes” con la idea de que la acción de “la luz natural, los ambientes ventilados y el uso de la vegetación como entorno” contribuirían a “purificar la atmósfera e higienizar el ambiente”. Así lo describe en sus fundamentos uno de los proyectos de ley, presentado por los legisladores Gabriela Alegre, Diana Maffía, Verónica Gómez y Julián D’Angelo en 2008.

El texto finalmente fue aprobado el 12 de agosto de este año, en segunda lectura, después de celebrarse una audiencia pública, el 5 de mayo de este año, presidida por la titular de la Comisión de Planeamiento, Silvina Pedreira.

El veto a esa norma, publicado el jueves en el Boletín Oficial, tiene fecha del 8 de septiembre y lleva, además de la firma de Macri, la del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain. Entre los fundamentos, el decreto sostiene que “las regulaciones que se intenta imponer a las nuevas construcciones limitan las posibilidades proyectuales”. También sostiene que fueron protegidos inmuebles que “habían sido desestimados para su catalogación por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales”, dependiente del Ejecutivo. “Incluso protegía una construcción que ya no existe, un lugar donde hoy hay césped”, comentó a este diario un vocero de Desarrollo Urbano.

Desde que asumió Mauricio Macri, los profesionales del Muñiz, al igual que los del Borda y el Moyano, se pusieron en estado de alerta ante el anuncio de proyectos para refuncionalizar o cerrar esos centros asistenciales, ubicados en amplios terrenos con un alto potencial inmobiliario. Macri llegó a anunciar en 2008 el cierre del Borda y el Moyano y el traslado a esos terrenos de la administración central del Ejecutivo, proyecto que luego tuvo que desestimar.

Con el Muñiz utilizó una estrategia diferente: primero consensuó con la Asociación de Médicos Municipales y el Sutecba la unificación de tres hospitales en un complejo, en los actuales terrenos del Muñiz. Con esa obra quedarían liberados dos importantes inmuebles: la vieja casona donde funciona el María Ferrer, junto a la Casa Cuna, en Constitución, y el edificio del Udaondo, sobre la Avenida Caseros, en Parque de los Patricios.

“El proyecto se originó en las sospechas de que ese predio o parte de él se iba a utilizar con otros fines. Por eso se reglamentó su protección”, dijo a Página/12 el defensor adjunto del Pueblo, Gerardo Gómez Coronado. “Aunque no me constan las intenciones que puede tener el gobierno, el veto viene a ratificar esas sospechas”, agregó.

Santiago Pusso, presidente de la asociación vecinal Basta de Demoler, dijo a este diario que a Macri “no le interesa preservar ese conjunto de edificios y el parque, que tienen un alto valor patrimonial”. La organización había apoyado el proyecto de ley ante las sospechas de una posible demolición del edificio o parte de él. El gobierno de Macri, recordó Pusso, ya había intentado demoler el histórico edificio del Hospital Rivadavia, pero tuvo que de-sistir ante la resistencia del personal.

Ahora, el proyecto vetado debe regresar a la Legislatura, donde el cuerpo podrá ratificar la iniciativa con los dos tercios de los votos, o bien reformularla en un nuevo proyecto de ley.