El mismo Gustavo Posse, que inició la acusación contra Sal Lari, supuestamente defendiendo los intereses de la sociedad, como intendente levantó un muro para dividir ricos de pobres, con el argumento de que lo levantaba para evitar los robos. La obra de ingeniería, que cruzó la frontera entre San Isidro y San Fernando, levantó una polémica polvareda y quedó instalada como un modelo de discriminación. Al contrario, el acusado por Posse, Rafael Sal Lari, recibió el apoyo de jueces y organismos especializados en derechos humanos. El CELS, la Asociación Pensamiento Penal, la Comisión Provincial por la Memoria, la Federación Judicial Argentina, la Asociación Judicial Bonaerense, la Red de Jueces Bonaerenses y la Asociación por los Derechos Civiles, entre otros, firmaron notas públicas en apoyo de Sal Lari y cuestionando la acusación como una manera de intromisión y control del funcionamiento de los jueces por parte del poder político.

El CELS se presentó y fue aceptado en la causa como amicus curiae. “Observamos con preocupación que, por un lado, el procedimiento haya avanzado a pesar de que el tenor de las denuncias evidencia que se ha querido cuestionar la aplicación de los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos por parte del magistrado, y no así el desempeño o aptitud del magistrado para ejercer el cargo”, señalan los organismos y advierten sobre las serias irregularidades en el proceso.