Después de inscribir dos propiedades como fianza para cumplir la morigeración de su prisión como detención domiciliaria, el viudo José Arce abandonó la Unidad 41 de Campana, donde se encontraba detenido desde el 21 de abril de 2009, acusado por el homicidio de su esposa, Rosana Galliano. Las dos propiedades fueron valuadas entre ambas en medio millón de dólares, y era el requisito que faltaba para que se cumpliera la medida ordenada por la jueza Graciela Cione y confirmada por la Cámara de Apelaciones de Zárate-Campana. El argumento solicitado por la defensa es el cuidado de sus dos pequeños hijos. La medida resultó, obviamente, urticante para los familiares de la esposa y víctima. Una de las propiedades es donde vivía la mujer con sus hijos y, según sus familiares, “es un bien de los dos, no sé cómo se la aceptan porque están usando el 50 por ciento de los nenes”. Podría decirse que la detención morigerada de Arce es uno de esos casos excepcionales o raros en los anales de la Justicia bonaerense, que mantiene arrumbadas en las cárceles de la provincia al 86,3 por ciento de las mujeres detenidas, con presunción de inocencia pero sin fondos, y casi un centenar de niños menores de 5 años, detenidos para que sus madres puedan criarlos, como Arce a los suyos pero sin morigerada.

“Soy inocente, al final se va a saber la verdad, confío en la Justicia. Ahora seguiré trabajando como siempre lo hice”, dijo Arce, sin sorpresas, casi como una obviedad, a los periodistas que lo aguardaban del otro lado de la barrera. Se mostró confiado en que “nadie” lo señalaría como ideólogo del crimen y que volverá a vivir con su madre, Elsa Aguilar, y sus dos hijos en su casa Las Dulzuras, Villa Astolfi, Pilar. Aguilar, además de madre de Arce y abuela de sus hijos, es coimputada por el crimen de Galliano. La acusación fiscal la ubica como quien facilitó y entregó el dinero para el asesinato por encargo a uno de los hermanos Leguizamón, Gabriel, sospechado como ejecutor del crimen y sin morigerada. Antes que Arce, su madre coimputada también recibió la extraordinaria detención domiciliaria, por su edad (80 años) y para la crianza de los chicos. Según el pedido de la defensa, ahora Arce salió a ayudarla.

La libertad de Arce despertó la indignación de la familia de Galliano, comprensible pero no necesariamente ajustada a los cánones jurídicos. “Le están dando la excarcelación a un asesino. Estoy preocupado por mis sobrinos. Sale y vuelve a matar –advirtió Oscar Galliano, hermano de la víctima, al Canal C5N–. El le dijo a mi hermana que iba a matar a sus hijos y la iba a matar a ella y de hecho ya lo cumplió, a mi hermana la mató.” Pero también cuestionó que la casaquinta de El Remanso, una de las propiedades usadas para pagar la fianza, fuera aceptada por la Justicia. “Es un bien de los dos, no sé cómo se la aceptan porque están usando el 50 por ciento de los nenes”, comentó.

El crimen de Rosana Galliano fue cometido la noche del 16 de enero de 2008, en su casaquinta de El Remanso, en Exaltación de la Cruz, cuando la víctima cenaba con su hermana Mónica. Rosana recibió a las 22.50 un llamado de Arce a su teléfono celular y, por tener poca señal, se vio obligada a salir de la casa, donde el asesino la ejecutó de cuatro balazos con una pistola.

Desde el inicio de la causa, el entonces fiscal Marcelo Pernici –actual titular de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense– consideró que se trató de un crimen por encargo de Arce, con quien la víctima atravesaba un conflictivo proceso de divorcio. El mecánico Gabriel Leguizamón está acusado de haber disparado desde el exterior y su hermano Pablo es investigado y su situación será definida en el juicio oral, ya que sigue siendo investigado pero tiene falta de mérito, es decir, no encontraron pruebas suficientes para imputarlo.

Entre las pruebas hay una vaina y un proyectil que fueron hallados enterrados en el fondo de la casa del mecánico y que coinciden con los proyectiles disparados a Galliano. Arce fue beneficiado con la excarcelación extraordinaria el 26 de noviembre, cuando tras un pedido de la defensa la jueza Cione consideró que el imputado no iba a fugarse ni entorpecer la investigación. La medida fue apelada por la fiscalía y la querella, y la Cámara confirmó la decisión. Después de que su abogado Roberto Hermo registrara las viviendas, a Arce le levantaron la barrera.

La asimetría de la excepcionalidad judicial bonaerense hizo que el caso de Arce, con prisión morigerada para cuidar a sus hijos y ayudar a su madre coimputada a cuidar a los nietos de ella, curiosamente se cruzara al otro extremo del casi centenar de madres que crían a sus hijos menores de 5 entre rejas pero que no tienen prisión morigerada por imposibilidad de establecer cierta complicidad (o cercanía) de clase con quien decide, y por aquello de la peligrosidad a futuro.

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