El edificio del gobierno porteño donde se juzgan y sancionan las faltas sobre el medio ambiente está construido con un techo de chapas de fibrocemento que contienen amianto, un material contaminante prohibido para las construcciones por los efectos que provoca en la salud de las personas. El edificio pertenece a la Agencia Gubernamental de Control y está ubicado en Presidente Perón 2933, frente a estación Plaza Miserere. Perteneció a una antigua fábrica y fue reciclado para el funcionamiento de la Unidad Administrativa de Faltas Especiales y la Dirección de Seguridad e Higiene Alimentaria, entre otras dependencias. Un examen realizado por técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) confirma la presencia de asbesto (amianto) y recomienda la remoción de todo el techo. La denuncia formulada por los trabajadores llegó a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades de la AGC, que por ahora analizan el problema en busca de una solución.

Una situación similar fue detectada en la Unidad Administrativa de Control de Faltas, en el primer piso del Edificio del Plata, en Carlos Pellegrini 211, donde los cielorrasos están hechos con amianto, según se comprobó en otra actuación que instruye la Defensoría del Pueblo porteño. “Este caso tiene el agravante de que al haber una filtración de agua, el cielorraso está húmedo, se desmenuza y pierde partículas que son nocivas para la salud”, explicó a Página/12 Eduardo Fachal, jefe del Area de Control Comunal y Gestión Urbana de la Defensoría.

El edificio de la calle Perón está habilitado para la atención al público desde 2008. Fue comprado durante la gestión de Jorge Telerman como jefe de Gobierno para albergar allí todas las dependencias vinculadas con los controles y sanciones de faltas, intensificadas después de la tragedia de Cromañón. Nadie había alertado acerca de la presencia de un material contaminante hasta febrero de este año, cuando un infractor, tras agotar los argumentos en su defensa, contraatacó advirtiendo a la controladora actuante que en ese lugar también se vulneraban las normas ambientales con el uso de chapas de fibrocemento, con un componente contaminante, de uso prohibido.

Casi en simultáneo, aparecieron problemas de salud que afectaban a una de las personas que trabajan en el lugar, que podrían asociarse con la asbestosis, una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de fibras de asbestos. A partir de ese momento, se disparó el reclamo, que en un principio se hizo por vía administrativa y al final llegó a la Defensoría del Pueblo.

En ese edificio trabajan aproximadamente unas 1500 personas. Desde que comenzó a funcionar allí la AGC, en agosto de 2008, el lugar está en permanente remodelación y, según comentan los empleados, los trabajos no se hacen con las medidas de seguridad recomendadas para la manipulación del amianto. El estudio realizado por el INTI en agosto de este año comprobó que en la cubierta del lugar “existen chapas de fibrocemento que poseen en su masa cementicia fibras de asbesto variedad crisotilo”.

El uso de esa sustancia está prohibido por una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, dado que “existen pruebas científicas concluyentes de los efectos carcinogénicos de la exposición al asbesto o amianto”. La resolución 831/01 cita en sus fundamentos un texto de la Organización Mundial de la Salud de 1998, donde se establece que “es imposible establecer niveles mínimos de exposición seguros” al amianto. Además del uso, la resolución de 2001 prohibió “en todo el territorio del país la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto variedad crisotilo y productos que las contengan a partir del 1° de enero de 2003”.

El informe del INTI, que tiene fecha del 30 de agosto, recomienda “el retiro total y completo de aquellos materiales con asbesto y su reemplazo”. También sostiene que la “extracción de materiales con presencia de asbesto debe ser realizado por una empresa especializada y autorizada por el organismo competente”, la cual deberá “presentar para su aprobación, previo a iniciar los trabajos, un plan de retirada de amianto/asbesto” que considere, entre otros puntos, “medidas preventivas para limitar la generación y dispersión de fibras de asbesto”.

La Defensoría del Pueblo está elaborando, a partir de la denuncia, una resolución que está a punto de ser firmada por la titular del organismo, Alicia Pierini. “Pedimos al Laboratorio de Ensayos de Materiales del Gobierno de la Ciudad que analicen las chapas del techo del edificio de Perón, pero nos dijeron que no podían hacer los estudios por falta de insumos y de tecnología. Incluso argumentaron que no tenían resmas para fotocopiar las normas IRAM”, lamentó ante este diario Fachal, a cargo de la instrucción en la Defensoría.

Finalmente, resolvió basar la resolución en el informe del INTI. Según pudo saber Página/12, recomendará el retiro de las chapas de fibrocemento, previa reubicación de los trabajadores.

En la Agencia Gubernamental de Control, a cargo de Javier Ibáñez, un vocero explicó que ya “se enviaron informes al Ministerio de Justicia y Seguridad (en cuya órbita está la AGC), el INTI y la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad para pedir indicaciones sobre procedimientos y materiales sugeridos para reemplazar la cubierta del edificio”.