Sáb 05.03.2011

SOCIEDAD  › POR LA DROGA EN UN AUTO DE SEDRONAR

Indagatoria a Granero

› Por Emilio Ruchansky

José Ramón Granero (foto) y Fabio Manuel Trossero, titular y jefe de gabinete de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) respectivamente, declararon ayer en el juzgado federal de Quilmes por los siete kilos de cocaína encontrados en una de las camionetas de la secretaría en 2008. Según una fuente judicial, ambos se declararon inocentes y repitieron, puertas adentro, lo que ya habían dicho a los medios: que la camioneta secuestrada en un operativo antidrogas no fue bien revisada por la policía y el cargamento siguió oculto sin que nadie se diera cuenta. “El juez les explicó que hay varias pruebas que demuestran que no se trata de la misma cocaína incautada durante aquel primer procedimiento”, señaló una fuente del juzgado a este diario.

La camioneta en cuestión, una Peugeot Partner, fue cedida a la Sedronar por la delegación de Policía Federal en Santa Fe, luego de un procedimiento ocurrido el 15 de octubre de 2007, en San Lorenzo. Ese día, el vehículo era conducido por el boliviano Nicolás Bustamante Acuña y cuando fue requisado se encontraron 26,4 kilos de cocaína, repartidos en paquetes rectangulares que estaban bajo el enchapado de los asientos delanteros y del trasero izquierdo. Bustamante Acuña admitió su culpa y fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario.

El 30 de octubre de 2008, dos meses después de que lo recibiera la Sedronar, el vehículo fue llevado a una tapicería de Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense, donde uno de los empleados descubrió 13 bultos cilíndricos envueltos y numerados. El primero en aparecer en la tapicería fue Hernán Aboy, chofer de la Sedronar, quien habría llamado al jefe de Automotores de la secretaría, Carlos Oreiro, y a un compañero suyo, Fernando Salcito. Los tres fueron procesados con prisión preventiva “por transporte de estupefacientes agravado”, aunque el mes pasado, según fuentes judiciales, Oreiro recuperó su libertad.

El juez Luis Armella allanó la Sedronar en junio de 2009, en un procedimiento que duró casi 10 horas y habría incluido la oficina de Granero. El titular de esta secretaría y su jefe de Gabinete, Trossero, fueron citados a declarar en septiembre del año pasado, pero interpusieron un recurso de amparo para no hacerlo. Ayer accedieron al pedido del juzgado federal de Quilmes, donde sospechan, por las inscripciones en los paquetes encontrados, que se trataría de “un vuelto” de cocaína secuestrada en otro operativo antidrogas.

Granero está imputado de los delitos de facilitación de lugar y elementos para transporte de estupefacientes, agravado por ser funcionario público encargado de la prevención o persecución del delito previsto en la ley de drogas. En el caso de Trossero la acusación es más fuerte: le imputan el delito de “organización de transporte de estupefacientes”, con el mismo agravante que se adjudica a Granero. Ayer, en el juzgado ubicado en 12 de Octubre y Mosconi, ambos hicieron su descargo y se declararon “inocentes”.

“Ellos insistieron en el supuesto olvido de la policía santafesina, pero se les hizo saber que los testigos del procedimiento en esa provincia aseguraron que ese lugar de la camioneta ya había sido revisado. Además, otro elemento que nos llevó a descartar esa hipótesis es la declaración del perito químico de la Corte Suprema, que aseguró que no se trata de la misma cocaína secuestrada en Santa Fe. Y éstas no son las únicas pruebas que tenemos”, dijo ayer una fuente del juzgado federal de Quilmes.

El otro argumento que Granero utilizó en los medios –que la droga podría haber sido “plantada” para perjudicarlo– no fue mencionado en la declaración indagatoria. El delito que se le imputa a Granero prevé penas de 3 a 12 años y por el monto mínimo no ameritaría la prisión preventiva. Pero a Trossero podría caberle esta medida, ya que se lo acusa por delitos que van de los ocho a los 20 años de prisión. La fiscal federal Silvia Cavallo no exigió que se lo detenga, tampoco lo hizo el juez Armella, quien deberá decidir en no más de 10 días la situación procesal de ambos.

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