“Es claro que cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y a los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos están en grave peligro”, advirtió la británica Louise Finer, investigadora sobre América del Sur del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, con sede en Londres. Finer explicó en un reportaje de Página/12 los alcances del pronunciamiento de la organización de derechos humanos a favor de la legalización del aborto.

Con el pronunciamiento, efectuado en el Día de Lucha por la Despenalización en América latina y el Caribe, es la primera vez que AI exhorta a viva voz a los gobiernos de la región a descriminalizar el aborto en todas las circunstancias. Hasta ahora, la organización había expresado su repudio frente a la prohibición total del aborto que rige en países como Nicaragua, donde incluso está penalizado cuando corre riesgo la vida de la mujer. También había manifestado preocupación en relación con las reformas constitucionales en estados mexicanos y en República Dominicana, donde se incluyeron cláusulas que definen la vida “desde la concepción” con el espíritu de asegurar que no se avance con la despenalización del aborto. En la Argentina, en marzo de este año, AI hizo un llamamiento a las autoridades a garantizar el aborto no punible a dos adolescentes violadas en Chubut, que tuvieron que recurrir a la Justicia para acceder a la interrupción de los embarazos producto de ataques sexuales perpetrados por sus padrastros.

Activista por los derechos humanos desde hace una década cuando se graduó en la universidad, fanática de la música –desde el tango al hipoho cubano, aclara–, Finer trabaja en AI hace dos años. Su oficina está en la sede central de la organización, en Londres, desde donde respondió a Página/12. Conoce la Argentina. Ha visitado el país en varias oportunidades, cuenta. Y ha vivido cuatro años en otros países de América del Sur.

–¿Por qué la organización asume ahora esta postura clara a favor de la legalización del aborto?

–Desde principio de este siglo Amnistía Internacional expandió su mandato y además de tomar acción para erradicar la tortura, las desapariciones forzosas, la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales y para exigir la liberación de presos de conciencia ahora aboga por la universalidad de los derechos humanos: los civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. A principio de siglo la organización lanzó una campaña mundial para erradicar la violencia contra la mujer y en este contexto el movimiento mundial de activistas de derechos humanos decidió que tal y como lo establecen las normas internacionales de derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales. Es así que Amnistía Internacional está documentando casos que demuestran el impacto de la penalización del aborto en las vidas de las mujeres y las niñas como por ejemplo en Nicaragua y en Argentina. En Argentina la organización ha visto con preocupación que aun cuando está despenalizado el aborto cuando la vida de la mujer y niña está en peligro y cuando hubo violación sexual, esto no siempre se cumple. La ausencia de protocolos claros de atención implementadas a nivel nacional para casos de abortos no punibles ha hecho que muchos casos se judicializan innecesariamente.

–¿Por qué es una cuestión de derechos humanos?

–Las normas internacionales de derechos humanos especifican que las mujeres tienen el derecho a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos libres de coacción, discriminación y violencia. No hay por qué cuestionar que la despenalización del aborto es una medida necesaria para asegurar que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren día a día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso significan la pérdida de la vida. ¿Es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley? Los abortos inseguros a los que pueden acceder mujeres y niñas con pocos recursos las llevan a arriesgar su vida y su salud y, si sobreviven, a la posibilidad de ser procesadas y encarceladas. Esto es definitivamente una cuestión de derechos humanos.

–¿Por qué cree que gobiernos que tienen un claro discurso a favor de los derechos humanos no incluyen bajo ese paraguas la despenalización y legalización del aborto?

–Es vergonzoso que en las Américas los países son rápidos en ratificar normas internacionales de derechos humanos, incluidas normas por los derechos de la mujer, pero lentos en implementar los compromisos que éstas traen. Es preocupante que no existe la voluntad política de implementar compromisos concretos para respetar los derechos de las mujeres. Falta mucho para que se erradique la discriminación contra la mujer en las Américas y así asegurar que sus derechos sexuales y reproductivos sean respetados. Algunas instancias de los Estados con frecuencia promueven interpretaciones equivocadas de los estándares de derechos humanos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Es por esto que Amnistía Internacional se une a la campaña regional por la despenalización del aborto y exige que sean inmediatamente derogadas todas las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de mujeres y niñas que buscan o tienen un aborto bajo cualquier circunstancia. Es claro que cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y a los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos están en grave peligro.

-¿Cómo afecta la penalización del aborto a las mujeres?

–Existe evidencia que demuestra que la penalización del aborto contribuye a las tasas elevadas de mortalidad materna. Se sabe que el aborto se vuelve una práctica riesgosa cuando se practica de forma ilegal. A las víctimas de violación, la penalización del aborto las obliga a continuar con el embarazo, independientemente del peligro que ello suponga para su vida, su salud, su bienestar o su voluntad personal. La única otra posibilidad es buscar un aborto clandestino e inseguro, lo que pone en peligro su vida y su salud, y por el cual pueden terminar en prisión. Además, si una mujer o niña es violada por un familiar, la penalización que vemos en países como Nicaragua significa que el Estado las obliga a dar luz a su propio hermano o primo. Esto es inaceptable.