Vie 26.11.2010

SOCIEDAD  › LA JUSTICIA DISPUSO LA LIBERTAD DE LOS ABORIGENES DETENIDOS EN FORMOSA

“Nosotros vamos a seguir peleando”

Madres de Plaza de Mayo y Amnistía Internacional repudiaron el desalojo y la represión a la comunidad Qom, que reclama tierras ancestrales en Formosa. Todavía no hay imputados por las muertes de un aborigen y un policía.

Miembros de la comunidad Qom, en la despedida de su compañero Roberto López.
Imagen: Télam.

Los miembros de la comunidad Qom (toba) detenidos el martes en Formosa luego del violento desalojo en el poblado La Primavera fueron liberados en la mañana de ayer. El juez que interviene en la causa informó que todavía no tiene imputados por las muertes de Roberto López, de la comunidad aborigen, y del policía Eber Falcón (se confirmó que eran dos y no tres los fallecidos). Desde la colectividad Qom, que reclama por las tierras de las que fueron desalojados, advirtieron que continuarán con su plan de lucha. Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Madres de Plaza de Mayo repudiaron la represión del gobierno de Formosa sobre los pueblos originarios.

“Nosotros vamos a seguir peleando para que nos devuelvan estas tierras.” De ese modo, Amanda Asijak, referente de la comunidad Qom, planteó la postura de quienes mantenían desde hace cuatro meses una protesta sobre la ruta nacional 86 en reclamo de la tenencia de “tierras ancestrales” en La Primavera, en el norte formoseño.

Asijak fue una de las 25 personas detenidas que, por orden del juez Gabriel Garzón, fueron liberadas en la mañana de ayer. En diálogo con Página/12, la mujer denunció que tras el desalojo la policía les quemó “los colchones, las casas, las bicicletas de los chicos y documentos”. “Nos quemaron todo”, dijo indignada.

Garzón, que tiene a cargo la causa por lo acontecido durante el de-salojo, sostuvo que dio la orden de liberar a los detenidos “porque hay en trámite una causa por doble homicidio y todavía no hay imputados”. “Las personas estaban detenidas por atentado a la autoridad y por causar lesiones”, especificó.

Garzón contó a este diario que la versión que maneja es que al momento del desalojo, “el juez actuante –Raúl Mauriño– y la policía fueron atacados por la gente de la colonia La Primavera. Se arrojaron al piso y ahí fallecieron las dos personas. Luego la policía actuó de oficio y detuvo a los aborígenes.”

Desde la representación argentina de Amnistía Internacional (AI) se mostraron “preocupados” por la vida de los indígenas que continúan en la zona de conflicto, ya que temen por el futuro accionar del Estado provincial. Gabriela Boada, directora ejecutiva de la organización, manifestó que “es sorprendente cómo el Estado desaloja e inculpa a la comunidad por haber creado hechos de violencia”. “Nos preocupa que la ley 26.160 de emergencia territorial, por la cual se deben entregar los títulos de tierras a los pueblos originarios, no sólo no se cumple sino que se realizan de-salojos forzados”, sostuvo Boada.

La representante de AI, que estuvo hace poco más de un mes en La Primavera, expresó que teme por la situación de la comunidad y sobre todo por la de Félix Díaz, referente Qom y miembro del Inadi. “Corre riesgo la vida de Félix Díaz”, remarcó. “Es preocupante porque los hechos policiales fueron justificados por las autoridades provinciales”, alertó Boada.

“Luego de los hechos de violencia fueron detenidas las personas de la comunidad, pero no se detuvo a ningún policía ni a nadie de la familia Celia –que reclamaba por el terreno que ocupaban los originarios–”, denunció la directora de AI. Y agregó que “no hay información clara sobre la orden de desalojo”.

Madres de Plaza de Mayo denunció a través de un comunicado al gobernador Gildo Insfrán por ser “responsable de los asesinatos y del brutal desalojo”. “No es la primera vez que ante el reclamo de los pueblos originarios la respuesta del gobernador es el envío de la policía provincial con la orden de reprimirlos”, repudiaron.

Los indígenas mantenían desde hace cuatro meses un corte de ruta como medida de protesta por la falta de entrega de títulos de propiedad de 600 hectáreas que una familia criolla, de apellido Celia, reclama como suyas. El juez Raúl Mauriño hizo lugar al pedido de desalojo de Ariel Celia, situación que derivó en el violento desalojo del martes. En parte de ese territorio, que sería cedido por Celia, el gobierno formoseño planea construir una universidad agropecuaria.

Como secuela del enfrentamiento continúan internados los tobas Samuel Garcete y Sixto Gómez (a quien el miércoles se había dado por fallecido), y el oficial Leonardo Bence, quien sufrió un puntazo que le atravesó el tórax.

En el día de ayer organizaciones políticas y sociales marcharon hacia la Casa de Formosa en Buenos Aires para repudiar la represión en La Primavera y hoy habrá una nueva movilización desde Callao y Corrientes hasta el Congreso en la que se denunciará a “los organismos oficiales por permitir que estos sucesos acontecieran”.

Informe: Leonardo Rossi.

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