La Justicia ordenó el desalojo de un grupo de 140 familias que, durante el fin de semana, ocupó un complejo habitacional en el barrio de Parque Avellaneda que iba a ser destinado a personas que habitaban en las márgenes del Riachuelo. La medida, dispuesta por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, debe llevarse a cabo hoy por parte de fuerzas de las policías Federal y Metropolitana. El juez impuso además una multa de 500 pesos a la secretaria de Seguridad de la Nación, Graciela Caamaño, por cada día que no se cumpla la medida del desalojo.

Armella actuó tras un pedido realizado por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que requirió la desocupación de los edificios ubicados en las avenidas Castañares y Lafuente, construidos con fondos de la ciudad para las personas que vivían en condiciones de riesgo ambiental, sanitario y social a la vera del Riachuelo.

Armella, en su fallo, expresó que su decisión tiene como objetivo cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que establece un plan de saneamiento del curso de agua contaminado y la reubicación de las personas que viven en asentamientos sobre la orilla del río. Las 204 viviendas construidas en Parque Avellaneda estaban destinadas para albergar, a partir del 1º de julio próximo, a 172 familias que viven en los barrios El Pueblito y Luján, ubicados sobre el camino de sirga.

El predio, consideró el juez Armella, “resulta imprescindible para la concreción del plan de saneamiento”, en “cumplimiento del mandato impuesto por la Corte Suprema”. El magistrado opinó que la ocupación de las viviendas “denota claras desinteligencias entre la Autoridad de Cuenca, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las correspondientes fuerzas de seguridad, las cuales, a esta altura de las circunstancias, ya no pueden ser toleradas”.

Armella consideró que la ocupación de las viviendas fue “ilegal” y se concretó “bajo violencia”. El barrio “se encontraba vallado con un cerco perimetral de dos metros de alto de alambre y pivotes de cemento” y contaba “con custodia privada contratada”, en tanto que los agentes de la Policía Federal cobraban sumas “adicionales por parte de la Ciudad” para reforzar la vigilancia. Voceros del gobierno porteño admitieron que también había personal de la Metropolitana. “Hubo una alarma de toma en un predio vecino, y cuando todos fueron para allá, se produjo la ocupación”, dijo la fuente. La mayoría de los ocupantes, evaluó, provienen de las veredas del club Argentinos Juniors.

El juez dispuso aplicar una multa diaria de 500 pesos “y de manera inmediata, sobre el patrimonio personal” de la secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Cristina Caamaño Iglesias Ruiz, “hasta tanto se dé efectivo, íntegro y adecuado cumplimiento al desalojo”. Armella decidió castigar a la funcionaria porque en un informe mostró su “desconocimiento” de que el predio “resulta de interés” para la ejecución de la sentencia de la Corte. El magistrado se preguntó “cómo puede sostener ese ministerio que desconocía la necesidad de preservar el lugar” cuando “la fuerza de la Policía Federal Argentina se hallaba contratada mediante ‘adicionales’ para la custodia” de las viviendas.

Al respecto, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo que el “método” de tomar edificios “es el mismo del Parque Indoamericano y de la Villa 31”. “Es un método que hay que detener, porque si no el mensaje es que el que usa la violencia y viola la ley tiene premio, y eso no puede ser”, afirmó Macri, quien nada dijo respecto del déficit habitacional en la ciudad, principal causa de la toma de terrenos y viviendas.