Por Horacio Cecchi y Raúl Kollmann

Pese al extenso tiempo que tuvo para bordar moños a los más diminutos detalles, la estrategia defensista de Carlos Carrascosa sufrió un severo traspié. Ayer, la Sala III de la Cámara de Apelaciones de San Martín confirmó la resolución del juez de Garantías de San Isidro, Diego Barroetaveña, rechazando el pedido del marido de María Marta para instalarse en el caso como damnificado en el crimen de su esposa. Y no lo aceptó como víctima porque los jueces lo consideran sospechoso, al menos de encubrimiento agravado. Lograrlo le hubiera dado acceso directo al expediente y a todos los objetivos de la investigación. El rechazo de los camaristas representa un duro traspié a la estrategia defensista, que desde hace unos días había cambiado su aliento con loas al fiscal por una furibunda contraofensiva: el viernes pidieron que se apartara del caso y ya anunciaron que reclamarán la nulidad de todo lo actuado para anular el sayo de encubridor que pesa sobre el sospechado viudo de María Marta.
El golpe fue duro si se tienen en cuenta las declaraciones de los abogados José Scelzi y Marcelo Nardi, defensores de buena parte de los imputados por encubrimiento de homicidio. Ya desde el viernes pasado, la estrategia defensista había cambiado de actitud, para pasar de las retóricas loas al fiscal a una tremenda ofensiva contra su cabeza (al menos como cabeza de la investigación). Ese día, Nardi pidió que Molina Pico fuera apartado en la causa por encubrimiento.
El martes, elevaron los decibeles instalando la idea de que solicitarán la nulidad absoluta de todo lo actuado por los encubrimientos, citando para ello artículos constitucionales y graves vicios en la actuación fiscal. Con el pedido de recusación la defensa logró frenar la causa, ya que ahora debe definirse la situación del fiscal cuestionado. Con el anunciado pedido de nulidades, lo que intentan es deshacer todo lo actuado, o sea, las imputaciones por encubrimiento. De lograrlo, habrán sorteado una de las vallas que impiden procesalmente a Carrascosa para intervenir como querellante.
El 14 de noviembre, Carrascosa pidió ser tomado como particular damnificado, es decir, como representante más directo de la víctima. Habían pasado 18 días de la muerte de su esposa. Si es curioso su tardío interés por encontrar explicación a tan extraña muerte, más curioso es que el pedido haya sido cursado el mismo día, pero horas después, a que Molina Pico solicitara la autopsia del cuerpo de María Marta. A esa altura el fiscal ya tenía la convicción (también tardía) de que se trataba de un crimen y no de un accidente.
En esa oportunidad, el juez Diego Barroetaveña concedió la autorización de autopsia (que luego confirmó el homicidio) pero rechazó el pedido de Carrascosa. La figura del particular damnificado es peculiar porque se le reconoce legalmente el derecho a instalarse como una suerte de investigador particular junto al fiscal del caso. Y estar al tanto de cada paso dispuesto y por disponer en la investigación. A Carrascosa le interesaba particularmente este último punto: el 3 de diciembre pasado, un día después de que se realizara la autopsia, presentó un nuevo escrito con carácter de urgente, en el que mostraba tanto interés por conocer los resultados de la autopsia como en que le dieran “además, autorización a los fines de obtener fotocopias del sumario y de sus anexos”.
Barroetaveña le negó el derecho de incorporarse al caso como víctima porque consideró que existían suficientes pruebas para tenerlo como sospechoso del encubrimiento. Fuentes judiciales confiaron a Página/12 que además existían muchos elementos para considerarlo como partícipe del homicidio. Nardi aseguró ayer que “en realidad, en aquel momento, el rechazo tuvo un motivo de prudencia procesal ya que cabía establecer primero las responsabilidades de todos los que estaban cercanos a la víctima”. El rechazo de Barroetaveña motivó la apelación. La feria judicial de enero trasladó el pedido a la Sala III de la Cámara de Apelaciones de San Martín (reemplazante de la de San Isidro). Ayer, los jueces Héctor Aldo Cionco, Felipe Salvador Schiavello y Enrique Carlos Boitano, resolvieron la cuestión confirmando el fallo de Barroetaveña y rechazando el pedido de Carrascosa. También ayer, Nardi intentó bajar el impacto: “El fallo –dijo a Página/12– lleva a una serie de especulaciones erróneas. Fue una decisión casi procesal de la Cámara, casi automática”.
Automática o no, ahora deberán apelar a la Cámara de Casación si es que la defensa pretende insistir en que Carrascosa sea aceptado como víctima y no como sospechoso. Y, como ya han planteado los defensores, están dispuestos a llegar hasta la Suprema Corte bonaerense.
Entretanto, fuentes judiciales aseguraron a este diario que el pedido de recusación de Molina Pico será tratado a partir de la semana próxima por la Cámara de San Isidro, ya concluida la feria. Lo mismo aseguran que ocurrirá con las apelaciones del fiscal a las eximiciones de prisión.