El ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, admitió que su cartera sólo tiene 210 inspectores laborales y de seguridad e higiene, una cifra que, reconoce, es “a todas luces insuficiente” para controlar situaciones de reducción a la servidumbre como las que se descubrieron esta semana en campos de San Pedro a partir de una intervención judicial. Sólo en tareas de desfloración del maíz, estimó el funcionario, trabajan en la provincia entre 3000 y 5000 campesinos, en su mayoría provenientes de otras provincias. Muchos de ellos lo hacen en condiciones infrahumanas, como los que cumplían tareas en un campo de la empresa Nidera y en otro de la firma SSP SA. De todas formas, el ministro rescató que desde 2003 hay “un cambio de paradigma” en torno de la creación y formalización del trabajo, y adelantó que su cartera planea trabajar en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo de la Nación y de otros gobiernos provinciales para poder ampliar los próximos operativos de inspección.

–¿Es frecuente encontrar situaciones de precariedad laboral de esta magnitud?

–Nosotros periódicamente detectamos casos de presunta reducción a la servidumbre. Son casos en los que hay una precariedad habitacional y laboral tremenda. Lo que sucede es que son muy difíciles de encontrar porque, como sucedió en San Pedro, los campos están alejados de la ruta principal. A eso se suma que la gente no puede salir para denunciar las condiciones en las que está.

–A los casos de San Pedro se llegó por la iniciativa de un fiscal, ¿qué capacidad tiene el ministerio de encontrar estas irregularidades?

–El ministerio hace operativos propios y también actúa cuando se hacen denuncias. Tenemos poder de policía, pero nuestra capacidad de inspección es bastante limitada. Entre inspectores laborales y de seguridad e higiene tendremos alrededor de 210 empleados. Eso a todas luces es insuficiente para una provincia de la extensión de Buenos Aires. Pero hay que resaltar que desde que comenzamos la gestión hasta la fecha duplicamos la cantidad de inspectores. En 2007 había 27 empleados de seguridad e higiene y hoy tenemos 55.

–¿A qué atribuye ese déficit?

–Las dificultades son de tipo presupuestario. No sólo se trata de nombrar inspectores y capacitarlos, sino de lograr tener una logística que incluya empleados administrativos, abogados, apoyatura informática y espacios físicos para desarrollar las tareas. Todo esto requiere de recursos con los cuales no siempre se cuenta.

–¿Sabe cuántos son los trabajadores que ingresan a la provincia para trabajar en la desflora de maíz?

–Son estimaciones hechas a ojo de buen cubero. Suponemos que en la desfloración de maíz trabajan entre tres y cinco mil personas en la provincia. En estos momentos se está haciendo en la zona norte y en un mes se irán para la zona sur, más cerca de Balcarce y Mar del Plata.

–¿Qué se hizo a partir de 2003 para impedir el avance de este modelo de trabajo rural precario?

–Primero hay que decir que esto viene de la desarticulación del aparato estatal de los noventa, en esta y otras áreas, cuando se desmanteló la capacidad de inspección de los gobiernos provinciales. Eso se va recomponiendo. Estamos viviendo un cambio de paradigma respecto al trabajo. Antes del 2003 el empleo sólo servía como una variable de ajuste, de ahí en adelante es la principal herramienta de inclusión social. En ese sentido, se está trabajando tanto para crear trabajo como para regularizar el que ya existe.

–¿Qué acciones concretas realizarán en torno de la explotación de los trabajadores rurales?

–Se van a interprovincializar las tareas debido a que las personas son traídas, por ejemplo, de Santiago del Estero y van parando en distintos lugares. Desde Buenos Aires estamos incrementando el número de inspectores y los estamos descentralizando. El resultado de esto se va a ver en los próximos meses. Espero que sea un accionar más intenso y con mayor presencia. Para eso me llamó el ministro (de Trabajo, Carlos) Tomada, quien se puso a disposición para ampliar la capacidad de inspección.

Entrevista: Leonardo Rossi.