“Me despertaron los gritos. Salí sin zapatos. En un segundo, todos perdimos todo.” Con esas palabras, Carmen describió angustiada el incendio que sufrió el sábado a la madrugada la vivienda de la cooperativa Virgen de la Puerta, en el barrio de Constitución. Desde entonces, las 25 familias que tenían departamentos en ese terreno están durmiendo en colchones y carpas improvisadas en la vereda. A pesar de los pedidos, hasta ayer no habían recibido ayuda del gobierno porteño: no les dieron baños químicos, carpas ni alimentos. Sin embargo, las familias, la mayoría con chicos, recibirían hoy un subsidio habitacional de 700 pesos para paliar su situación por los próximos meses.

“Todos salieron destrozados, al ver lo que habían perdido”, relató Julio, uno de los vecinos, en la puerta de la cooperativa. Las llamas empezaron a la madrugada, cuando todos dormían, al parecer, por un cortocircuito en la instalación de uno de los 19 departamentos ubicados en Mompox al 1600, a la altura de Garay al 1700. Entre el humo y los gritos de alerta por el fuego, las familias salieron sólo con lo puesto. “Sólo quedaron cenizas. Perdimos todo: los documentos, dinero, ropa, electrodomésticos”, contaron. Bajo una sábana como techo, los vecinos resguardaban la ropa y los alimentos donados por el barrio. “Nos prestan sus casas”, contó un grupo de madres, que lleva a los chicos para higienizarse a casas aledañas o a la estación de servicio ubicada a una cuadra. “Nos prometieron baños químicos y no llegó nada”, se quejaban. Pero ayer, desde Desarrollo Social de la Ciudad les ofrecieron un subsidio habitacional de 700 pesos por diez meses. Varias familias contaron que aceptarán el dinero, aunque aclararon que será difícil hallar un techo por ese valor. “En la mayoría de los hoteles no nos reciben con chicos”, se quejó una de las mujeres.

Las viviendas ardieron durante horas y gran parte de la construcción quedó reducida a escombros. “Creemos que hubo un recalentamiento en un departamento del fondo. Varias veces se nos cortó la luz, porque se recalentaban los cables. Pedimos un medidor para cada departamento (tienen uno para todo el terreno), pero Edesur nos puso trabas”, contó Antonio Huaman, presidente de la cooperativa, en diálogo con Página/12.

“No es una casa tomada, algunos somos inmigrantes, pero pagamos impuestos”, aclararon las familias. Los vecinos se instalaron en el baldío en 1995, juntaron fondos y lograron pagar los impuestos del inmueble y los servicios, que están al día y a nombre de la cooperativa, precisaron. En el 2009, pidieron entrar a un programa del IVC para tener un préstamo para construir viviendas, pero desde el organismo, contó Huaman, les dijeron que “el presupuesto se había agotado”. Desde entonces, esperan una respuesta. “Queremos que nos ayuden para que se acelere el préstamo y poder construir nuestras viviendas”, subrayó Huaman.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.