El jury al que se enfrentará el juez de Garantías 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, en caso de que prosperen las acusaciones en su contra, es una radiografía transparente del sistema de presiones a los que se enfrentan los jueces cuando pretenden cumplir con lo que las leyes los obligan. Hoy, el magistrado presentará su descargo ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense. Las acusaciones sobre Sal Lari se cargan sobre seis casos, y de la media docena de acusadores particulares que presentaron los casos, sólo se mantuvieron dos, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y Carla Regis, viuda del ingeniero Carlos Regis, baleado durante un asalto. La procuradora general de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, desistió de formalizar acusación y pidió el archivado de la causa, pero la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento, sorprendentemente y retrocediendo sobre sus propios pasos, hizo propias las acusaciones que había desestimado en otros casos semejantes. Puntualmente, las causas en las que se lo imputa son seis, pero, según sostienen el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación Pensamiento Penal, en ninguna se le atribuyen cuestiones de mal desempeño como funcionario. En cambio, surge claramente que se lo acusa de intentar hacer efectivo el nombre que lleva el cargo: lo acusan de garantista y es juez de Garantías.

Las acusaciones se refieren a la no aplicación de la prisión preventiva, a la negativa al pedido fiscal de un allanamiento en el que el fiscal no reunió las condiciones que exige la ley para realizarlo, en la no liberación de un detenido al que en realidad el juez ordenó liberar y en la no detención de un hombre acusado de violar a su hija, que en definitiva fue sobreseído y la denunciante, la madre de la chica, fue procesada por montar una falsedad para quedarse con la criatura.

Dos casos son los que quedaron montados en la prensa y sobre ellos, obviamente, es en los que la acusación ejerce presión. El de Regis, presentado por Carla Regis y Po-sse, y el conocido como Miño, en el que se imputó a un hombre la violación de su hija y que fue tomado por la Comisión Bicameral como estandarte.

La Bicameral, presidida por el legislador Gabriel Villegas, los diputados Juan Garivoto, Eduardo Gatica, Graciela Rego, del FpV, Liliana Piani (CC), Juan Cavallari (UCR) y Horacio De Simone (Concertación) y los senadores Cristina Fioramont, Edda Acuña, Patricio García y Raúl Torres (FpV) y Andrés Antedoménico (GEN), sostiene que Miño había sido excarcelado por Sal Lari y no había excluido a la niña del hogar, dejándola a merced de un “violador”. Sal Lari sostiene en su argumentación que no sólo que a él no le corresponde como juez penal ordenar la exclusión del hogar, sino que es un atributo de la Justicia de familia, sino que además la niña ya había sido protegida por la jueza de familia correspondiente. Pero mucho más sorprendente fue la mención de “excarcelar a un violador” que la Bicameral sostuvo cuando presentó su escrito, en febrero pasado. En realidad, el padre fue llevado a juicio, ante el Tribunal Oral 7 de San Isidro. Pero, como sostienen en el CELS, las pruebas no sólo no existían, sino que apuntaron contra la madre, quien finalmente fue procesada por falso testimonio. El fiscal desistió de acusar al padre y el tribunal lo sobreseyó. No hubo apelación, por lo que el fallo quedó firme. Sin embargo, los integrantes de la Bicameral meses después del fallo sostuvieron la catalogación de “violador” gratuitamente para argumentar contra Sal Lari.

En el caso Regis, lo acusaron de haber liberado a uno de los asaltantes que terminó baleando al ingeniero en un sonado caso en San Isidro. Sal Lari lo excarceló luego de que el dúo fuera detenido por portación de arma de guerra. La acusación sostiene que Sal Lari lo excarceló pese a que el delincuente había fugado. Pero ni había fugado ni existían argumentos para que Sal Lari lo mantuviera detenido, ya que en el juicio anterior había cumplido en libertad todas las condiciones impuestas por la Justicia.

En otro caso, los acusadores confunden excarcelaciones con arresto domiciliario, que es una prisión morigerada; equivocan las jurisdicciones; las funciones del juez de Garantías y del fiscal . Y lo acusan de no haber liberado a un detenido a quien Sal Lari ordenó liberar y que por motivos del carcelero fue mantenido más tiempo en prisión. Lo curioso es que los fallos decididos por Sal Lari fueron convalidados por camaristas. “¿Por qué no avanzaron sobre ellos también?” Ahora, el Tribunal de Enjuiciamiento, encabezado por la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan, deberá decidir si los jueces de Garantías tienen garantías para mantenerse al margen de la lupa de los políticos.

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