“... Y, si llegamos a entrar en una crisis, nos internan: nos atan, nos sobremedican, nos violan”: el testimonio de una representante de la Red de Familiares y Usuarios de Servicios de Salud Mental puso en primera persona los datos que, desde entidades de derechos humanos, desde el Inadi y desde el propio Ministerio de Salud nacional se aportaron ayer para exigir la sanción de la Ley de Salud Mental que el Senado tratará el 24 de este mes. La normativa –que trae media sanción unánime desde Diputados– apunta a la progresiva desactivación de los manicomios y su reemplazo por sistemas de atención comunitaria, y restituye derechos civiles a los usuarios de servicios de salud mental. “No se trata de hacer modificaciones en los manicomios, sino de revisar la concepción de ‘locura’ y ‘peligrosidad’ que conllevan”, destacó una especialista de la APDH. Hoy a las 16, frente al Congreso se hace un acto en apoyo de la ley, que tiene el aval de la Organización Panamericana de la Salud.

La reunión de ayer fue organizada por el Inadi, cuyo titular, Esteban Morgado, advirtió que “el artículo 141 del Código Civil establece la ‘insania’ que priva a personas con padecimientos mentales de sus derechos civiles, políticos, económicos y culturales: a partir de esto se ha establecido un enorme dispositivo de reclusión”.

Macarena Sabin Paz, coordinadora de Salud Mental del CELS, recordó el informe Vidas arrasadas, elaborado por esa entidad y el MDRI (la sección Psicología de Página/12 publicó un extracto el 7 de abril de 2008), que registró “25 mil personas detenidas en ‘internaciones psiquiátricas’, muchas de ellas de por vida. En esas condiciones tienen lugar abusos físicos y sexuales, sin derecho a tratamientos ni a rehabilitación ni a revisar su situación judicial”. Destacó que la ley que se tratará “exige órganos de revisión sobre las internaciones”.

Liliana Cabrera –de la Red de Familiares, Usuarios, Estudiantes y Voluntarios– afirmó que la ley “hace lugar a las familias que tenemos o tuvimos problemáticas de salud mental, que estadísticamente somos el 55 por ciento de las familias argentinas. Nosotros sabemos lo que es esperar meses para conseguir un turno y, si llegamos a estar en crisis, nos internan: ataduras, sobremedicación, violaciones”. Cabrera destacó “la importancia de atender, antes de que se agraven, situaciones de gente que se ha puesto mal porque se le murieron parientes o porque se separó, pero para eso tiene que haber esquemas de atención en todos los barrios”.

Alicia Gillone, coordinadora de salud mental de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), observó que “hacer modificaciones en los edificios monovalentes (hospitales psiquiátricos) no alcanza: hay que cambiar el concepto de peligrosidad y locura que conlleva el aislamiento”.

Facundo Chávez Penillas, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, recordó que “hoy quienes tienen discapacidad psicosocial e intelectual no están reconocidos con los estándares mínimos para ser considerados personas”, y subrayó que, en el orden internacional, “la Red Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de la Psiquiatría participó en la redacción de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina”.

Yago Di Nella –director nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud– manifestó el apoyo del Ejecutivo a la ley, “la cual exige incorporar el enfoque de salud mental a las políticas sanitarias generales, ya que la salud mental viene escindida de la salud pública”.

El proyecto cuenta con la adhesión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), entre otros.