Ayer, el Ministerio de Seguridad de la Nación envió un escrito al juez federal de Quilmes, Luis Armella, señalando varios inconvenientes, entre ellos el de determinar quiénes son los adjudicatarios de los 76 departamentos que no pertenecen a las personas que deben ser reubicadas desde las orillas del Riachuelo. “De las noticias e informes que han sido publicados en la prensa escrita surge que en el complejo hay viviendas que habrían sido preadjudicadas a habitantes de otros asentamientos precarios de la ciudad de Buenos Aires”, aclara ese texto. Es que de los 204 departamentos, sólo 128 son para los reubicados del Riachuelo, por cuyo interés actúa Armella.

El escrito fue contestado por el juez, que asegura tener jurisdicción por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a sanear el Riachuelo y a reubicar los asentamientos cercanos. El magistrado insiste en que sus órdenes “deben ser obedecidas y cumplidas de inmediato, sin que quepa interpretación alguna por parte de aquéllos” y pide evitar cualquier “contienda política”. También critica al gobierno nacional, al bonaerense y al de la ciudad por “las intimaciones” anteriores que indicaban que debían proteger el lugar, antes de que fuera usurpado.

“No se les exige la forma en que deben coordinarse (ambas fuerzas, para el desalojo), esto debe surgir de la idoneidad y voluntad con que deben conducirse cada uno de los agentes involucrados”, dice Armella, que promete sanciones diarias a todos los funcionarios de seguir esta confusa situación. Además pide que se “tengan en cuenta la vulnerabilidad social (...) buscando evitar al máximo todo tipo de conflicto” para hacer el desalojo.

El juez pide informes diarios y conjuntos de ambas fuerzas de seguridad y al gobierno porteño le exige que en 24 horas detalle en forma “concisa y acabada” la cantidad exacta de viviendas y módulos habitacionales “con la documentación respaldatoria al efecto y si los ahora ocupantes del complejo habitacional y de las villas de emergencia de la zona habían sido o no incluidos entre los beneficiarios del complejo o, en su caso, si se encuentran incluidos en planes de vivienda alternativos”.