En un hecho histórico, la Cámara de Diputados abrirá el debate por la despenalización del aborto. Ayer, la Comisión de Legislación Penal, que encabeza Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, acordó por consenso convocar a una primera audiencia pública antes de que finalice el año: la reunión será el 30 de noviembre a las 16 y como única expositora hablará la danesa Marianne Mollman, directiva de la organización internacional Human Rights Watch. En su último informe sobre la situación de los derechos reproductivos en la Argentina, HRW reclamó al Congreso la derogación del Código Penal de los artículos que criminalizan al aborto.

“Es la primera vez que logramos instalar el debate en la Cámara de Diputados”, destacó ayer en diálogo con Página/12 la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti, quien firmó el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La iniciativa es una entre varias en la comisión, que proponen desde la legalización en las primeras 12 a 14 semanas de gestación hasta la prohibición total y otras que reglamentan la atención de los abortos no punibles, ya previsto en el Código Penal desde 1921. “Decidimos abrir un debate que estaba silenciado en la Argentina por razones culturales, políticas, religiosas, y queremos hacerlo con la máxima seriedad que el tema demanda. Estamos de acuerdo en que hay que sacar el tema de debajo de la alfombra”, señaló Vega a este diario.

“El Congreso tenía que dar cuenta de lo que viene resonando en la sociedad en relación con el debate del aborto, donde cada vez se escucha con más fuerza el reclamo por la despenalización y legalización. Faltaba una decisión de ponerlo en la agenda parlamentaria. Si bien nuestra aspiración era que el debate se profundizara más este año, el hecho de realizar una primera audiencia pública significa un paso adelante y refleja los apoyos que la Campaña ha ido consiguiendo a lo largo del año, en universidades públicas e instituciones y personalidades que no estaban comprometidas antes con la temática”, enfatizó Estela Díaz, integrante de la Campaña.

Este año habrá una sola audiencia pública, informó Vega. De esa forma, la discusión pasaría al 2011, aunque al tratarse de un año electoral es muy probable que un debate amplio y extenso se postergue hasta el 2012: en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que articula a más de 250 ONG de mujeres, sociales, sindicales y de derechos humanos y civiles, no quieren que la derecha utilice el tema como en Brasil, en la reciente contienda electoral, para forzar un pronunciamiento contrario a la despenalización de parte del oficialismo, en cuyas filas –como en otras fuerzas– las posiciones en torno de la iniciativa están divididas.

Consultado por este diario, Vega dijo que está a favor de “despenalizar” el aborto, aunque no está de acuerdo en su legalización, es decir, que se ofrezca su atención gratuita en los hospitales públicos.

El proyecto de la campaña es el resultado de un largo proceso de discusión que se prolongó por más de un año. Fue presentado primero en la Cámara de Diputados como iniciativa de la sociedad civil en 2007 y un año más tarde ingresó con la firma de 22 legisladoras y legisladores. Al perder estado parlamentario, sin tratamiento, en marzo de 2010 se volvió a presentar pero con un apoyo mucho más amplio: con las firmas de casi medio centenar de diputados y diputadas del oficialismo y de diversos bloques de la oposición.

Entre otros, firmaron la iniciativa de la campaña Juliana Di Tullio, Héctor Alvaro, Adela Segarra, Héctor Recalde y Adriana Puiggrós del Frente para la Victoria; María Luisa Storani, Néstor Hugo Castañón y Silvana Giudici, de la UCR; Miguel Barrios, Lisandro Viale, Mónica Fein, Alicia Ciciliani, Ricardo Coccovillo y Roy Cortina, del Partido Socialista; Cecilia Merchán y Victoria Donda de Libres del Sur; Marcela Rodríguez, Fernanda Gil Lozano y Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica. También firmaron Nélida Belous, de Proyecto Progresista; María Josefa Areta, de Frente de Todos, de Corrientes; Claudio Lozano y Liliana Parada de Proyecto Sur; Fabián Peralta, Horacio Alcuaz y Gerardo Milman, de GEN; Martín Sabbatella, Vilma Ibarra, Carlos Heller, Jorge Rivas y Ariel Basteiro, de Nuevo Encuentro; Adriana García y Lorena Rossi, de Peronismo Federal, y Verónica Benas, de SI.

Para evitar interpretaciones restrictivas y arbitrarias, como ocurre con la regulación de los abortos no punibles, el proyecto de la Campaña está escrito en un lenguaje muy claro. Sus puntos principales son:

- Consagra el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas del proceso gestacional.

- Y fuera de ese plazo, si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud; si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer; si existieran malformaciones fetales graves.

- La práctica del aborto deberá garantizarse gratuitamente en los servicios públicos de salud. Las obras sociales y las prepagas deberán cubrirla.

- Contempla la objeción de conciencia. Los objetores deberán inscribirse en un registro en cada establecimiento de salud. Pero en “todos los casos la autoridad responsable deberá garantizar la realización de la práctica”.

- Si el aborto se debe realizar a una mujer de menos de 14 años “se requerirá el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales”.

- Si se trata de una mujer declarada incapaz en juicio se pedirá el consentimiento informado de su representante legal.

- No se podrá exigir una autorización judicial en ningún caso.

- La penalización del aborto se elimina del Código Penal, con excepción de los casos en que la práctica se realice sin el consentimiento de la mujer.