“Hay por lo menos una organización criminal dedicada a reclutar personas con destino a trabajo esclavo, no sólo para Nidera, sino para otros establecimientos rurales”, sostuvo el fiscal cuya investigación permitió liberar a 120 personas que habrían estado reducidas a servidumbre en un campo de aquella firma. Las organizaciones operarían en las provincias de Santiago del Estero y de Tucumán y estarían en contacto con empresarios rurales de, por lo menos, las provincias de Buenos Aires y Mendoza. El ministro de Trabajo bonaerense admitió que “periódicamente detectamos casos como éste”. La titular de la Oficina de Trata del Ministerio de Justicia explicó que “reclutan gente que no tiene para darles de comer a sus hijos” y, en cuanto al caso Nidera, contó que “lo que encontramos en ese establecimiento fue peor que lo imaginable”. Las víctimas ya regresaron a Santiago del Estero y es el turno de que las autoridades de esa provincia les provean de asistencia económica y social. En tanto, la empresa Nidera negó a través de un comunicado que hubiera contratado trabajadores en negro y dijo que puso la documentación a disposición de las autoridades.

El fiscal Rubén Darío Giagnorio –a cargo de la UFI 6 de San Nicolás– confirmó que “las 120 personas, que vivían en condiciones infrahumanas en el establecimiento rural de la firma Nidera, ya regresaron a sus domicilios en Santiago del Estero: ahora empieza la segunda etapa, donde las autoridades de esa provincia deben hacerse cargo de la asistencia social de estas personas”. A partir de la investigación del fiscal, el 30 de diciembre –tal como dio a conocer Página/12 el domingo pasado– el Ministerio de Trabajo bonaerense concretó un procedimiento en un predio de Nidera, próximo a San Pedro; allí, además, se detectaron alimentos procedentes de los planes sociales de la provincia, que habrían sido indebidamente comercializados.

“Hasta el momento, los responsables son dos ingenieros que trabajan para esa empresa” (Nicolás Martínez Allende y Diego Carballo, a cargo del predio de San Pedro y de la supervisión del trabajo). Ambos fueron indagados y luego excarcelados. “La investigación continúa”, advirtió el fiscal Giagnorio, y contó que, “según el testimonio de los trabajadores, habían sido contactados por Nidera a través de contratistas”. El fiscal estimó que “en Santiago del Estero hay todo un sistema de reclutamiento, lo cual permite hablar de una organización criminal”.

“Se trata de organizaciones dedicadas a reclutar y reducir a servidumbre para distintas empresas”, señaló el fiscal, e insistió en que “en la zona agrícola de San Pedro hay quizá mil personas en esa misma situación”. Giagnorio anticipó para esta semana “nuevas medidas probatorias”, que podrían efectuarse en Santiago del Estero.

Oscar Cuartango, ministro de Trabajo bonaerense, subrayó “el expreso reconocimiento de que nuestra participación en el operativo fue a partir de la investigación efectuada por el fiscal Giagnorio”. Por lo demás, “periódicamente detectamos casos como éste. Nuestra provincia tiene extensiones inmensas donde estos hechos pueden pasar desapercibidos. Sí hemos alcanzado un nivel satisfactorio de control en la cosecha de cebolla, que se efectúa en febrero: se concentra en una zona no muy extensa, la de Villarino, en el sur de la provincia, y hubo gran colaboración de las cámaras empresarias y las autoridades municipales”.

–¿Quiere decir que en otras zonas de la provincia no se logra esa colaboración? –preguntó Página/12.

–No quise decir eso, sino que en este caso hubo una colaboración muy fuerte –contestó Cuartango.

Zaida Gatti –titular de la Oficina de Rescate a Damnificados por la Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación– comentó que “aunque los lugares donde encontramos a las víctimas de trata nunca son agradables, lo que encontramos en el establecimiento de Nidera fue peor que lo imaginable”.

La funcionaria recordó “casos similares, como el de Baradero, el año pasado: las personas habían sido llevadas desde Santiago del Estero para la cosecha de papas. Son organizaciones que traen a la gente en grupos grandes, cuadrillas. También pueden venir de Tucumán o de Bolivia”.

El primer contacto lo hace alguien de su misma localidad.Ya en el lugar de trabajo, una herramienta disciplinaria es “el puntaje a la cuadrilla”: para cobrar según convenio el grupo debe obtener diez puntos, el máximo, y para esto hay que trabajar hasta 14 horas, no tomarse días de descanso o aceptar condiciones de hacinamiento: la “indisciplina” de uno de los miembros hace caer el puntaje de todos.

Angel Strapazzón, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), aseguró que “los contratistas son locales: operan bajo la vista gorda de la Justicia santiagueña, que tampoco actúa contra la trata sexual, y tienen protección política. Reclutan gente para la desflorada del maíz, en la provincia de Buenos Aires, como para la zafra del poroto en Salta. Actúan de acuerdo con grandes empresas, multinacionales como Nidera, pero también nacionales”.

Diego Montón –de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza– agregó que “también en la cosecha de la vid hay muchos trabajadores traídos de Tucumán, Santiago o Bolivia: viven en carpas, sin luz, sin agua. Esto se denunció muchas veces pero, cuando el Ministerio de Trabajo manda la inspección, nunca se detecta nada: como si alguien le avisara al empresario que está por llegar la inspección, de la que suelen estar enterados los representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales” (Uatre, dirigida por Gerónimo “Momo” Venegas).