Jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco pasaba sus días entre experimentos, clases en la Facultad de Medicina y conferencias entre científicos. Sin mayores sobresaltos. Pero en enero de 2009 decidió investigar el efecto del glifosato, pilar del modelo sojero, en embriones anfibios. En abril de 2009 lanzó el alerta: “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión”. El trabajo fue publicado en Página/12. Sobrevino una campaña de desprestigio mediática, política y científica. Dos años después, ayer a la mañana, mientras desayunaba, se sorprendió: un cable de Wikileaks, también revelado por este diario, daba cuenta de que la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires tomó nota de su trabajo y ejerció lobby para defender el cuestionado herbicida y a la empresa productora, Monsanto. “No esperaba algo así, aunque sabemos que estas corporaciones operan al más alto nivel, junto a ámbitos científicos que les realizan estudios a pedido, medios de comunicación que les lavan la imagen y sectores políticos que miran para otro lado”, sostiene Carrasco y sonríe: “Estaban, y están, preocupados. Saben que no pueden esconder la realidad, los casos de cáncer y malformaciones se reiteran en todas las áreas con uso masivo de agrotóxicos”.

Desde hacía una década se multiplicaban las denuncias de vecinos, organizaciones ambientales, campesinos e indígenas sobre el efecto nocivo de agroquímicos. En enero de 2009, la Justicia de Córdoba prohibió fumigar en campos de soja cercanos al barrio Ituzaingó Anexo. Apuntó al glifosato y al endosulfan, pilares del modelo agropecuario. En marzo de 2009, el juez Tristán Martínez limitó las fumigaciones en el barrio Urquiza de San Jorge (Santa Fe), también apuntaba a fumigaciones sojeras. El 13 de abril de 2009, Andrés Carrasco adelantó los resultados de su estudio.

El mismo día, abogados de la Cámara de Fertilizantes (Casafe) irrumpieron en su laboratorio en la UBA e intimidaron a sus colaboradores. Le siguieron amenazas telefónicas y campañas mediáticas de desprestigio (llegaron a afirmar que su investigación no existía). Aunque Carrasco aclaró que se trataba de un avance de investigación, el principal cuestionamiento fue la falta de publicación en una revista científica, que –según los sostenedores de los agronegocios y buena parte del mundo académico– sería lo que otorga validez al saber científico (en agosto de 2010 la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology publicó la investigación). Tres días después, la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se suspenda la venta y aplicación de glifosato y endosulfan.

Los cables internos de la Embajada de Estados Unidos revelados ayer por Página/12 dan cuenta de que, en ese contexto, diplomáticos estadounidenses entregaron estudios favorables al glifosato al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), dependiente de la entonces Secretaría de Agricultura y uno de los órganos más cuestionados por no difundir cómo, y en base a qué estudios, se aprueban los agroquímicos en Argentina. Los cables también reconocen que el lobby pretendía proteger a la empresa Monsanto, caracterizada por los diplomáticos como “la víctima circunstancial más prominente y más vulnerable a los ataques”.

Carrasco relee la noticia sobre el lobby pro agrotóxico. “Recuerdo cómo algunos periodistas me descalificaron a mí y, lo que más duele, se burlaban de las víctimas de las fumigaciones. Recuerdo a cámaras empresarias y funcionarios de primera línea con el mismo discurso, uniforme, sobre las bondades del glifosato, poco más y era agua mineral. Insisto, por enésima vez, que no descubrí nada nuevo, hay muchos estudios en el mundo y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de un experimento masivo que sucede en la Argentina de hoy.”

“La información de Wikileaks creo que deja al descubierto cómo el poder apaña y fomenta un sistema de silencios cobardes y complicidades interesadas que incluye a empresas, ámbitos de la ciencia y también a políticos. Al quedar claro cómo operan, creo que hoy es imprescindible que el Estado actúe, sobre todo el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud. La Justicia ya dictaminó que estos productos no son seguros ni inocuos (hace referencia a la Justicia de Santa Fe, que hace dos semanas dejó firme un fallo que prohíbe las fumigaciones en la localidad de San Jorge)”, reclama Carrasco.

Wikileaks también reveló que el entonces presidente de Monsanto (Juan Ferreyra) había tenido reuniones con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, para impulsar los transgénicos en la provincia. “Es un elemento más para entender por qué las denuncias por fumigaciones nocivas eran minimizadas por las autoridades provinciales”, explicó la asesora legal de la Red de Salud Popular, Alejandra Gómez, que acompaña a los vecinos de La Leonesa y Las Palmas en sus reclamos por intoxicaciones.

En junio de 2010, un estudio oficial de la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco aportó, por primera vez a nivel nacional, estadísticas sanitarias de zonas con uso intensivo de agroquímicos. Los datos fueron contundentes: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Sucedió en sólo una década y los casos de cáncer están focalizados en la localidad de La Leonesa, epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas.

Gómez enumera en voz alta: “Embajada de Estados Unidos. Monsanto. Chaco”. Y denuncia: “El gobierno provincial cajoneó el informe oficial y la comisión no pude publicar más informes. Otra cosa: el último año se multiplicaron las semillas de algodón transgénico que reparte el Ministerio de Producción, llegaron a 5000 toneladas, y disminuyeron las de algodón convencional, sólo 200 toneladas. Da qué pensar, dicen que no hay casualidades”.