Unas cincuenta familias de la localidad de Monte Grande, en el sur del Gran Buenos Aires, podrían perder los departamentos donde viven –que compraron hace casi un década–, porque el suelo donde fueron edificados está endeudado. Hoy se llevará a cabo el remate del edificio. La mayoría de los vecinos se enteró de la deuda cuando la empresa constructora del inmueble se presentó en quiebra. Los vecinos protestaron la semana pasada en la puerta del edificio, ubicado en la calle Rojas al 100, a tres cuadras de la estación, para impedir la visita de potenciales compradores: exigen que no se proceda a la subasta del inmueble y poder lograr un convenio con el dueño de la hipoteca y principal acreedor, para volver a comprar sus viviendas y no quedarse en la calle.

Los vecinos compraron los departamentos en construcción a fines de los ‘90, unos con el sueño de la casa propia, otros como inversión, edificados por ROW Construcciones. Durante la obra, la empresa sacó un crédito hipotecario de la Banca Nazionale del Lavoro, para sostener el emprendimiento. En algunos casos, los compradores conocían que existía esa deuda del inmueble, pero otros lo ignoraban. “Cuando el edificio estaba a seis meses de terminar nos enteramos de que había una hipoteca y que no la habían estado pagando”, relató uno de los propietarios.

La empresa se declaró en quiebra tres años después, antes de poder finalizar la obra. Entonces, las familias tuvieron que hacerse cargo de lo que faltaba: “La constructora quebró y faltaba un 40 por ciento para terminar. Nos juntamos para hacer las obras que faltaban porque tuvimos que terminarlo nosotros”, contó uno de los propietarios.

En 2008, el banco HSBC –continuador del banco que dio el préstamo– le vendió a un acreedor el préstamo y la hipoteca sobre la propiedad. A pesar de instancias de negociación con los vecinos estafados para que puedan quedarse con los departamentos, previo pago del crédito, se decretó la subasta del edificio, que se llevará a cabo hoy.

“Todos estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con el acreedor hipotecario para saldar la deuda y poder quedarnos en nuestros departamentos”, dicen los vecinos. Es que el acreedor les propuso un convenio para volver a pagar sus departamentos, a razón de unos 800 dólares el metro cuadrado, denunciaron los vecinos. Y además, contaron que el acreedor se reserva “muchos derechos, como el de administrar el consorcio y hacer otros reclamos”.

El acreedor hipotecario, Oscar Lombo, remarcó su intención de llegar a “un acuerdo en reiteradas oportunidades” con los propietarios. Según contó, “hay muy pocas familias, y la mayoría alquila”. “Siempre tuve la intención de llegar a un acuerdo”, insistió. En ese sentido, aseguró que llegó a un arreglo con un grupo, que está dispuesto a hablar con otras familias, aunque remarcó que “la mayoría son inversores”.

Las vías legales del reclamo vecinal se agotaron. “Perdimos legalmente las instancias de reclamo”, dijo un vecino. Mariano Liñan, abogado de una docena de familias, pidió “que se suspenda el remate en virtud de que no cumplieron con varios recaudos que impone la ley para el dictado de la subasta y fijación de fecha”. Y adelantó que, de no aceptarse la medida, los vecinos se sentarían a “renegociar la deuda”. Liñan precisó que la mayoría de los propietarios son familias y que alrededor de quince “no sabían que existía la hipoteca”. “El 50 por ciento vive ahí. Hay que entender que van a volver a pagar las tres cuartas partes de sus departamentos”, remarcó el abogado.

Las familias rechazan la posibilidad del remate de sus departamentos. Por ese motivo, durante la protesta del jueves y viernes pasado “se impidió que entren los oficiales de Justicia en el edificio y que los interesados puedan verlo”, precisaron. Este jueves se hará el remate. “Nadie se va a ir, nadie va a abandonar lo que consiguió con tanto esfuerzo. Queremos llegar a un acuerdo lógico.”

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.