Cuatro federales contribuyeron con su propio cuerpo a revelar los insondables circuitos que alimentan la ola de inseguridad. Los acusan del secuestro extorsivo de un remisero de origen peruano, a quien le exigieron según el denunciante 20 mil pesos para su liberación, suma que luego se redujo a diez mil en dos cómodas cuotas de 7 mil antes y 3 mil después de la devolución a la calle. De los cuatro, dos están prófugos. Los otros dos fueron detenidos por integrantes de la División Antisecuestros y de Asuntos Internos. Ayer, los dos detenidos, el agente Gastón Eduardo Aragón y el subinspector Mariano Comello Potes, declararon ante el juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal federal Patricio Evers. Lo que dijeron es previsible aunque no por ello deja de ser posible: se dijeron inocentes, y se mencionaron como “los perejiles”.

¿Cómo se desarrolló el caso? En agosto pasado, para más precisión el miércoles 18, Víctor Michael Lázaro Castillo, se presentó en la División Antisecuestros para decir que lo habían secuestrado uniformados de la Federal y le habían exigido un pago por su libertad. Y pasó a relatar cómo ocurrió. Dijo que es peruano y trabaja con un auto para una remisería. Que el día anterior a las 10 de la mañana, cuando subió a su Renault Mégane para dirigirse a la remisería donde trabajaba, fue interceptado por tres patrulleros de los que aseguró que descendieron ocho personas. Le pidieron que presentara los documentos del auto y su licencia. Dijo que todos sus papeles estaban en orden y que pese a todo lo trasladaron detenido a la comisaría 34ª, en Quilmes y Ferreyra, de Pompeya, a la que pertenece uno de los prófugos, el suboficial mayor Juan Manuel Ferragud Marcucci. Desde allí se comunicó con su madre, Zoila Carmen Castillo López, quien inmediatamente se dirigió a la 34ª. Cuando llegó, según el denunciante, a la mujer le hicieron una exigencia suavizada por una recomendación. La primera consistió en un pedido de “veinte mil pesos”. La segunda, en que si no pagaba les iban a plantar droga y los iban a “llevar presos a los dos”.

Así las cosas, Zoila Castillo salió a reunir el dinero, pero llegó a la cifra de 7 mil. Acordaron entonces efectuar el pago y lo hicieron en una pequeña plazoleta, Homero Manzi, en Del Barco Centenera y avenida Riestra, cercana a la comisaría 34ª. Claro que para que la otra parte, esto es, los uniformados, cumplieran con lo prometido, al menos la mujer tendría que asumir el pago de otros tres mil apenas su hijo pisara la vereda en libertad. De lo contrario, se sabía, colgaba la espada del Damocles drogón sobre sus cabezas. Para evitar lo que legítimamente sentía como amenazas, el remisero Lázaro apenas liberado, al mediodía, reunió otros tres mil y los desembolsó según las indicaciones.

Al día siguiente, el 18 de agosto, sin embargo, Lázaro Castillo decidió dar vuelta los vectores de la historia y se presentó a hacer la denuncia en la División Antisecuestros de la Federal. El caso no trascendió a los medios, lo que permitió seguir la pista y reunir pruebas. Entre ellas, Oyarbide ordenó realizar escuchas y seguimientos.

Entre las comunicaciones, surgía también un cabo retirado de la Federal, Carlos Daniel Maidana. Según los investigadores, en las escuchas, el cabo retirado pedía a los otros que le liberaran zona para algún golpe, pero también se pudo escuchar en algunas otras comunicaciones que le preguntaban al cabo “¿tenés algún laburo?”.

También surgieron datos de que los mismos habían cometido al menos un robo en un supermercado de la zona, siguiendo el sistema de los boqueteros, y se investigaba entre los uniformados del lado de los buenos, que el grupo podría haber cometido más robos a comercios, aunque no estaba probado. Pero además de confirmar en los hechos el sistema de las zonas liberadas, el caso revela que cada uno de los sospechados pertenece a una comisaría diferente. Comello Potes a la 23ª, de Gurruchaga y Santa Fe, en Palermo; Aragón, a la 28ª, de Vélez Sarsfield al 100, en Parque Patricios; Ferragud Marcucci, se dijo, a la 34ª, en Pompeya; y Maidana retirado.

Ayer, los dos detenidos fueron trasladados ante Oyarbide y Evers para ser indagados. Ambos prefirieron como argumentación pasar por bobos antes que por delincuentes. Aseguraron que eran “los perejiles del caso” y que habían sido “engañados por Maidana”. Dijeron que Maidana les pidió como favor que interceptaran el vehículo de Lázaro porque se trataba de un procedimiento antidrogas. Y que cuando lo detuvieron Maidana se hizo cargo. Pero si Maidana es retirado, la pregunta es por qué hacerle “un favor”. Respuesta: por bobos (o Pérez giles). Está por verse si esa hipótesis cuaja. De todos modos, Castillo habló de ocho. La Federal rápidamente salió a advertir que institucionalmente había reunido pruebas y detenido y que “individuos así serán repudiados”.

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