Luego de un extenso proceso judicial, que duró casi un año, la gobernadora fueguina, Fabiana Ríos, fue sobreseída en una causa iniciada a partir de su decisión de permitir que Alex Freyre y José María Di Bello se convirtieran en el primer matrimonio igualitario de Latinoamérica, un año antes de que se aprobara la ley. Se la acusaba de abuso de poder, entre otros delitos.

“Evidentemente la jueza (María Cristina Barrionuevo) entendió las razones que motivaron mi decisión, que fue conforme a derecho”, dijo ayer Ríos, al referirse al decreto que firmó para que el Registro Civil accediera a casar a la pareja. Las otras dos funcionarias imputadas –la secretaria de Legal y Técnica, Eleonora De Maio, y la directora del Registro Civil, Betiana Covas– también fueron sobreseídas.

Aquel histórico matrimonio fue celebrado en Ushuaia el 28 de diciembre de 2009. Según le recordó a este diario Alex Freyre, la pareja viajó rodeada de abogados y abogadas del Instituto contra la Discriminación (Inadi). Al llegar, se mantuvieron encerrados varios días en el hotel, para evitar repercusiones mediáticas, mientras resolvían la estrategia para la boda, sin que una apelación lograra frenarla.

“Primero pedimos turno para casarnos en el Registro Civil y lo negaron. Con un escribano hicimos el acta en el momento y a ese papel, más el fallo de Grabiela Seijas, que nos permitía casarnos en Capital Federal aunque no se pudo después, le adjuntamos un pedido de recurso jerárquico a la gobernadora. Algo así como si un mozo te tratara mal en la mesa y pedís hablar con el gerente del restorán para quejarte”, dijo Freyre.

La gobernadora pidió a su secretaria de Legal y Técnica, Eleona De Maio (actual secretaria de Gobierno), que confeccionara un dictamen para analizar el pedido. El dictamen fue positivo y Ríos, quien ya se había mostrado a favor de cambiar las leyes para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, firmó un decreto para que Freyre y Di Bello pudieran casarse. Una semana después, un grupo de abogados ultracatólicos locales, entre otros Jano de la Riva y Demetrio Martinelli, demandaron a Ríos, De Maio y a Covas por permitir el casamiento.

Se las acusaba, entre otros delitos, de “abuso de poder”, “incumplimiento de deberes de funcionario público”, “delitos contra el estado civil”, “matrimonio ilegal”, “falsedad ideológica de instrumento público”, “malversación de caudales públicos” y hasta de “asociación ilícita”. A estas denuncias se sumó la de la fiscal Karina Echazú, que actuó de oficio. La Justicia fueguina avanzó con el caso. En diciembre pasado, llamó a declarar a Ríos, quien se despachó así sobre su decreto: “No haberlo hecho hubiese sido un acto de cobardía o de arbitrariedad. Yo no soy cobarde ni arbitraria, soy humana y cometo un montón de errores”.

Además, la Justicia pidió al Ejecutivo toda la documentación vinculada al caso. Sobre todo el dictamen de De Maio, porque se sospechaba que fue “obligada” a argumentar de manera favorable a la pareja por pedido de Ríos. Esto último se descarta en el fallo del Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación del Distrito Judicial Sur: “El dictamen es claro y se evidencia que (De Maio) no tuvo que forzar su voluntad para poder adaptar sus conocimientos a la posición ideológica de la gobernadora. El dictamen está suficientemente claro y fundado, se puede estar de acuerdo o no, pero eso es una cuestión opinable”.

Según De Maio, su dictamen planteaba cuestiones del derecho, “no era una improvisación”. El fallo, que puede ser apelado ante la Cámara Penal en Río Grande, fue festejado ayer por Ríos, quien recordó: “Yo actué en función de una sentencia judicial, firme, de inconstitucionalidad, cuyos titulares de derecho habían sido sometidos a un acto arbitrario al impedírseles realizar el fallo en la jurisdicción de origen (la ciudad de Buenos Aires)”.

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