El oficial subinspector Ezequiel Vega, quien se desempeñaba en la comisaría segunda de San Martín, con sede en Villa Ballester, fue detenido anoche acusado de ser el autor material del doble homicidio cometido en José León Suárez, cuyas víctimas fueron Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Arce Ramos, de 17. El mismo Vega está también imputado por el delito de “lesiones graves” en perjuicio de Joaquín Romero, de 19, quien se encuentra todavía internado en el Hospital Thompson de San Martín, en estado delicado, aunque se presume que está fuera de peligro. El oficial Vega fue el primer agente de la Bonaerense desplazado de la fuerza, luego de que le confesara a un superior que en la tarde del jueves 3 de este mes había disparado con “postas de guerra” (de plomo) durante los sucesos que siguieron al descarrilamiento de un tren de carga que llevaba autopartes en el cruce de las vías del ex Ferrocarril Mitre con el canal José León Suárez, en el barrio De la Cárcova.

La información, dada a conocer a Página/12 por fuentes allegadas a la investigación, a cargo de los fiscales de San Martín Marcelo Sendot, Raúl Sorracco y Ana María Armetta, se conoció anoche, pasadas las 22. Durante el día de ayer habían declarado en la fiscalía cinco policías, citados como testigos porque se tenía la certeza de que ninguno de ellos había disparado con balas de plomo durante los incidentes. Horas después de ocurridos los hechos, el jueves, la fiscalía ordenó el secuestro de 45 armas, cortas y largas, a la vez que identificó, uno por uno, a los efectivos que manipularon cada una de las mismas.

De acuerdo con la información suministrada por los testigos policiales, “la única escopeta 12.70 que tenía postas de plomo era la que tuvo en sus manos” el oficial subinspector Vega, confirmaron a este diario las fuentes consultadas. “Los policías que declararon en ningún momento asumieron una actitud corporativa y fueron muy explícitos al relatar cómo ocurrieron los hechos” que terminaron con la muerte de dos chicos y le provocaron heridas graves al joven Joaquín Romero. Este había declarado ante los fiscales, en el hospital donde sigue internado, y había señalado a “los policías” como los autores de los disparos que le hicieron por la espalda, aunque por la posición en la que estaba no había podido identificar a nadie.

En la investigación se pudo establecer que con el arma en poder del oficial subinspector Vega se hicieron dos disparos. La aclaración necesaria es que las escopetas 12.70, de uso habitual en la Policía Bonaerense, disparan cartuchos que tienen 12 perdigones cada uno. Una fuente le había dicho a Página/12, en los primeros momentos de la investigación, que cada uno de esos proyectiles “pueden producir heridas muy similares, por su gravedad, a las que produce una bala de 9 milímetros”, la pistola reglamentaria que usa la Bonaerense.

Uno de los chicos fallecidos tenía ocho impactos de bala, mientras que el segundo había recibido uno solo, apenas debajo del hombro izquierdo, prácticamente sobre el corazón. Romero, mientras tanto, tiene tres heridas que le afectaron los pulmones y otros órganos vitales. Luego de una operación de urgencia fue internado en el Hospital Thompson, donde se está recuperando en forma lenta. En total, fueron 24 los perdigones que cayeron sobre la gente, que estaba sobre la calle Echagüe. En el lugar donde cayeron los dos chicos fallecidos, el miércoles se inauguró un monolito que los recuerda.

Los cinco policías que declararon ante la fiscalía fueron “muy precisos a la hora de relatar lo sucedido”. Algunos de ellos señalaron, incluso, que los policías, que disparaban desde las vías del ferrocarril, a unos 30 metros de la escena del crimen, “no estaban expuestos a ninguna agresión, dado que podían ocultarse detrás de los containers que llevaban los 32 vagones” del tren de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA). Los vagones que descarrilaron fueron siete. De acuerdo con la versión de la empresa, de la policía y del ministro de Seguridad y Justicia provincial, Ricardo Casal, el descarrilamiento fue “intencional”, dato que no ha sido confirmado en ningún momento, hasta ahora, por la Justicia.

La policía justificó la represión argumentando –con el aval del ministro Casal– que los agentes “repelieron la agresión a tiros” de una supuesta “banda organizada que hizo descarrilar el tren en forma intencional con fines de robo”. El relato de los cinco policías que se presentaron ayer ante los fiscales parece afirmar que la supuesta agresión “a balazos” que habrían recibido no ponía en peligro sus vidas, ocultos detrás de los containers. “No hay ningún policía herido. Los únicos que murieron son los nuestros”, recordó ayer Juan Ramos, abuelo de una de las víctimas fatales.